Entre los inciertos 26 días que Rolando Remedios estuvo detenido tras su arresto durante las protestas del 11 de julio, cuya foto se hizo famosa, lo más “traumático” fue la primera madrugada en una de las dos prisiones por las que pasó.

Casi un mes después, y tras ser liberado el viernes, Remedios recuerda cómo la tarde del estallido fue aprehendido frente al Capitolio en el centro de La Habana, donde la gente se había congregado de manera espontánea para protestar.

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Este joven de 25 años, que fue fotografiado por AFP al momento de su arresto y su imagen publicada por medios en todo el mundo, dice que más temprano había visto en redes sociales la primera manifestación de San Antonio de los Baños, luego la de otra provincia, antes de que le cayeran imágenes de cientos de personas en el emblemático Malecón de La Habana.

“Entonces decido a ir hacia el Malecón, para unirme a la protesta”, recuerda. Sin embargo, no alcanzó a llegar. “Fui detenido mientras intentaba ayudar a un manifestante que estaba en el suelo y que había sido golpeado por represores”, dijo Remedios vía telefónica a la AFP, narrando su experiencia durante el estallido simultáneo en unas 40 ciudades de la isla.

Las manifestaciones el 11 y 12 de julio, al grito de “abajo la dictadura”, “tenemos hambre” y “libertad” devinieron en choques de manifestantes con uniformados y agentes de la seguridad del Estado, vestidos de civiles. Una persona murió, decenas resultaron heridos, y cientos fueron detenidos.

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El gobierno cubano, sin negar el descontento social, denunció que el estallido fue viralizado con medios poderosos desde el exterior a través de manipulaciones en redes sociales. El Tribunal Supremo de Cuba informó el jueves que 62 personas han sido juzgadas, 53 de estos casos por “desorden público”.

Las autoridades aún no han informado la cifra total de detenidos relacionados con las manifestaciones. Remedios, estudiante en línea de Ciencias Médicas en University of the People (Universidad del Pueblo, con sede en California), dice que la protesta ciudadana lo tomó por sorpresa.

“Pensé que podía marcar el fin del sistema, aunque yo sabía que ese mismo día no iba a terminar, pero sí que iba a ser un duro golpe” para el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. Decidió salir por “la pésima gestión del gobierno de la crisis sanitaria” del COVID en momentos en que el virus se disparó en la isla. Por los presos políticos y por los que mueren tratando de salir para “huir de esta pesadilla”, que representa la falta de medicamentos y alimentación, señala.

Esa tarde Remedios fue trasladado a una estación de policía en 10 de Octubre, un populoso municipio de la capital donde vive con sus padres. Los interrogatorios empezaron en la madrugada. “Me negué a dar una declaración”, señala. A las 04:00 de la mañana lo condujeron, con cerca de 50 detenidos, a una prisión conocida como El Cotorro, al sur de La Habana.

“La bienvenida de eso fue horrible”, dice haciendo pausas. “Nos pasan directamente al solar, que viene siendo como el patio, no teníamos idea de dónde estábamos. Había perros, la idea era aterrorizarnos. Entonces, nos obligan a pararnos contra los muros, manos detrás”, dice que algunos pensaron lo peor. “Golpearon a muchos”, continua.

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A él lo llevaron a una celda de castigo por negarse a declarar, indica. Pero solo estuvo “un instante porque al parecer [los custodios] reciben una llamada” para ponerlo en una celda común, añade. “No me dolió tanto ese maltrato” durante su traslado, con la espalda encorvada y las manos esposadas detrás o “la galleta” [golpe] que le dieron. “Lo que más me dolió fue escuchar” lo que sucedía afuera.

“Fue una noche traumática, una madrugada terrible, porque la impotencia era mucha y había gritos y el sonido de las mangueras y los bastones, pegando en los cuerpos, uno tras otro, fue doloroso”. Después estuvo en cuarentena, sin salir al patio y sin asistencia de abogado, que dice nunca solicitó porque “sabía que no lo iban a permitir”. Su padre fue informado de su detención el primer día, aunque no supo a qué prisión lo habían trasladado.

