El destape a nivel mundial del uso de fondos distribuidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional más conocida por sus siglas (Usaid) motivó de alguna manera la reacción en varios países del mundo en la que se critica básicamente las orientaciones que tuvieron las donaciones, el provecho discrecional de grupos desestabilizadores y el escuálido impacto de los resultados propuestos en los proyectos. En esta coyuntura, lógicamente en nuestro país volvió a tomar protagonismo la serie de cuestionamientos sobre los beneficiarios que recibieron estos millonarios recursos y se abocaron básicamente a campañas de persecución política alzándose con los jugosos honorarios.

Este debate a nivel mundial, en medio de intervenciones ya realizadas por el nuevo gobierno de los Estados Unidos que establece auditorías a la ejecución de los fondos, torna impostergable que en Paraguay comience a dar cumplimiento a la Ley de Transparencia de oenegés que fue promulgada por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado.

Recordemos que el Congreso paraguayo ya había tomado esta iniciativa de transparencia del financiamiento de oenegés en setiembre del año pasado tras publicaciones periodísticas que han dejado al descubierto el festín que se dieron organizaciones de activistas opositores con la donación de USD 58 millones, mediante un convenio firmado en el gobierno anterior.

Este despilfarro fue investigado también por la Comisión Bicameral del Congreso de lucha contra el lavado de dinero y salieron a la luz las facturas con jugosos honorarios de quienes lideran estos grupos que alevosamente operaron en las últimas elecciones generales por candidatos opositores aglutinados en la Concertación Nacional.

El esquema de financiamiento político camuflado de luchas sociales, combate a la corrupción, la impunidad, el fortalecimiento de la transparencia, la democracia y el control ciudadano que fracasó en sus resultados, también operó con los grandes medios de comunicación y otros alternativos que se dedicaban a la agenda de hostigamiento a un grupo partidario específico.

No se difundió nunca el apoyo económico a programas estrella de medios aliados o algunas menciones de los auspicios, tampoco los millonarios honorarios de los activistas hasta que en el proceso de investigación de la Comisión Bicameral trascendieron los pagos.

La viralización de las facturas de cobros, costos administrativos de las oenegés capitaneadas por quienes fungían de representantes de la sociedad, generó mucha indignación por las cifras astronómicas que se embolsaban y porque ciudadanos que se habían sumado a marchas, protestas, siempre pensaron que las iniciativas eran genuinas. No imaginaron que había intereses económicos detrás de un proyecto que es loable en los papeles, pero en la realidad terminó siendo politizado.

Lejos de fomentar la transparencia cerraron filas contra la rendición de cuentas, pese a que una parte del dinero corresponde a aporte del Estado paraguayo, es decir, dinero de los contribuyentes locales. Los privilegios que cuestionaron estos grupos solo se reducen al discurso y al ruido ya que se conocieron que son reductos de clanes familiares que sin pudor se repartieron dinero de la donación.

No cabe dudas que lo acontecido con el último convenio con Usaid es replicable a otros millonarios acuerdos que facilitan recursos para rubros sensibles e indispensables como la salud, educación, etc. De hecho, comenzaron a saltar algunos nepotes en el manejo de fondos con Fonacide, amigos acomodados en proyectos educativos como el financiado por la Unión Europea.

Las razones mencionadas son más que suficientes para avanzar en un proceso real de transparencia en el uso del dinero proveniente de las cooperaciones internacionales. La ciudadanía tiene el derecho de saber cómo se usa la plata que viene a su nombre, y fundamentalmente si las acciones que conllevan realmente conciernen a los beneficios esperados. Paraguay no puede caer en un retroceso de la transparencia. La coyuntura es apropiada y los esfuerzos tienen que seguir enfocándose en rendir cuentas y honrar las expectativas sociales.