El caso de los cuidacoches es una realidad que debe ser abordada con seriedad y de manera inte­gral porque es una situación acuciante para la ciudadanía en gene­ral que usa un espacio en calles, aveni­das y sitios públicos para estacionar sus respectivos vehículos que, mayoritaria­mente, constituye una herramienta de trabajo.

Lastimosamente este problema se ha arraigado tanto con los años que el mal comprendido empleo para algunos sig­nifica una tortura, una extorsión para quienes se ven obligados a pagar por dejar sus móviles en sitios que debieran ser liberados o en todo caso regulados de manera formal.

Asunción ya no es la única ciudad copada por cuidacoches. Es un problema social que se ha expandido y representa una riesgosa situación para quienes son sometidos al mal llamado servicio de cui­dado, que no tiene ninguna garantía para el usuario, pero que condiciona la ocu­pación vehicular en la vía pública y ha ganado territorio en sitios comerciales, estadios deportivos, colegios, etc.

Arbitrariamente estos cuidacoches obli­gan al pago adelantado a los conducto­res por estacionar en determinado espa­cio. Un no a la propuesta de “cuidar” los móviles suele representar perjuicios de todo tipo para los propietarios de roda­dos. Desde vehículos en llanta, hurto de retrovisores, despojo de piezas impor­tantes dentro y fuera de los rodados sue­len ser las “sorpresas” que estos impre­sentables apretadores dejan ante la negativa al servicio que buscan imponer.

Es una actividad que raya lo delincuen­cial, sí, pero es un problema sociocultural que requiere programas que erradiquen el mal que se propaga de manera soste­nida en las narices de todos.

La Policía Municipal de Vigilancia de la Municipalidad de Asunción inició una serie de operativos de control en res­guardo de los usuarios de estos espacios de estacionamiento en la vía pública. Las intervenciones fueron aplaudidas de manera generalizada porque ayudó a que la gente extorsionada al pago por parte de los cuidacoches tenga una suerte de mayor protección y se anime a denun­ciar el modus operandi de estos “empre­sarios” de alquiler de calles, avenidas que mueven un gigantesco negocio en negro, es decir, sin tributar un solo peso al Estado por la explotación que realizan.

En los continuos despejes que vienen haciendo, como era de suponerse, caye­ron cuidacoches que arrastraban fron­dosos antecedentes lo que sugiere mayor peligro que la ciudadanía o los conducto­res estén en manos de estos.

La municipalidad dio un paso impor­tante que está ayudando a tratar esta problemática ignorada por años. En la medida en que continúen estos operati­vos de despeje con fuerza se irá perdiendo el miedo y eso permitirá a romper el yugo que manejan estos chantajistas.

Sin duda, la erradicación implica planes y estos deben ser sostenibles en el tiempo. Desde los organismos sociales del Estado debieran ir pensando cómo insertar a este sector identificado con la margina­lidad para concienciarse sobre otras for­mas de vida.

Existe todo un sector de los mandos medios que clama mano de obra, sea en plomería, construcción, electricidad, ser­vicios turísticos, gastronómicos, de tien­das, etc. Hay que encontrar el mecanismo de preparar a esta parte de la población a estos rubros que son los más sólidos den­tro de nuestra economía.

Tienen que existir planes de inserción laboral formal para esta gente, además de las intervenciones de despeje que se hacen. No habrá estrategias de seguri­dad que resulten eficientes si seguimos postergando una de las bases de la delin­cuencia que es la marginalidad disfra­zada de trabajo, como es la tarea de cui­dacoches.

Con todo lo mencionado no es utó­pico aspirar al rescate de estas perso­nas, incluso familias enteras dedicadas a la toma de espacios públicos para for­zar el pago por cuidar vehículos, lim­piar vidrios y otros mal llamados servi­cios que condicionan la seguridad de la población.

El Estado debe hacerse sentir con estos programas sociales enfocados a solu­ciones largamente esperadas. No pode­mos seguir fomentando la marginali­dad ni tolerando el sometimiento de un esquema que a todas luces opera con arbi­trariedad, mueve millones y no conoce mayores obligaciones tributarias como la ciudadanía en general.