A los 14 días, lo llevaron a otra cárcel, Jóvenes de Occidente, también en La Habana. Le raparon la cabeza y tuvo que pedir a sus familiares una cubeta para bañarse porque no había agua corriente. Le llevaron además uno de sus libros favoritos: “José Martí, el santo de América”, de Luis Rodríguez Émbil. “Me encanta la lectura, aprender cosas nuevas. Como decía Martí: ser culto es el único modo de ser libre”, señala.

El viernes pasado por la tarde sin aviso previo fue liberado, su familia lo esperaba afuera del penal. “No me dijeron si era libertad condicional. Ni yo ni mi abogado sabemos qué tipo de medidas se tomó”, dice desde su casa más descansado, pero en tono aún nervioso. A pesar del temor a que su situación cambie por dar su testimonio, cree que lo que sucedió en su país “fue histórico”, “necesario” y “puede marcar un antes y un después”.

Fuente: AFP.

El Tribunal Supremo de Cuba informó el jueves pasado que 62 personas han sido juzgadas en la isla por delitos cometidos durante las protestas del 11 y 12 de julio pasados. “Las personas que se han puesto a disposición de los tribunales son aquellas cuyas conductas han sido constitutivas de delito”, dijo Joselín Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular, al diario oficial Granma.

Señaló que el principal delito presente en 53 de los casos es “desorden público”, y que se presentan también otros menos frecuentes como resistencia, desacato, instigación a delinquir y daño. Hace una semana las autoridades judiciales ya habían informado de 59 enjuiciados, sólo tres menos de los que dieron cuenta este jueves.

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Miles de personas se manifestaron en más de 40 ciudades de Cuba por falta de libertad y por las precarias condiciones económicas, dejando un saldo de un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos. Casi cuatro semanas después de la protesta social, las autoridades no han informado la cifra de detenidos relacionadas con las manifestaciones.

Para estos delitos se prevén multas de hasta de 300 pesos (unos 12 dólares) o penas de cárcel de uno a cuatro años, dictadas por tribunales municipales en juicios sumarios. Organizaciones sociales han denunciado que más de 700 personas han sido detenidas y familiares de sancionados se quejan en redes sociales de falta de garantías procesales por la ausencia de abogados defensores en algunos casos.

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“El tribunal dio todas las facilidades para que a los acusados que tuvieron la intención de nombrar abogado, se les garantizara ese derecho”, aseguró el funcionario. De los juzgados hasta el momento, 22 comparecieron asistidos por abogados; uno resultó absuelto, y 45 han establecido el recurso de apelación, 40 de ellos con abogado designado, dijo Sánchez.

También informó que a 21 sancionados que se encontraban en libertad condicional y participaron en las protestas e incumplieron con obligaciones impuestas por la ley, les fue revocada la medida y volvieron a prisión. “Podemos asegurar que en los procesos judiciales tramitados hasta ahora se ha mantenido una observancia estricta” de las garantías previstas, dijo el magistrado.

Miles de jóvenes comunistas de Cuba tomaron el jueves en una caravana el tradicional Malecón y algunas plazas de La Habana, a tres semanas de las inéditas protestas que sacudieron a la isla y en medio del índice más alto de coronavirus desde que inició la pandemia.

La manifestación convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba “por la paz, el amor y la solidaridad”, se realiza a 27 años del “Maleconazo”, la única protesta masiva que enfrentó Fidel Castro después del triunfo de la revolución en 1959, y el antecedente más cercano a los reclamos sociales del 11 y 12 de julio pasado, que dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de muertos.

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“Me motiva a participar la convocatoria que nos hicieron, y tratar de dar paz y tranquilidad. ¡Qué es lo que nos hace falta!”, dijo a la AFP, Odalys Izquierdo, de 29 años y conductora de un bicitaxi eléctrico amarillo. Izquierdo señaló que los jóvenes comunistas marchan contra los “líos y cosas” generadas por miles de manifestantes que salieron a las calles en julio.

Hartos de la escasez de alimentos y medicinas, las personas salieron el 11 de julio a protestar al grito de “Tenemos hambre”, “Libertad” y “Abajo la dictadura” en más de 40 ciudades. El presidente Miguel Díaz-Canel también se reunió el jueves en la Universidad de La Habana con jóvenes campesinos, estudiantes y trabajadores independientes, entre otros.

