Durante mucho tiempo las pequeñas y medianas empresas (mipymes) fueron relegadas de las políticas públicas para su consolidación y fortalecimiento, al punto que el funcionamiento de las mismas se encontraban en permanente riesgo.
Ocurría que mientras la economía cambiaba como de hecho sin duda sucedió en nuestro país, las reglas de juego para dichas unidades productivas y de servicios se volvieron obsoletas para acompañar esos cambios.
Los obstáculos por los que atravesaban las mipymes se fueron convirtiendo en barreras infranqueables que conducían a numerosos problemas de sobrecostos en todos los órdenes donde la corrupción y los trámites terminaban con las iniciativas de los emprendedores, los que finalmente veían truncados sus deseos y oportunidades de construir sus propios negocios.
Es de mencionarse al respecto que en nuestro país las mipymes representan el mayoritario e importante porcentaje del 95 por ciento de las unidades económicas y que gran parte de las mismas, casi el 80 por ciento, se encuentran en la informalidad. Esta situación las deja sin el apoyo correspondiente especialmente en cuanto a desburocratizar sus procesos de creación y de cumplimiento de diferentes normativas que las afectan.
Si tomamos en cuenta esta situación, como país requerimos contar con cada vez más mipymes debido a su importante contribución a la economía puesto que prácticamente 8 de cada trabajadores están relacionados a las mipymes. Por ende, resulta inexcusable evitar que estas empresas vayan desapareciendo pues son miles de puestos de trabajo en juego que bien podrían aumentar sus ganancias y así contratar todavía a más gente.
Estos fueron los motivos que hicieron que el Poder Ejecutivo tenga a bien de elevar al Congreso una ley con referencia a las mipymes y que hoy se encuentra aprobada como Ley n.° 7444. De modo correcto la iniciativa del Ejecutivo y luego el Congreso con su tratamiento y aprobación consideraron de imperiosa necesidad ofrecer incentivos a estas empresas mediante su formalización a través de créditos para financiar las actividades del sector con cooperación técnica para el desarrollo empresarial.
La iniciativa del Poder Ejecutivo consideró poner en práctica la exoneración de tasas por servicios durante los primeros tres años de operación con descuentos de hasta el 75 por ciento para las cuatrocientos mil (400.000) mipymes existentes en el país.
Se estableció en la ley, igualmente, un período de tres años para que las empresas puedan formalizarse sin carga de impuestos ni la obligación de aportar en aquel periodo al Instituto de Previsión Social (IPS) con un régimen especial del 80 por ciento del salario mínimo oficial. De este modo, las mipymes cuentan desde ahora con un marco institucional moderno y realista para seguir creciendo.