Esta administración estatal es la que mayor cantidad de títulos de propiedad de tierras rura­les ha entregado en la histo­ria reciente. Eso a pesar de que está al frente del Gobierno no más de 17 meses. El récord histórico alcanzado en la regula­rización de terrenos para los campesinos durante la gestión de las nuevas autori­dades ha dado pie a que el presidente de la República, Santiago Peña, ponga como objetivo alcanzar a 50.000 los títulos de propiedad que entregue este gobierno hasta el final de su gestión. Una canti­dad extraordinaria que hará necesaria la transformación de todo el sistema vigente.

La tarea es entregar los títulos de propie­dad a los campesinos que han adquirido los lotes agrícolas dentro del régimen que prevén las normas de la reforma agraria. Es un operativo que implica trabajar con los hombres del campo para regularizar el pago de sus cuotas pendientes, la medi­ción de la tierra y la expedición del docu­mento final en que se hace constar que el terreno ya pertenece a quien gestionó su adquisición, con todos los elementos jurí­dicos necesarios.

La entrega de los documentos que reco­nocen la propiedad del titular implica el reconocimiento jurídico como propie­tario, y además también permite que las entidades bancarias y financieras le pres­ten dinero para sus proyectos mediante la utilización del documento. Y de ese modo el propietario puede mejorar su producción agropecuaria para progresar y aumentar su patrimonio económico.

Como dijo el presidente Santiago Peña, “es imposible que se dé el desarrollo si el campesino no tiene título de propiedad. Es por eso que redoblamos la apuesta en materia de titulación e ir a los demás ele­mentos de desarrollo que estarán vincu­lados a todo lo que corresponde a la cons­trucción de viviendas, unidades de salud, construcción de camino y acceso a ener­gía eléctrica”.

Para incrementar la entrega de los docu­mentos destinados a los campesinos por sus tierras, el Instituto de Desarro­llo Rural y de la Tierra (Indert) decidió descentralizar la gestión administrativa. Para ello proyecta inicialmente poner en marcha dos planes, con una oficina que abarque los departamentos del sur, como Misiones, Itapúa y Ñeembucú, y otra que se ocupe de Guairá, Caazapá y Caaguazú. “Son dos proyectos piloto, y en caso de funcionar, el año que viene vamos a ir a las demás regiones”, explicó el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz. Si la experiencia resulta positiva, constituirá un importante paso para aumentar la cantidad de propietarios de terrenos en el interior del país y normalizar la situación de mucha gente.

Hay que resaltar que la administración actual de la entidad se ha destacado por la entrega masiva de títulos de propiedad a los campesinos, muy por encima de lo que se ha hecho en administraciones anterio­res. Desde que asumió este gobierno, el Indert ha entregado más de 7.500 títulos de propiedad a los agricultores, cifra muy elevada si se considera que en el gobierno anterior se entregaba un promedio de 900 títulos por año. “Nosotros estamos por encima del 500 por ciento de lo que se venía realizando”, manifestó el responsa­ble de la entidad.

Otro dato que muestra la importancia de la tarea que desarrolla la actual administra­ción del ente es que, desde agosto de 2023, cuando asumió el gobierno del presidente Peña hasta diciembre último, el Indert invirtió en sus proyectos el equivalente a 399 millones de dólares. En el gobierno anterior, en los cinco años de su gestión, invirtió solo 255 millones de dólares.

Otro detalle que muestra la eficiencia de las autoridades actuales: la tasa de morosidad de la institución durante el gobierno anterior era del 80 %, mien­tras que ahora es tan solo del 10 %. Lo que quiere decir que está trabajando mejor para recaudar más fondos de los deu­dores del ente con el fin de financiar sus inversiones y gastos.

El papel del Indert como entidad que se ocupa de los campesinos es relevante, pues en gran medida nuestro país está cubierto por zonas rurales con un gran porcentaje de habitantes. Aunque la población de labriegos ha disminuido frente a la que vive en zonas urbanas, resulta todavía de gran trascendencia económica y política. Y merece una aten­ción especial, como la que le está dando el Gobierno.