“A nuestros jóvenes hay que escucharlos como las más importantes personas que son”, dijo el presidente en Twitter. En una mañana soleada, se unieron a la caravana un sinnúmero de automóviles, medio centenar de ciclistas, unos 20 motociclistas, patinadores y hasta un manifestante en gocar, para recorrer el Malecón, que amaneció con fuerte presencia de policías y elementos de seguridad.

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En el recorrido al lado del mar, los manifestantes mostraron banderas cubanas y rojas de diferentes tamaños, e iban acompañados por un camión de la era soviética con una pantalla abordo que trasmitía conciertos y marchas anteriores. Una hilera de personas sobre la acera acompañó el paso de los jóvenes.

“Necesitamos marchar y llevar adelante la revolución”, dijo Yoennis Quiala, un transportista privado de 34 años que conduce un Chevrolet modelo 1953, color terracota. Las concentraciones convocadas este jueves ocurren en momentos en que Cuba reporta la segunda jornada más alta de fallecidos (93) por COVID-19 desde que se presentó el primer caso en la isla en marzo de 2020. El jueves el país suma 8.399 fallecidos y 431.013 casos.

“Reiteramos la exhortación” de “protección, del distanciamiento del nasobuco, pero juntos a defender a nuestros principios, nuestra revolución, la soberanía de Cuba”, dijo el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Francisco Durán, en su habitual conferencia de prensa.

Un grupo de personas de un pequeño pueblo rural en el noreste de Cuba será juzgado por apedrear un policlínico, según informó el miércoles un medio estatal, que identificó el hecho como el primer acto violento registrado después de las inéditas protestas del 11 de julio.

“Personas inescrupulosas arremetieron este lunes 2 de agosto contra el policlínico” de Cacocum, en la provincia de Holguín, 730 km al noreste de La Habana, señaló el portal oficial de noticias Cubadebate, que no aportó la identidad de los participantes en este hecho que calificó como “vandálico”. El ataque solo dejó daños menores en la fachada del inmueble.

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El medio digital precisó que esos ciudadanos, que ya están “a disposición de la ley”, “apedrearon” el centro de salud de Cacocum, un pueblo de poco más de 8.000 habitantes, donde se atendían personas con COVID-19. Este es el primer hecho violento que reporta un medio oficial tras las manifestaciones del 11 y 12 de julio, cuando miles de cubanos marcharon en más 40 ciudades del país al grito de “Tenemos hambre” y “Libertad”, en medio de la peor crisis económica en décadas y de un fuerte repunte del coronavirus.

Aunque el medio relaciona ambos eventos, no menciona las motivaciones detrás del lanzamiento de piedras al establecimiento. Durante las protestas de hace tres semanas, que dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos, hubo enfrentamientos de manifestantes con la policía y partidarios del gobierno que respondieron a la “orden de combate” del presidente Miguel Díaz-Canel de salir a las calles que, dijo, son de “los revolucionarios”, así como saqueos a supermercados en varias ciudades del país. Las autoridades cubanas han prometido fuertes sanciones para los manifestantes implicados en hechos vandálicos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló el miércoles que la situación de la pandemia de COVID-19 en Cuba “sigue siendo preocupante”, atribuyendo el aumento récord de infecciones a la propagación de la variante delta, altamente contagiosa.

A pesar de que el país está cerrado al turismo masivo, con excepción de las playas de Varadero y los Cayos, durante las dos últimas semanas de julio continuó el incremento de casos confirmados de COVID-19, dijo en rueda de prensa el director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte.

“La situación está complicada en Cuba. Esto debido a la variante delta, que ha sido reportada por las autoridades en varios lugares del país y hay todavía una cantidad significativa de población susceptible”, explicó. El experto enfatizó por otra parte una realidad económica “muy difícil actualmente en Cuba”, con “largas filas para obtener alimentos” y “un agotamiento de la población respecto de las medidas para protegerse de la pandemia”.

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Según el último reporte de la OPS, del 18 al 24 de julio, en Cuba se informaron 51.081 casos de COVID-19 (+21,1% con respecto a la semana anterior) y 446 muertos (+78); mientras que del 25 al 31 de julio hubo 61.375 contagios (+16,8%) y 494 fallecidos (+48).

