El caso de los cuidacoches es una realidad que debe ser abordada con seriedad y de manera integral porque es una situación acuciante para la ciudadanía en general que usa un espacio en calles, avenidas y sitios públicos para estacionar sus respectivos vehículos que, mayoritariamente, constituye una herramienta de trabajo.
Lastimosamente este problema se ha arraigado tanto con los años que el mal comprendido empleo para algunos significa una tortura, una extorsión para quienes se ven obligados a pagar por dejar sus móviles en sitios que debieran ser liberados o en todo caso regulados de manera formal.
Asunción ya no es la única ciudad copada por cuidacoches. Es un problema social que se ha expandido y representa una riesgosa situación para quienes son sometidos al mal llamado servicio de cuidado, que no tiene ninguna garantía para el usuario, pero que condiciona la ocupación vehicular en la vía pública y ha ganado territorio en sitios comerciales, estadios deportivos, colegios, etc.
Arbitrariamente estos cuidacoches obligan al pago adelantado a los conductores por estacionar en determinado espacio. Un no a la propuesta de “cuidar” los móviles suele representar perjuicios de todo tipo para los propietarios de rodados. Desde vehículos en llanta, hurto de retrovisores, despojo de piezas importantes dentro y fuera de los rodados suelen ser las “sorpresas” que estos impresentables apretadores dejan ante la negativa al servicio que buscan imponer.
Es una actividad que raya lo delincuencial, sí, pero es un problema sociocultural que requiere programas que erradiquen el mal que se propaga de manera sostenida en las narices de todos.
La Policía Municipal de Vigilancia de la Municipalidad de Asunción inició una serie de operativos de control en resguardo de los usuarios de estos espacios de estacionamiento en la vía pública. Las intervenciones fueron aplaudidas de manera generalizada porque ayudó a que la gente extorsionada al pago por parte de los cuidacoches tenga una suerte de mayor protección y se anime a denunciar el modus operandi de estos “empresarios” de alquiler de calles, avenidas que mueven un gigantesco negocio en negro, es decir, sin tributar un solo peso al Estado por la explotación que realizan.
En los continuos despejes que vienen haciendo, como era de suponerse, cayeron cuidacoches que arrastraban frondosos antecedentes lo que sugiere mayor peligro que la ciudadanía o los conductores estén en manos de estos.
La municipalidad dio un paso importante que está ayudando a tratar esta problemática ignorada por años. En la medida en que continúen estos operativos de despeje con fuerza se irá perdiendo el miedo y eso permitirá a romper el yugo que manejan estos chantajistas.
Sin duda, la erradicación implica planes y estos deben ser sostenibles en el tiempo. Desde los organismos sociales del Estado debieran ir pensando cómo insertar a este sector identificado con la marginalidad para concienciarse sobre otras formas de vida.
Existe todo un sector de los mandos medios que clama mano de obra, sea en plomería, construcción, electricidad, servicios turísticos, gastronómicos, de tiendas, etc. Hay que encontrar el mecanismo de preparar a esta parte de la población a estos rubros que son los más sólidos dentro de nuestra economía.
Tienen que existir planes de inserción laboral formal para esta gente, además de las intervenciones de despeje que se hacen. No habrá estrategias de seguridad que resulten eficientes si seguimos postergando una de las bases de la delincuencia que es la marginalidad disfrazada de trabajo, como es la tarea de cuidacoches.
Con todo lo mencionado no es utópico aspirar al rescate de estas personas, incluso familias enteras dedicadas a la toma de espacios públicos para forzar el pago por cuidar vehículos, limpiar vidrios y otros mal llamados servicios que condicionan la seguridad de la población.
El Estado debe hacerse sentir con estos programas sociales enfocados a soluciones largamente esperadas. No podemos seguir fomentando la marginalidad ni tolerando el sometimiento de un esquema que a todas luces opera con arbitrariedad, mueve millones y no conoce mayores obligaciones tributarias como la ciudadanía en general.