El ministro del Con­sejo Nacional de Defensa (Codena), contraalmirante Cíbar Bení­tez, anunció que el Gobierno de Paraguay ratifica toda cooperación con la Adminis­tración de Control de Dro­gas (DEA, por sus siglas en inglés) y que dicha coopera­ción incluso se extenderá a otras instituciones, como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y otras.

El anuncio se dio a través de una conferencia de prensa, en la que se informó sobre la respuesta que recibió la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad) con relación a la primera nota remitida el 6 de diciembre pasado, res­pecto a la culminación de la participación de Senad en el programa.

La contestación de Estados Unidos a Paraguay menciona que se debe dar un proceso de 90 días antes de una inte­rrupción. Ante esto, Para­guay pide mantener esa cooperación, dejando sin efecto la nota n.° 712 de la Senad, y hacer un nuevo memorando.

Al respecto, explicó que en respuesta a esta nota del organismo estadounidense que recibió ayer el titular de la Senad, Jalil Rachid, ya se remitió de vuelta una misiva a la DEA en la cual menciona que el memo­rándum de entendimiento entre el Ministerio Público, el Estado paraguayo, la Poli­cía Nacional del Paraguay, la institución a su cargo por un lado, y la DEA por el otro, res­pecto a la Unidad de Investi­gación Sensitiva (SIU Para­guay) que hoy día está vigente no fue contemplada en la nota enviada el pasado 6 de diciembre; por esa razón soli­citaron dejar sin efecto.

El ministro Benítez remarcó que es un hecho que el citado memorándum de entendi­miento del 2022, no obra en los registros.

“Ahora bien se ratifican plenamente todos los términos de aquel convenio de 2022, solicitando mantener una mesa de diálogo, para seguir potenciando la cooperación a fin de maximizar los resultados de la lucha contra el tráfico internacional de drogas y delitos conexos”, explicó el ministro.

Añadió que con esto, el Gobierno de Paraguay ratifica el convenio 2022 válido hasta ahora. “Aparte de eso, segui­mos con la misma intención que nosotros en principio habíamos dicho que se trataba de una reorganización, o una reprogramación, o bien una reconsideración de los térmi­nos de ese convenio”, dijo.

En otro momento, ratificó que la intención en todo momento fue fortalecer la lucha contra el crimen organizado trasna­cional, que incluye el narcotráfico, donde la Senad tiene un papel protagónico. Explicó que en este plan, es que se busca ahora, anexar a ese convenio con la DEA de 2022 a otras ins­tituciones del Estado.

“Nos gustaría por ejemplo incluir a la Seprelad, que no forma parte de este convenio, de tal manera que podamos ser aun más beneficiarios de parte de esa ayuda que tenemos de la DEA. Esto va continuar con mayor fuerza seguramente”, enfatizó.

El Gobierno nacional continuará con más fuerza su lucha frontal contra el narcotráfico y el cri­men organizado, tarea para la que seguirá trabajando con la Administra­ción de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Lo hará mediante una agenda fortalecida, lide­rado por el Consejo de Defensa Nacional (Codena). No hay ni habrá ninguna falta de cooperación entre Paraguay y el orga­nismo norteamericano, como han seña­lado algunos medios de comunicación, sin haber consultado a los organismos esta­tales ni tener en cuenta la postura oficial de las autoridades nacionales competen­tes. Nunca hubo ruptura con el organismo norteamericano sino solo una reestructu­ración del sistema de operaciones que con­tará con la participación, no ya de solo una secretaría de Estado, sino con la presencia de los organismos especializados del país en la lucha contra el crimen.

A raíz de la publicación de un diario nor­teamericano, que no contaba con todos los datos de la situación, tomó cuerpo la ver­sión de que el Gobierno paraguayo cortaba la cooperación que realiza la DEA con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Y así corrió rápidamente la especie de que se había terminado el acuerdo de ayuda que prestaba la institución estadounidense, hecho que debilitaría la lucha del país con­tra los delitos más sonados del crimen internacional. Lo que no es verdad.

Las palabras de la suprema autoridad del país, el presidente Santiago Peña, y las del vocero del máximo organismo de la defensa nacional, resaltan que no es real lo que publicaron algunos medios periodísticos y que la verdad es que la cooperación será aún de mayor nivel.

El primer mandatario resaltó que quería reafirmar “la firme convicción y determi­nación de la lucha frontal contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y con­tra todos los delitos trasnacionales, que le hacen un enorme daño al Paraguay y a todos los países de nuestra región”. Aclaró que su gobierno no busca menos colabora­ción, como han señalado algunos. “Bus­camos más colaboración y esto nos lleva a hacer un trabajo al interior nuestro, de mejorar nuestras capacidades y nuestra operativa, y a nivel internacional en refor­zar los convenios de cooperación que se han firmado ya a lo largo de 15 años”, expesó. Precisó que lo que se pretende es poder tener la posibilidad “de revisar toda nuestra agenda de cooperación y ser más ambicio­sos en lo que queremos alcanzar”.