Las infecciones superan las notificadas en semanas anteriores. “Todavía seguimos en una fase muy activa de transmisión”, dijo Ugarte. Las tasas de incidencia de casos positivos solamente disminuyeron en relación con las dos semanas anteriores en la provincia de Matanzas (-41%) y en el Municipio Especial Isla de la Juventud (-7%). “En todos los demás lugares aumentaron los casos con relación a los últimos 14 días”, resaltó.

Entre las provincias con mayor alza de las infecciones están Artemisa (+59,7%), Cienfuegos (+59,6%) y La Habana (+54,4%). Ugarte resaltó sin embargo como “positivo” el aumento de la vacunación en la isla, que confió mantenga su ritmo “para reducir la cantidad de fallecidos y casos graves”.

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“El impacto hubiera sido mayor si no se hubiera iniciado esta vacunación temprana, principalmente para trabajadores de la salud y en territorios de riesgo como La Habana”, dijo. Cuba empezó a inmunizar a su población a mediados de mayo con candidatos vacunales anti-COVID desarrollados en la isla.

Al 31 de julio, más de 4 millones de personas habían recibido en Cuba al menos una dosis de alguno de los candidatos o de la vacuna Abdala, aprobada el 9 de julio por las autoridades regulatorias cubanas. Esto representa el 35,7% de la población del país.

En las últimas dos semanas, Cuba se ubicó primero en Latinoamérica y cuarto en el mundo por cantidad de contagios de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Por número de muertos cada 100.000 habitantes, se situó tercero en Latinoamérica (después de Paraguay y Argentina) y noveno en el mundo, según cifras oficiales compiladas por AFP.

Fuente: AFP.

El cantautor cubano Pablo Milanés se sumó a los pesos pesados de la cultura en Cuba, entre ellos el artista Silvio Rodríguez y el escritor Leonardo Padura, que apoyaron las históricas protestas del 11 de julio y pidieron la liberación de detenidos, así como cambios en la isla.

“Es irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un pueblo que se ha sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen”, señaló el sábado pasado en Facebook Milanés, de 78 años y uno de los fundadores del Movimiento de la Nueva Trova (canción protesta) junto con Rodríguez.

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Al grito de “abajo la dictadura” y “libertad”, miles de cubanos protestaron el 11 y 12 de julio en más de 40 ciudades del país, en medio de la peor crisis económica en décadas y de un fuerte aumento de los contagios y muertes por COVID-19. En “1992 tuve la convicción de que definitivamente el sistema cubano había fracasado”, añadió el autor de “Yolanda” y “El breve espacio en que no estás”, y advirtió que desde ese año viene alertando “sobre las injusticias y errores en la policía y gobierno” de la isla.

No obstante, confía en que los cubanos logren encontrar “el mejor sistema posible de convivencia y prosperidad, con libertades plenas, sin represión y sin hambre”, y en que los jóvenes sean el “motor del cambio”. Con cientos de miles de seguidores dentro y fuera de Cuba, “Pablito”, como le llaman los cubanos, se sumó así a la lista de artistas que han alzado su voz en apoyo a las manifestaciones, que dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.

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Entre ellos está Rodríguez (74), autor de clásicos de la música latinoamericana como “Ojalá” y “La era está pariendo un corazón”, quien pidió libertad para los detenidos que “no fueron violentos” y “más diálogos”, “menos prejuicios; menos ganas de pegar y más deseos de resolver la montaña de temas económicos y políticos pendientes”, en su blog Segunda Cita.

En una entrevista con la AFP, el maestro de la novela negra Leonardo Padura (65) consideró el estallido “un grito de desesperación” al que las autoridades deben dar “una respuesta no solamente material sino también política”.

Cuba necesita un “nuevo lenguaje” para superar la crisis, “no solo de palabras sino de actitudes, de soluciones, de cambios radicales”, dijo de su lado Fernando Pérez (76), creador de filmes como “Clandestinos” y “La vida es silbar”, que pidió que cese la violencia y los llamados “actos de repudio”.

Un total de 59 cubanos han sido enjuiciados por participar en las inéditas manifestaciones del 11 de julio, indicó este sábado pasado un alto funcionario judicial que no informó el total de detenidos durante el estallido, y rechazó que hubiera juicios “sumarísimos”, como denunciaron algunos familiares de los aprehendidos.

