Diciembre, mes de cierre de cada año, genera mucha expectativa para la clase trabajadora como para el mercado en general, llámese comerciantes, prestadores de servicios, microemprendedores, etc. El pago de bonificaciones, premios y principalmente de aguinaldo, un derecho fundamental, inembargable e irrenunciable, dinamizan la economía amortiguando un tanto los golpes que esta pudiera sufrir en cada período.
El décimo tercer sueldo más comúnmente conocido el aguinaldo es un recurso que ayuda a aplacar algunas angustias para ese sacrificado sector productivo y, por ende, al resto de la economía por su efecto circulante. Esta es una razón más que valedera, pero ante todo un derecho legal que torna inadmisible que se siga incumpliendo el pago correspondiente.
El pago de aguinaldo es obligatorio por ley. Esto debe ser respetado íntegramente y los entes de control como el Ministerio del Trabajo y otros deben ser eficientes en garantizar que se cumplan con las erogaciones antes de cada 31 de diciembre a los respectivos beneficiarios de este derecho consagrado en el artículo 243 del Código Laboral.
El Estado tiene que articular todas las acciones posibles para blindar este derecho, uno de los más sensibles que tienen los trabajadores.
Este 2024 inauguramos el año con 280 denuncias por incumplimiento de pago de aguinaldo.
La reacción del Ministerio del Trabajo, a juzgar por los hechos difundidos, fue firme en accionar contra los infractores, al punto de impulsar fiscalizaciones y allanamientos en firmas morosas con sus colaboradores. Sin embargo, las medidas reactivas si bien implican un respaldo para los vulnerados en su derecho, llevan tiempo, a veces largos y tediosos procesos cuyos resultados no son tan buenos para el beneficiario al momento que se finiquitan.
Hay que acudir a iniciativas preventivas. De hecho, en estos días el ministerio lanzó una campaña para concientizar sobre la importancia y el cumplimiento en el pago del beneficio. Pero necesariamente debe seguir innovando estrategias, endureciendo sanciones para que los números de incumplimiento no sigan aumentando y dejando sin derecho fundamental a las familias de los trabajadores.
Empresas deben ser responsables con sus colaboradores y con el Estado cumpliendo en tiempo y forma con las leyes que rigen para el funcionamiento corporativo.
Los entes rectores laborales conocen cuáles son los rubros más propensos en caer en la infracción, por ello, se deben adoptar programas que apunten a paliar la situación. Principalmente planes que tornen más amigable la relación obrero-patronal que blinden los derechos de los subordinados como el capital. Si ambos sectores se fortalecen, gana el país con una economía menos conflictiva e impredecible.
La consigna debe ser que sigan disminuyendo las denuncias por incumplimientos de pago del décimo tercer sueldo. De ser posible y esto no es un objetivo muy ambicioso: hay que acabar con la mora de aguinaldos.
Con el cumplimiento de las leyes nos beneficiamos todos. Hacia ahí debe ser la mirada del Estado que debe ser el conciliador para que estos problemas tengan una solución determinante, con resultados favorables para todos los involucrados.
No hay que escatimar recursos en las políticas de Estado que subsanen estas tristes realidades de incumplimiento de derechos laborales ya sean más fiscalizadores, conciliadores y obviamente jueces que castiguen la mala fe que pudieran darse, etc.
Todos los que habitamos este territorio tricolor ansiamos pasar unas fiestas con salud, amor prosperidad. Abogamos porque cada familia pueda brindar con el producto de su esfuerzo en la mesa, privar de este momento por causa de derechos laborales cercenados es un retroceso y necesitamos mirar para adelante, apuntalar el mañana haciendo cada uno lo que nos corresponde desde el lugar que estamos.
El Gobierno debe ser más eficiente insistiendo a través de las instituciones rectoras con el cumplimiento del pago del aguinaldo.