Los sectores opositores al Gobierno están preparando una movilización para la próxima semana. Marzo es un mes tradi­cionalmente utilizado por las organiza­ciones campesinas para venir a Asunción a hacer sentir sus reclamos y, por tanto, ya forma parte de lo que acontece en esas fechas. Habitualmente suelen ser relativa­mente tranquilas, sin incidentes violentos y los dirigentes suelen recibir la atención de los gobiernos de turno.

En esta ocasión, algunos grupos políticos de oposición han anunciado que se suma­rán al contingente campesino para hacer más fuerte la movilización y hacer oír sus voces en las calles, ya que, en el parla­mento, en los consejos departamentales y en las juntas municipales donde partici­pan, al parecer, no se les escucha mayor­mente.

Según algunos de los líderes opositores, se convoca a la marcha contra el Gobierno para “defender los derechos colectivos que se están pisoteando” por un “gobierno de facto”. Cuando usan esos términos, la ciudadanía no sabe si están hablando en serio o si, sencillamente, no saben lo que dicen. Están muy mal asesorados, ya que, si bien muchos políticos mienten, deben ser más inteligentes para no causar la hilaridad o el desprecio de la gente con sus expresiones.

Cualquiera puede criticar al Gobierno, que es perfectible, como toda organización humana, pero no se puede afirmar que una administración que surgió limpiamente ganadora en unas elecciones impecables sea un gobierno de facto. “De facto” es una expresión latina que significa “de hecho”, en contraposición a “De jure”, que quiere decir “de derecho”, y se suele usar para denominar a un Gobierno surgido de un golpe de estado o de actos que van contra las leyes.

Con relación a los “derechos colectivos que se están pisoteando” es otra incógnita con aroma a mentira. Los derechos políticos nadie los quebranta y el derecho a la vida económica está protegido con el creci­miento de la producción y las oportunida­des laborales para la gente.

El Ejecutivo realiza su trabajo de admi­nistrar el país que va creciendo económi­camente y que va permitiendo que cada vez más gente labore y pueda salir de la pobreza. Una tarea altamente positiva porque está dignificando a nuestros com­patriotas.

Las cifras sobre la realidad que se vive actualmente en el país hablan de que los principales derechos de la gente están mejor. Por ejemplo, la tasa de pobreza que en el 2003 era del 51,4 % bajó en el 2022 al 24,7 %. Y, según el Banco Mundial, para el 2023 la estimaba en 17,6 %. “Con el cre­cimiento positivo y una inflación con­trolada, se estima que la pobreza dismi­nuya al 16,8 % de la población en 2024″, de acuerdo a un informe de esa prestigiosa institucional financiera internacional ela­borada en octubre pasado.

Si la pobreza está bajando y cada vez hay menos cantidad de paraguayos en la mise­ria significa que no se está yendo contra los derechos de la gente. Más bien se los está ayudando y permitiendo que estén mejor.

El Poder Ejecutivo no manda preso a nadie porque sea opositor o hable contra el gobierno, como ocurre en las dictaduras, porque se está en un estado de derecho. El derecho a la crítica, incluso el de decir mentiras o armar campañas contra las autoridades legales, se respeta, como cual­quier otra garantía constitucional.

Lo que no se puede admitir como verdad es la tergiversación de la realidad y la mentira común y silvestre, como la que divulgan algunos sectores de la oposición, que no solo ya no tienen gente, sino que además han perdido la credibilidad mínima que cualquier entidad social debe poseer para atraer a la ciudadanía. Por eso ya no cuen­tan con los grupos que atrapaban con sus ideas y lemas a miles de ciudadanos. Y sus críticas y propaganda serían más bien risi­bles si no se tratara de un asunto tan serio.

No habla a favor de ciertos partidos el tener que acoplarse a la manifestación campesina no partidaria para hacer escu­char su protesta. Es una demostración de que ya no tienen gente y se ven en la nece­sidad de acoplarse a otros para hacer más evidente su orfandad popular.

Aunque haya huelgas y movilizaciones de ciertos sectores, lo importante es que la vida continúa, y la mayoría ciudadana seguirá trabajando porque tiene las garan­tías necesarias para hacerlo.