“Hasta ayer (viernes) habían llegado a los tribunales municipales del país (primera instancia) 19 procesos judiciales, causas que involucraban a 59 personas, acusadas de cometer presuntos delitos” durante “estos disturbios”, dijo el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro.

Al grito de “tenemos hambre”, “abajo la dictadura” y “libertad”, miles de cubanos protestaron el 11 y 12 de julio en más de 40 ciudades del país, con saldo de un muerto y decenas de heridos. Ferro precisó en conferencia de prensa junto con la Fiscal General de la República, Yamila Peña, que de los 59 procesados por “delitos menores” como desacato, desorden público o lesiones no graves, uno quedó absuelto, mientras que el resto todavía “no tiene una sentencia firme”, por lo que pueden presentar recursos de apelación. “En realidad no han llegado muchos casos a los tribunales”, añadió, negando “una matriz que habla” de “una avalancha de casos judiciales” en el país.

Consultado sobre la cifra de detenidos durante las manifestaciones y algunos disturbios, Ferro respondió que a él también lo asalta la “curiosidad”. “Yo también tengo curiosidad, no lo sé. Se habla de una cifra, por un lado, de otras por otros (...), se está investigando, pero yo no conozco ese dato, no es un dato que esté disponible”, dijo.

De manera inesperada, miles de cubanos salieron a protestar pacíficamente hace dos semanas. Pero en algunas zonas hubo saqueos en varias tiendas, y en otras, incluida La Habana, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policía y con personas afines al gobierno.

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De acuerdo con una lista, publicada en Twitter por agrupaciones cubanas como el 27N y medios independientes como Periodismo de Barrio, más de 600 personas fueron detenidas. Entre los aprehendidos que aún no han sido liberados figuran conocidos disidentes como el expreso político José Daniel Ferrer y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes del contestatario Movimiento San Isidro (MSI), que fue “trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay”, en La Habana, según denunció esa agrupación de intelectuales y universitarios, que reclaman libertad de expresión y creación.

Remigio Ferro dijo que los cubanos están siendo juzgados en procesos “más expeditos, más ágiles, pero no exentos por ello del debido proceso”. “No son procesos sumarísimos”, sino “abreviados”, apuntó. La familia de Ányelo Troya, de 25 años, uno de los realizadores del video del polémico rap “Patria y Vida”, denunció que fue condenado el miércoles a un año de prisión por el delito de “desorden público”, en un procedimiento de “atestado directo” (juicio expedito), junto con otros 12 participantes en las manifestaciones. La fiscal Peña señaló este sábado que, de haber “algún error” en los procesos judiciales, “se aceptará la responsabilidad en los casos concretos”.

El jueves, el canciller, Bruno Rodríguez, había dicho que la mayoría de los arrestados fueron liberados, “habiendo sido multados o bajo medidas cautelares domiciliarias”. Entonces descartó que haya menores de edad en prisión y rechazó que haya desaparecidos.

Peña reconoció que, durante las protestas, “algunos menores” fueron traslados a unidades de la policía, “incluso con sus familiares”. En Cuba la edad penal es de 16 años. Aunque tampoco dio cifras, Peña sostuvo que “muchos” fueron liberados tras demostrar que salieron a la calle de forma pacífica y no estuvieron implicados en hechos violentos.

“La cuestión aquí no ha estado en irse a manifestar”, sino en “agredir, dañar, lesionar, desobedecer (a la autoridad)” y “ni hablar de los otros delitos que son mucho más graves”, dijo Remigio Ferro. Asimismo, la fiscal subrayó que los tribunales actuarán “con severidad en los casos más graves (...), en los que se demuestre que las personas organizaron, promovieron, financiaron los hechos más graves que afectaron la seguridad colectiva” con el objetivo de “tratar de subvertir el orden constitucional”.

Fuente: AFP.

Manuel Díaz lleva 12 días preso y necesita tres testigos que den fe de que protestó pacíficamente y no incitó a la violencia en las inéditas manifestaciones del 11 de julio en Cuba, para al menos poder esperar su juicio en libertad.

