Los países emergentes tienen un rezago en la construcción y mantenimiento de diversas obras públicas. Afortunada­mente, con las legislaciones de alianza público-privada (APP), los contratos de concesión y llave en mano aprobadas durante el gobierno del entonces presi­dente de la República Horacio Cartes, nuestro país fue logrando importantes avances en la materia.

Como sucede en todas partes, el pro­blema es conseguir los fondos necesa­rios para la construcción de infraes­tructura. Las empresas privadas deben contar con el incentivo necesa­rio mediante una rentabilidad acorde con sus costos. Para ello, la captación de recursos es de vital importancia y la manera de conseguirlos es mediante modernas reglas de juego de carácter normativo.

Precisamente, es lo que viene impul­sando el gobierno del presidente San­tiago Peña con agregados acordes a la experiencia lograda en estos años para volverlos todavía más accesibles para las empresas privadas dedicadas al ramo.

El Ejecutivo, en efecto, ha tomado la iniciativa de modernizar el régimen normativo relacionado a las políticas públicas que hacen a la construcción y mantenimiento de las diversas obras de infraestructura mediante procedimien­tos menos engorrosos y de esa manera aprovechar el grado de inversión obte­nido recientemente. Esto hará que cor­poraciones de porte internacional se interesen en esta área incluso en asocia­ción con empresas nacionales.

Existen importantes fondos en el mer­cado internacional con dinero dispo­nible para su radicación en nuestro país debido a su estabilidad tanto polí­tica como económica cuyo corolario de explicación está en el grado de inversión recientemente obtenido.

De igual manera y en atención a tan importante tema de interés nacional, resulta importante dejar expresado que en ningún modo es necesario romper o debilitar la sostenibilidad fiscal para lle­var a cabo obras de infraestructura.

El involucramiento del sector privado mediante su adecuada redefinición en la búsqueda de la eficiencia y transpa­rencia del sector estatal con incenti­vos en áreas fiscales como de procedi­miento permitirán que los recursos no tengan que ser proveídos únicamente por el Estado con medidas de expansión monetaria y fiscal que, como sabemos, conducen irremediablemente a que­brantos que dañan a los contribuyentes.

Es un error conceptual desde el punto de vista de las finanzas y de la economía, por ende, considerar que el control del déficit fiscal –como se está haciendo en este momento– sea una forma de frenar las obras de infraestructura.

Por el contrario, no podemos darnos el lujo de romper con lo que nos permite ser vistos como estables y seguros ante los mercados internacionales y obtener el grado de inversión.

Los recursos están disponibles en los mercados internacionales para de ese modo no tener que cargar sobre la ciuda­danía los desvaríos de teorías y prácticas fracasadas, motivo por el cual está muy bien lo que el Gobierno pretende hacer mediante medidas fiscales y de proce­dimientos menos burocráticos para el involucramiento del sector privado en las obras de infraestructura.