El contralmirante Cíbar Benítez, direc­tivo del Codena, señaló que la presencia de la DEA es fundamental. “La lógica es que necesitamos esa cooperación. Lo que se hará es potenciar y reforzar su presencia en nuestro país. No hay una ruptura”, aclaró.

Para desterrar cualquier posible malen­tendido, el jefe militar apuntó: “Nosotros, como país soberano, hemos de consolidar la reorganización tal como creemos que será más efectiva en el ámbito operativo. La DEA trabajará conjuntamente con todas las instituciones que tengan que ver con segu­ridad y defensa. Recurrimos al concepto de soberanía, en el sentido de que nosotros queremos organizarnos internamente para aprovechar mejor su presencia o de cual­quier organismo internacional que quiera alinearse con el Paraguay en la lucha con­tra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”.

El contralmirante Benítez aseguró que la Senad trabajará con la DEA, liderando la reestructuración en curso. “Estamos visando un nuevo convenio donde noso­tros en coordinación con ellos pongamos las condiciones para que se tenga un mejor resultado. Hay un equipo formado por quie­nes somos parte del Codena para seguir con esta negociación con la DEA”, resaltó.

El Codena, como máximo organismo de defensa, está compuesto por el presidente de la República, los ministros de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Inteligencia, además del general de más alto cargo en las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA. y el secretario del organismo.

El Gobierno nacional tiene y debe tener la máxima responsabilidad en la conduc­ción de los asuntos del país, por lo que debe señalar en qué y cómo deben cooperar los organismos internacionales en las cuestio­nes internas. Como nación soberana y libre, el Paraguay, a través de los responsables de las instituciones del Gobierno, tiene la última palabra en materia de cooperación en aras de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Nuestro país está culminando un año con buenas cifras mediante las excelentes recau­daciones frente a los gastos relativamente prudentes que está reali­zando. Los números son elocuentes y dan pie a un moderado optimismo para reci­bir el 2025 con la idea de continuar por la senda adecuada.

El hecho de que el Estado está gastando porcentualmente menos dinero frente a sus ingresos que en años anteriores es un punto positivo en la administración del país. Si uno recauda 100 y gasta 101, tiene un déficit del 1 %. Esta situación es mucho mejor que si con ese mismo ingreso estu­viera erogando 105, con lo que el saldo negativo es mayor.

Técnicos del área económica del Gobierno explicaron que uno de los logros que se está obteniendo en este año es que el déficit fiscal acumulado hasta noviembre último es de 1,8 % del producto interno bruto (PIB) y que este resultado está en línea con el déficit de 2,6 % que está previsto en el Presupuesto General de la Nación para el año 2024.

El hecho de que el déficit fiscal está decli­nando es un tema que hay que celebrar como un paso más hacia los logros finan­cieros que se propone la administración estatal. Acercarse al equilibrio macro­económico, que es una preocupación para cualquier administración que quiere hacer bien las cosas, es un logro que se irá alcan­zando de manera paulatina.

Se entiende por déficit fiscal el que los gas­tos de un Gobierno superan sus ingre­sos en un período de tiempo. Es un con­cepto económico de gran importancia que ayuda a entender la salud financiera de una nación. Si el déficit del fisco es elevado, representa un hecho preocupante, porque indica que está gastando mucho más de lo que es capaz de recaudar, y que para gas­tar el dinero que no tiene está recurriendo a endeudarse prestando plata de entida­des financieras que cobran intereses por ello. Recurrir a los préstamos para enfren­tar los gastos de funcionamiento de una administración es la señal más clara de que la situación económica no está muy bien, aunque en la medida en que los requeri­mientos son pequeños y manejables no resultan preocupantes. Por eso la Ley de Responsabilidad Fiscal establece que el déficit estatal no tiene que superar el 1,5 % del PIB. Porcentaje del que se está muy cerca para volver a los niveles anteriores a la pandemia del covid-19.

Las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelan que de enero a noviembre los ingresos totales registraron un aumento del 16,8 %. Esto se debe a que las recaudaciones tributarias continua­ron creciendo, con un incremento del 20,7 %. Por su lado, los gastos tuvieron un alza del 16,2 % debido especialmente al pago de los intereses de la deuda pública, mayores gastos en la adquisición de medicamen­tos para los hospitales públicos y al incre­mento de salarios en sectores considera­dos estratégicos, como los ministerios de Educación y Ciencias, de Salud Pública y las fuerzas públicas.

Uno de los propósitos de los técnicos que manejan la economía es que en el 2025 se llegue el déficit fiscal al 1,5 % del PIB para cumplir las disposiciones de responsabi­lidad en el manejo del dinero público. La decisión política del Gobierno para ate­nerse a las recomendaciones de los espe­cialistas está demostrada en la aprobación de la nueva Ley del Presupuesto General de la Nación para 2025 en que se ven aco­tados los gastos a niveles considerados prudentes para que no se disparen inde­bidamente y se conviertan en derroches innecesarios.

