El escritor nicaragüense Sergio Ramírez denunció este lunes en Madrid “el exilio forzado” que le impone “una dictadura”, en alusión al gobierno de su país, el del presidente Daniel Ortega. En un acto organizado por el Instituto Cervantes, Ramírez dijo que las muestras de solidaridad que recibió desde que se emitió una orden de detención en su contra le permiten “sobrellevar de mejor manera la peor circunstancia en que alguien, que ya viene de vuelta, puede atravesar, que es la del exilio forzado”.

“Es lo más duro a lo que alguien puede ser sometido, saber que no puede volver a su país, que tiene las puertas cerradas, por la mano de una dictadura enemiga de los libros”, añadió, en presencia de su colega cubano Leonardo Padura, del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, y del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

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La Fiscalía nicaragüense acusó y pidió detener a Ramírez, de 78 años, por actos que “incitan al odio” y por “conspirar” contra la soberanía. Ramírez, que se encontraba fuera del país cuando se emitió la orden, fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que asumió el país tras el triunfo de la revolución sandinista de 1979, y fue vicepresidente de Ortega en su primer mandato (1985-1990).

Sin embargo, dijo este lunes, no se le persigue como líder político, sino por su última novela, que se publica esta semana en España, y “que desnuda los atropellos, las violaciones a los derechos humanos, el asesinato de decenas de jóvenes desarmados en las calles de Managua y otras ciudades del país en el año 2018”. “Y esta es la verdadera razón”, sentenció Ramírez, cuya última obra se presenta en el marco de la Feria del Libro de Madrid.

Antes, el gobierno español rechazó las “infundadas” acusaciones contra el literato, ganador en 2017 del máximo galardón de las letras españolas, el Premio Cervantes. Ramírez “ha demostrado siempre su compromiso en la defensa de la democracia en su país”, afirmaron en un comunicado conjunto el ministerio de Asuntos Exteriores y el de Cultura, recordando “su papel en la lucha contra el régimen de los Somoza” desde el movimiento sandinista, al lado precisamente del actual presidente, Daniel Ortega.

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos, que se encuentra en Madrid con la antigua candidata presidencial Ingrid Betancourt, presentando el libro de ambos “Una conversación pendiente”, tildó de “oprobioso” lo que está haciendo Ortega.

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“Es oprobioso, es la demostración de algo que está sucediendo en América Latina en muchos países, y está in crescendo, que es esa tendencia al autoritarismo y prácticamente hacia la dictadura”, afirmó Santos. “Tongolele no sabe bailar”, la nueva obra del nicaragüense, es una entrega de las peripecias del inspector Dolores Morales, ambientada en las protestas de 2018, duramente reprimidas por el gobierno de Ortega.

Las relaciones entre España y Nicaragua se tensaron a raíz de la campaña de detenciones de opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia en las elecciones generales del 7 de noviembre. El presidente Daniel Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, se postula para un cuarto mandato sucesivo.

La justicia de Nicaragua decidió enjuiciar y mantener en prisión preventiva a tres aspirantes a la presidencia y a otros acusados por menoscabo a la soberanía y “traición a la patria” a 66 días de las elecciones generales, informó la fiscalía. Un tribunal de justicia dispuso en el segundo día de audiencias contra 34 opositores presos, enjuciar a los aspirantes a la presidencia, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, según un comunicado del Ministerio Público (Fiscalía).

La decisión se produjo un día después que fue remitida a juicio la también aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, acusada de lavado de activos y bienes a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). Chamorro, en arresto domiciliario desde el 2 de junio, negó los cargos que le imputa la Fiscalía y atribuyó el caso a un interés del gobierno de inhibirla para competir en las elecciones del 7 de noviembre.

El gobierno del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y en busca de un cuarto mandato, considera que los opositores detenidos buscan derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos. Cruz fue detenido el 5 de junio, mientras que Maradiaga y Chamorro el 8 de del mismo mes, como parte de una ola de arrestos de críticos del gobierno, líderes sociales, empresarios, estudiantes bajo cargos de “menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación e incitar la intervención extranjera”.

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Además de los tres aspirantes presidenciales también serán enjuiciados siete opositores detenidos entre ellos el líder empresarial José Aguerri, los exguerrilleros Hugo Torres Jiménez, Dora Téllez, Víctor Tinoco, además de las dirigentes Suyen Barahona y Violeta Granera.