Este empleado de una dulcería, de 59 años, es uno de los cientos de cubanos detenidos durante el reciente estallido social que han enfrentado procesos judiciales por delitos como desacato, desorden público, actos vandálicos o propagación de epidemia, por haber salido sin mascarilla en el peor momento de la pandemia de COVID-19 en la isla.

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“Hasta ahora nadie ha querido testificar y Manuel sigue en prisión preventiva, acusado de desorden público. Está en la cárcel de Caimito (en la provincia de Artemisa) y estamos desesperados”, declara a la AFP vía telefónica su hermano Roberto, que vive en Miami.

Manuel participó el domingo 11 de julio en las protestas que sacudieron al pueblo de Bauta, 25 kilómetros al suroeste de La Habana, donde vive y es conocido por su gusto por el fútbol. Doce días después de que miles de cubanos se volcaran a las calles del país al grito de “Patria y Vida”, “tenemos hambre” y “Libertad”, el gobierno no ha informado el número de detenidos durante y después del estallido.

De acuerdo con una lista, publicada en Twitter por agrupaciones cubanas como el 27N y medios independientes como Periodismo de Barrio, más de 600 personas fueron detenidas. El canciller, Bruno Rodríguez, dijo el jueves que la mayoría de los arrestados fueron liberados, “habiendo sido multados o bajo medidas cautelares domiciliarias”. Descartó que haya menores de edad en prisión.

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Afirmó además que “no hay juicios sin las garantías del debido proceso” y rechazó que haya desaparecidos. En el grupo de Facebook “Desaparecidos #SOSCuba”, Roberto, que también tiene en Cuba a su madre de 92 años, explica que para que Manuel pueda esperar su juicio en libertad, necesita, según su abogado, “dos o tres testigos” que prueben que “protestó pacíficamente y se manifestó porque las personas no recurrieran a la violencia”.

“Esto facilitaría mucho lograr que lo suelten con una fianza o que le den cárcel domiciliaria o lo pongan en libertad”, dice. “Debería haber una buena persona que nos ayude por favor (...) para poder ver a Manolo otra vez en sus locuras” y su afición futbolera, apunta.

En Facebook y Twitter se multiplican los reclamos por la libertad de familiares y amigos. Claudia Salazar pide que liberen a su esposo, Yarian Sierra, que “está siendo juzgado injustamente (...) por pensar diferente”. El fotógrafo y realizador de audiovisuales Ányelo Troya, de 25 años, detenido en la zona del Capitolio de La Habana cuando llevaba su cámara, fue condenado a un año de prisión por el delito de “desorden público”.

Troya, uno de los realizadores del video del polémico rap “Patria y Vida”, lema de las protestas, fue juzgado el miércoles en un tribunal de La Habana bajo el procedimiento de “atestado directo” (juicio expedito), junto con otros 12 participantes en las manifestaciones, según su familia.

“Nunca nos avisaron del juicio”, cuenta su hermano Yuri, de 32 años. Sus padres “están destruidos”. Se enteraron de que su hijo estaba siendo juzgado cuando “fueron a visitarlo a 100 y Aldabó (cuartel general de la Dirección Técnica de la Policía Nacional)”, donde estaba recluido.

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“Corrimos al tribunal con un abogado que habíamos contratado, pero cuando llegamos el juicio había concluido”, precisa Yuri. La familia de Troya inició un proceso de apelación de una sentencia que considera “injusta”. En Facebook, su madre Raisa González preguntó “dónde está el derecho” de su hijo “a tener un juicio con transparencia”.

Entre los detenidos que aún no han sido liberados figuran conocidos disidentes como el expreso político José Daniel Ferrer y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes del contestatario Movimiento San Isidro (MSI), agrupación de intelectuales y universitarios que reclaman libertad de expresión y creación. El MSI denunció el martes en Twitter que Otero Alcántara fue “trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay”, en Artemisa.

Cinco días después de las protestas, la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que “todas las personas detenidas por ejercer sus derechos deben ser liberadas urgentemente”. En la isla, voces como las del cantautor Silvio Rodríguez y el líder del dúo Buena Fe, Israel Rojas, pidieron libertad para los detenidos que no hayan estado implicados en hechos violentos.

Fuente: AFP.