Días pasados un tribunal de sen­tencia informó sobre el castigo ejemplar que aplicó a un hom­bre considerado abusador serial, cuyas víctimas fueron principalmente meno­res. Esta noticia no resarce en su magnitud el daño, pero al menos representa un atisbo, una muestra que la sociedad no está totalmente desamparada y que la Justicia es capaz de caer con todo el peso de la ley a estos pervertidos, que matan en vida a sus víctimas.

Según el anuncio, la condena que recibió el pervertido fue de 21 años de cárcel, luego de que fuera hallado culpable del delito de abuso sexual en niños. Para llegar a este resultado fueron claves todos los protagonistas del esquema de justicia: la Fiscalía, funcionarios y magistrados del Poder Judicial, organismos de seguridad, profesionales médicos como cola­boradores de otras áreas, tuvieron que reali­zar un amplio trabajo para probar el hecho.

Esta acción conjunta es la que clama la ciu­dadanía. Esa coordinación institucional y de profesionales que con celeridad puedan avan­zar en los diferentes procesos y que vayan sentando precedentes significativos de que los pervertidos, depravados, inescrupulosos con la inocencia ajena, reciban el castigo que les corresponde. A un hecho punible que haya culpables. No procesados ni imputados. Sino culpados y condenados.

A medida que la Justicia sepa llegar a la verdad de los hechos, dilucidando con diligencia y cri­terio cada caso que se presenta, la impunidad disminuye, se acorrala y se vuelve más arduo sostenerla, sea por directa acción o por una deliberada omisión. Solo obrando con justicia la impunidad no seguirá devorando la vida de las víctimas, en especial de los más vulnera­bles e indefensos como son nuestros niños. El caso de esta condena ejemplar realza aún aquel lema que se hiciera popular en la mayo­ría de los países occidentales: “Con los niños NO”, y esto debe ser un principio rector de las sociedades modernas.

Sin embargo, se sabe que muchas veces la des­idia, la falta de recursos, la ausencia de trabajo coordinado, consenso de criterios o simple­mente el débil compromiso en los procesos terminan condenando al fracaso a una causa sobre abuso.

Hay varios casos que han quedado en la nada porque quienes debieron aplicar justicia, se perdieron o simplemente se desviaron en el camino. El tema de acoso, abuso o violación generalmente tiene como ejecutor a alguien de la familia o del entorno inmediato, esto muchas veces juega en contra de las investigaciones por­que se ejercen presiones familiares que buscan y logran “soluciones” que no rompan los lazos.

Es inconcebible continuar con esa tesitura. Ningún vínculo puede ser más importante que defender la vida de los menores y de toda persona víctima de abusos. Este es un aspecto cultural muy arraigado con el que hay que romper si en verdad se está dispuesto a avan­zar hacia una sociedad más justa.

La mal entendida amistad o lazo sanguíneo o simplemente vínculos de interés no pueden seguir como tema de debate. Hay que comba­tir esa concepción errónea, que en la práctica representa un verdadero boicot.

Esto mismo ha ocurrido esta semana que fenece hoy en Villarrica. Debido a deficiencias en la investigación fiscal, un docente quedó absuelto de culpa, pese a los 600 mensajes enviados a una niña de 11 años. Aquí el sis­tema de justicia no hizo en forma su trabajo, porque el tribunal que atendió la causa no halló pruebas suficientes y liberó al acusado. Pese a que los mensajes eran frases tan fuer­tes como “Que estaba linda”, o “Que era her­mosa”, “Amor” y “Mi princesa”. Términos que ningún adulto –más aún cuando se trata de un docente que trata de manera directa con una estudiante– debe utilizar.

Por supuesto, el caso del Guairá generó tanta indignación que no tardó en llegar el aporte de la gente evidenciando un vínculo de amis­tad entre el abogado que defendió al profesor y el juez Julio Alfonso, uno de los miembros del tribunal que liberó al denunciado. Este hallazgo develó el vicio de siempre y, lógica­mente, reencauzó el proceso con esperanzas de que se esclarezca todo el hecho.

Casos como el de Guairá, así como los cientos de casos de acoso y de abuso en niños, desapa­riciones, son lastimosamente una constante en nuestro día a día. Aunque existen progra­mas estatales de atención a estos casos, y si bien la Justicia se ha robustecido mediante la cooperación interinstitucional, todavía hay negligencias y vicios que corregir.

Se necesita que estos casos que frustran la inocente vida de un niño o una niña se resuel­van con mayor rapidez. Sentencias como la mencionada más arriba, resultado de un dili­gente y metódico proceso de investigación, tienen que seguir siendo el norte en esta clase de delitos deplorables. Son logros muy impor­tantes que devuelven la confianza hacia un Poder del Estado que es fundamental para la seguridad; por eso hay que seguir fortale­ciendo con el objetivo de alcanzar una justicia expeditiva y objetiva.