Todos ellos fueron detenidos entre junio y julio y el tribunal admitió la acusación de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, indicó la fiscalía. La fiscalía agregó a la lista de acusados al politólogo Manuel Orozco Ramírez, un experto en temas de migración y desarrollo con años de residir en Estados Unidos.

Según la revista confidencial que dirige Carlos Fernando Chamorro, la fiscalía acusa a Orozco de estar vinculado al financiamiento de campañas desestabilizadoras contra el gobierno a través de una red de organizaciones políticas y medios de comunicación. Orozco fue declarado “prófugo de la justicia y con orden de detención judicial, quedando pendiente la realización de su audiencia”, según el reporte oficial.

El segundo día de audiencias se realizó en la cárcel de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como el Chipote, sin acceso a medios de prensa ni familiares, señaló el organismo. “Otro día de ilegalidad. Siguen realizándose en el Chipote más audiencias secretas, esto es una violación a las garantías del debido proceso”, denuncio el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

El jurista y defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, en el exilio, explicó que según las leyes las audiencias deben ser de forma oral y pública, “en ningún momento audiencias secretas, militarizadas o en encierro”. Los juicios cuya fecha para comenzar no se han establecido, se anuncian en medio del proceso electoral que tiene como fecha el 7 de noviembre y al que su principal contendor sería el presidente Ortega.

El mandatario de 75 años estuvo en el gobierno entre 1979 y 1990, primero al frente de una Junta de Gobierno y luego como presidente. En 1990 fue derrotado por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y regresó al poder en 2007 y se mantiene hasta la fecha. La detención de opositores, ha provocado el aumento de sanciones y críticas de la comunidad internacional a Ortega quien se niega a liberar a sus rivales, alegando que son “criminales” y que se confabularon para un golpe de Estado, con apoyo de Estados Unidos.

El parlamento nicaragüense ilegalizó a 15 organizaciones no gubernamentales (ONG) que se dedicaban desde hace años a ayudar a comunidades pobres y a promover proyectos sociales o culturales, bajo cargos de actuar “al margen de la ley”, informó una fuente oficial.

Las cancelaciones fueron aprobadas por petición del gobierno con el voto de 70 diputados del izquierdista Frente Sandinista (en el poder), uno en contra y 13 abstenciones por parte de diputados de la derecha, indicó el presidente del Congreso, el oficialista Gustavo Porras, al concluir el debate.

Según el texto aprobado por los legisladores, estas oenegés estaban desarrollando “sus actividades al margen de la ley” con juntas directivas “vencidas” y no presentaron sus informes financieros y convenios firmados con sus donantes. Las acusaron asimismo de incumplir con la ley contra el lavado de dinero que exige a las asociaciones sin fines de lucro “documentar la identidad de los proveedores de fondos” y demostrar el beneficio que han tenido sus proyectos en las comunidades.

Durante el debate, el diputado indígena Brooklin Rivera lamentó que entre las ONG ilegalizadas esté Acción Médica Cristiana, una entidad que, dijo, ha ayudado desde 1990 con asistencia médica y social a comunidades pobres de la etnia misquita y mayagna del Caribe nicaragüense.

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“Ha ayudado mucho a las comunidades en salud, rehabilitación socioeconómica”, en emergencias por desastres naturales, protestó Rivera. En los últimos dos meses el parlamento nicaragüense, en manos del oficialismo, ha eliminado 45 oenegés, entre ellas varias asociaciones médicas que decidieron por iniciativa propia alertar y ayudar a la población a cuidarse de la pandemia del COVID-19, alegando falta de información “transparente” por parte del gobierno.

También fueron canceladas a mediados de agosto seis ONG de Estados Unidos y Europa. El diputado oficialista Filiberto Rodríguez advirtió que las ilegalizaciones continuarán si las ONG no se ponen al día con sus documentos. Entre las entidades canceladas está la Fundación Mejía Godoy, un centro de promoción del arte y la cultura que una familia de músicos y compositores nicaragüenses del mismo nombre creó en 1996.

Uno de sus fundadores es el cantautor y crítico del gobierno Carlos Mejía Godoy, tío del príncipe de la salsa Luis Enrique. También fue anulada la Federación de Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, que promovía la participación ciudadana, entre otras. El gobierno de Daniel Ortega ha criticado a algunas oenegés por participar en actividades políticas.

En 2019, el jefe del Ejército, Julio Avilés, acusó a los organismos no gubernamentales de haber hecho llamados a “leales compañeros (de la institución militar) para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno” de Ortega durante las protestas opositoras de 2018.

Fuente: AFP.