La entrega de lotes de terrenos y sus títulos de propiedad respectivos a los campesinos del país sujetos a la reforma agraria ha alcanzado un récord histórico con la actual admi­nistración estatal. Los números máxi­mos se han podido lograr gracias a que con el gobierno del presidente Santiago Peña se han tomado las medidas nece­sarias para facilitar la tarea y debido a la capacidad de trabajo demostrada por la directiva del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). A esto hay que añadir que los campesi­nos están depositando su confianza en la institución, como nunca antes, debido a que la dirección de la entidad está traba­jando de manera convincente y poniendo su máximo empeño en cumplir con los requerimientos de la población rural. Hoy lo que importa es la entrega y titulación de las tierras para los campesinos y no los requerimientos absurdos de una buro­cracia inútil que nunca cumplió debida­mente el propósito de repartir las propie­dades a sus tenedores e interesados.

Para tener en cuenta la importancia de la tarea realizada por el Indert en la admi­nistración del presidente Peña hay que confrontar los números con los de ges­tiones anteriores. Desde la fecha en que asumió el gobierno actual, en agosto del 2023, hasta los primeros días de este mes que está culminando el Indert ha trami­tado y entregado 7.500 títulos de propie­dad para los beneficiarios de la reforma agraria. En el gobierno anterior apenas se titulaba un promedio de 927 lotes por año, con lo cual para alcanzar los 7.500 lotes gestionados por el nuevo gobierno en sus 16 meses de tarea se necesitarían 8 años, un periodo gubernamental com­pleto y tres años más.

La administración actual del Indert ha invertido desde agosto de 2023 hasta diciembre de este año el equivalente a 399 millones de dólares, en tanto que el gobierno anterior, en cinco años de gestión, solo realizó inversiones por el equivalente de 255 millones de dólares. Lo que quiere decir que la administra­ción de Santiago Peña en menos de un año y medio ha desembolsado 56,47 % más para asegurar la reforma agraria con la entrega de tierras que el gobierno de Mario Abdo durante el quinquenio que le tocó manejar la nación paraguaya. Las comparaciones no siempre son agrada­bles, pero son el único instrumento para confrontar con equidad los diferentes capítulos de la realidad nacional.

Otro dato importante para evaluar la situación es que cuando en agosto del año pasado asumió la nueva administración del Indert, la tasa de morosidad era del 80 %. Hoy, luego del tiempo transcurrido con las nuevas autoridades, el atraso en el cumplimiento de las cuotas ronda el 10 %. Esto se debe al mejor trabajo rea­lizado por la directiva actual y la mayor confianza que le inspira al campesino.

Aparte de la rápida titulación de las tie­rras, ahora al campesino no le cuesta nada adicional para tener su título de propiedad. Anteriormente, cuando alguien gestionaba los documentos para la titulación, el dinero que pagaba era de entre 6 millones a 7 millones de guara­níes. Hoy día, para obtener el título de propiedad ya no se paga una suma adi­cional como antes, porque en las cuotas que entrega mensualmente el campesino ya está incluido el valor de la titulación del inmueble. Esto abarata considerable­mente la posesión de las tierras con rela­ción a las exigencias de las administra­ciones anteriores.

Fuentes del Indert refirieron que la falta de titulación que anteriormente era un problema crónico se solucionó en la actualidad mediante el método denomi­nado Barrido Predial Masivo. Esto per­mitió a comunidades enteras a acceder a sus títulos de propiedad, en algunos casos incluso luego de más de 30 años de espera.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de campesinos del país que no han podido solucionar su problema de la tierra pro­pia, la tarea encarada últimamente tiene una enorme trascendencia económica y social. Porque con el título de propiedad, el dueño puede conseguir créditos en el sistema bancario y financiero para rea­lizar inversiones y aumentar la produc­ción. Y con ello se abren enormes posibi­lidades para mejorar la economía propia y de la comunidad, con todo lo que ello implica para un gran porcentaje de la población nacional.