Uno de los aspectos plausibles del presu­puesto del año venidero es que aumentará la erogación de fondos para los sectores sociales. Sin sacrificar asuntos importan­tes hará hincapié en los programas desti­nados a ayudar a la gente más necesitada, como Hambre Cero en las Escuelas y la asistencia alimentaria para adultos mayo­res, que es una de las novedades. La ayuda a los ancianos irá más allá de la alimenta­ción, pues aparte de la comida se quiere dar un auxilio integral que contemple activi­dades grupales y apoyo multidisciplinario.

La apuesta estatal es sanear las finan­zas públicas para que haya menos déficit y mejorar la situación de los sectores socia­les necesitados mediante la utilización de los recursos provenientes del pago de impuestos y cargas fiscales.

A dos semanas del inicio del nuevo año el Gobierno está afilando los números con los que va a finan­ciar el enorme aparato del Estado y avivar los emprendimientos de ayuda social a los diferentes sectores de la socie­dad paraguaya para 2025. Así como las familias a comienzo de cada mes van orde­nando sus finanzas para ver cómo y con qué van a pagar sus gastos de subsistencia y los aportes principales para su buen funciona­miento, de ese modo el Estado se prepara para enfrentar los requerimientos de cada año que se inicia.

Si no es fácil lo primero, preparar y dar vida a los ingresos y egresos del país para 12 meses es mucho más complicado. Aunque con la tecnología, la habilidad de los técnicos espe­cializados en el ramo y las directivas de la política del Gobierno se puede lograr un resultado equilibrado y positivo. Que es la tarea que está realizando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en estas últi­mas semanas de diciembre.

Cada año el país aumenta sus erogaciones con una gran cantidad de gastos que no puede eludir, en su mayor parte para hacer andar sin sobresaltos el enorme aparato estatal y algunos casos para asuntos que podían ser prescindibles y hasta cuestio­nables.

Por eso es positivo saber que el Gobierno está procurando dirigir esos gastos en mayor medida hacia asuntos de gran importancia social que ayudarán a mucha gente necesi­tada. Que es lo que ha explicado reciente­mente la vocera del Poder Ejecutivo, Paula Carro, a una emisora del grupo Nación Media.

La funcionaria hizo hincapié en que más del 75 % del presupuesto estatal se desti­nará al sector social. Teniendo en cuenta la tradicional tendencia presupuestaria gubernamental, en que la mayor parte del dinero se destina a salarios de los emplea­dos públicos, es difícil admitir esa versión a primera vista. Porque hay que ver los cri­terios utilizados para esa afirmación. Pero lo significativo es que el Estado esté dedi­cando más recursos públicos que nunca para enfrentar los requerimientos de gran­des grupos de personas necesitadas. Que es lo que importa a la hora de definir las políti­cas públicas.

Explicó que este presupuesto, que es el pri­mero elaborado totalmente bajo la responsa­bilidad del gobierno de Santiago Peña, refleja la idea de que los sectores más vulnerables tengan una respuesta efectiva y rápida del Estado. Por eso la mayor parte del programa de gastos está encaminado a financiar los proyectos sociales, la educación, la situación de los adultos mayores, los programas de vivienda, el fortalecimiento de la seguridad pública. “El proyecto refleja el interés que tiene el presidente Santiago Peña en darle cada vez más participación al aspecto social en esta herramienta de políticas públicas”, manifestó.

Para hacer frente a esa preocupación social, explicó que se logró aumentar el presu­puesto en 3,2 billones de guaraníes para los sectores prioritarios. Para la salud pública se prevén 900.000 millones de guaraníes más que en el presupuesto de este año, en que se incluye 189.000 millones para la adquisición de medicamentos para el tratamiento del cáncer.

Para el programa Hambre Cero en las Escue­las se preparan 2,3 billones de guaraníes para cubrir la totalidad de los alumnos de las escuelas públicas desde febrero, que será la gran novedad del nuevo año. También se incluyen 260.000 millones de guaraníes más para la educación superior. En tanto que para aumentar la cobertura de seguri­dad con más efectivos policiales se prevén 575.000 millones de guaraníes adicionales.

El proyecto de ley de presupuesto general ya se aprobó en el Congreso y el Poder Ejecutivo lo promulgará sin ningún tipo de modifica­ciones. Lo que quiere decir que ese valioso instrumento financiero y administrativo ya está listo para su aplicación. Para realizar los gastos previstos, el fisco debe mante­ner la buena recaudación que ha registrado durante la gestión de este gobierno, que es la mejor en muchos años.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributa­rios (DNIT) tiene que continuar su ritmo de percepción de impuestos para hacer frente a los requerimientos venideros. Si la economía sigue creciendo como hasta ahora, es proba­ble que aumenten aún más sus percepciones impositivas teniendo en cuenta la capacidad demostrada para recaudar. Esto será funda­mental para que el Estado enfrente las inver­siones y otros gastos que aguardan en 2025.