Durante mucho tiempo las pequeñas y media­nas empresas (mipy­mes) fueron relegadas de las políticas públicas para su consolidación y fortalecimiento, al punto que el funcionamiento de las mismas se encontraban en per­manente riesgo.

Ocurría que mientras la economía cambiaba como de hecho sin duda sucedió en nuestro país, las reglas de juego para dichas unidades pro­ductivas y de servicios se volvie­ron obsoletas para acompañar esos cambios.

Los obstáculos por los que atrave­saban las mipymes se fueron con­virtiendo en barreras infranquea­bles que conducían a numerosos problemas de sobrecostos en todos los órdenes donde la corrupción y los trámites terminaban con las iniciativas de los emprendedores, los que finalmente veían trunca­dos sus deseos y oportunidades de construir sus propios negocios.

Es de mencionarse al respecto que en nuestro país las mipymes repre­sentan el mayoritario e impor­tante porcentaje del 95 por ciento de las unidades económicas y que gran parte de las mismas, casi el 80 por ciento, se encuentran en la informalidad. Esta situación las deja sin el apoyo correspondiente especialmente en cuanto a desbu­rocratizar sus procesos de crea­ción y de cumplimiento de diferen­tes normativas que las afectan.

Si tomamos en cuenta esta situa­ción, como país requerimos contar con cada vez más mipymes debido a su importante contribución a la economía puesto que práctica­mente 8 de cada trabajadores están relacionados a las mipymes. Por ende, resulta inexcusable evitar que estas empresas vayan desapa­reciendo pues son miles de pues­tos de trabajo en juego que bien podrían aumentar sus ganancias y así contratar todavía a más gente.

Estos fueron los motivos que hicieron que el Poder Ejecutivo tenga a bien de elevar al Con­greso una ley con referencia a las mipymes y que hoy se encuen­tra aprobada como Ley n.° 7444. De modo correcto la iniciativa del Ejecutivo y luego el Congreso con su tratamiento y aprobación consideraron de imperiosa nece­sidad ofrecer incentivos a estas empresas mediante su formali­zación a través de créditos para financiar las actividades del sec­tor con cooperación técnica para el desarrollo empresarial.

La iniciativa del Poder Ejecutivo consideró poner en práctica la exo­neración de tasas por servicios durante los primeros tres años de operación con descuentos de hasta el 75 por ciento para las cuatro­cientos mil (400.000) mipymes existentes en el país.

Se estableció en la ley, igualmente, un período de tres años para que las empresas puedan formalizarse sin carga de impuestos ni la obliga­ción de aportar en aquel periodo al Instituto de Previsión Social (IPS) con un régimen especial del 80 por ciento del salario mínimo oficial. De este modo, las mipymes cuen­tan desde ahora con un marco ins­titucional moderno y realista para seguir creciendo.

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