En la cumbre de poderes del Estado realizada el lunes último, la decisión más importante y que tendrá mucha trascenden­cia es el compromiso institucional que hicieron para la lucha contra la corrupción de manera coordinada y conjunta. No fue solo la enumeración de propósitos e ideas que se propusieron, sino el pacto firme de que pelearán juntos contra el enemigo común. Lo que implica que cada una de las instituciones trabajará para perseguir la corrupción y buscar el castigo de los res­ponsables de los hechos ilícitos teniendo en cuenta que son parte de un mismo gran equipo en la tarea común que se han pro­puesto.

El diálogo que hicieron los representan­tes de los distintos poderes es crucial, pues implica que en todos los sectores estatales existe la misma idea de esforzarse por el mismo objetivo, cada cual con sus caracte­rísticas y responsabilidades.

El encuentro entre los poderes y el com­promiso que han asumido en la cumbre indican que existe mucha solidez insti­tucional para perseguir el mismo obje­tivo. Ello se nota en la decisión de poner en funcionamiento la Estrategia Nacio­nal de Combate contra la Corrupción, que en la iniciativa 28 se refiere al manejo del Jurado de Enjuiciamiento de Magis­trados (JEM). Esto para lograr que este organismo cuente con un reglamento que imponga la restricción a los miembros del JEM de hacer reuniones o comunicacio­nes privadas con los magistrados y expo­nentes del Poder Judicial. La norma que se imponga debe establecer que la comunica­ción de los miembros del referido Jurado con cualquier magistrado tiene que ser oficial y de carácter público, a fin de evitar cualquier tipo de contacto que ponga en peligro el cumplimiento de las disposicio­nes legales.

Para eliminar cualquier confusión, la cumbre de poderes condenó de manera absoluta y enérgica “cualquier acto, que suponga la desnaturalización, corrupción o direccionamiento de los órganos consti­tucionales legítimamente constituidos”. Y reafirmó el compromiso dentro de la independencia de poderes y órganos que las instituciones funcionarán cada una en su ámbito, a fin de que los hechos que se denuncian “sean esclarecidos y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsa­bles”.

La invitación a los diferentes sectores de la ciudadanía es de gran importancia, pues insta “a la clase política sin distinción de banderías, movimientos o partidos a cola­borar con las autoridades legítimamente constituidas en la búsqueda de solucio­nes en la lucha contra la corrupción”. Esto para evitar la irrupción de “elementos mesiánicos que se aprovechen de coyun­turas para socavar las instituciones demo­cráticas” de las que goza el país desde la restauración de la democracia, en 1989.

Hay que destacar de manera especial la defensa de la libertad de prensa como una herramienta absolutamente imprescin­dible para la vigencia de la democracia. Y el compromiso de que los trabajadores de la comunicación que estén realizando denuncias tengan la protección jurídica y física que requieren para ejercer su tra­bajo. Es la primera vez que en un docu­mento oficial se expresa la voluntad de los poderes del Estado del cuidado de los periodistas, que integran uno de los secto­res más perseguidos por la tarea que rea­lizan.

La reunión de los representantes de los poderes del Estado es un hecho que tendrá gran trascendencia en la vida del país. Por­que los exponentes que manejan los más diversos sectores de la nación se han com­prometido a trabajar de manera conjunta y coordinada por los objetivos comunes de la patria.

No solo han expuesto interesantes decla­raciones verbales. Han dispuesto medidas bien concretas para actuar con el propó­sito de conseguir lo que se proponen para el bien del país. Como, por ejemplo, la apli­cación de la denominada “iniciativa 28″ de la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción para hacer que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) establezca normas que impidan que sus miembros tengan reuniones o comunica­ciones privadas con los magistrados.

La nación paraguaya podrá conseguir los grandes objetivos como país solamente si tiene solidez en sus instituciones y es capaz de actuar con la suficiente sabidu­ría y voluntad frente a los desafíos que se le presentan. Logrará alcanzarlos con la conjunción de los diferentes sectores institucionales, políticos y económicos que tengan la visión de estar juntos para enfrentar los desafíos a pesar de las dife­rencias coyunturales.