La irresponsabilidad de la administración anterior con­tinúa castigando a la sobresa­liente industria de la cons­trucción con deudas arrastradas, producto del incumplimiento de los compromisos asumidos por el Minis­terio de Obras Públicas y Comuni­caciones bajo el mando de Arnoldo Wiens.

Esta desidia, lógicamente arrastra un perjuicio enorme al Estado, prin­cipalmente a los contribuyentes ya que las siderales deudas contraídas generaron también grandes inte­reses cuyo reclamo recae sobre las espaldas del actual gobierno.

La gestión Wiens había acumu­lado una deuda superior a USD 350 millones con las constructoras, con maniobras escandalosas ya que adju­dicaron proyectos a pesar de no tener presupuesto asignado.

Producto de la discrecionalidad en el fin de asegurar contratos, princi­palmente a clientes de empresas del expresidente ocasionó millonarios intereses bancarios que rondan los USD 100 millones y que hoy las con­tratistas reclaman.

Este bicicleteo con el pago a las con­tratistas del sector de la construcción por parte del MOPC no solo significó una gestión desprolija, sino también cruel, de mala fe, considerando los datos que trajo a colación la Con­traloría General de la República en una auditoría que develó la perversa administración que caracterizó a esta institución que estuvo a cargo de un incondicional a los negocios del expresidente Mario Abdo Benítez.

Entre las observaciones de la CGR, figura que el MOPC no registró en su pasivo institucional la totalidad de los compromisos financieros con fir­mas contratistas del Estado, al 31 de agosto de 2023.

Es decir, “se les olvidó' consignar una deuda que asciende a más de G. 2,4 billones, alrededor de USD 350 millones que se agravó con la autori­zación de pagos a través de cesiones de derecho de cobro y con ello el com­promiso pendiente subió a los USD 450 millones.

Lo que hicieron en el MOPC “signi­ficó una distorsión de la realidad de los estados financieros de la cartera ministerial, dificultando la exposi­ción veraz de la situación contable, económica y patrimonial del ente ministerial”, se subraya en el docu­mento de auditoría.

Salieron de las normas, el apuro no era la infraestructura sino gene­rar facturaciones, no importa si se adeudaba al país, el negocio, espe­cialmente el del asfalto debía correr sobre rieles. De hecho, así fue, las dis­tribuidoras de asfalto del exmanda­tario aumentaron 70 veces más sus facturaciones vendiendo a contratis­tas del Estado, la prioridad eran las rutas, pese a que el país necesitaba vacunas ya que esas bonanzas fueron mayoritariamente en pandemia por el Covid–19.

Con la maniobra hicieron trabajar a las constructoras con promesas de pago y deudas que cargan con inte­reses a costa de los contribuyentes que hoy, se constituyen en secuelas que necesariamente deben ser sub­sanadas, en el marco de los trámites legales.

Varias constructoras manifesta­ron estar al borde de la quiebra como consecuencia de la bicicleteada por parte del anterior gobierno.

No olvidemos el efecto multiplicador del empleo que tiene la industria de la construcción lo que una coyuntura crítica se traduce en un golpe directo a la clase trabajadora.

Urge encontrar el mecanismo de paliar la situación y aplicar los con­troles, las sanciones como las denun­cias y pedidos de intervención, nece­sarios para que los responsables asuman las consecuencias de sus actos.