La suspensión del proyecto metrobús, una de las grandes obras promovidas durante el gobierno de Horacio Cartes que iba a beneficiar a miles de usuarios del transporte público, terminó generando graves consecuencias para el Estado paraguayo. La suspensión, decidida de manera insólita por la administración de Mario Abdo Benítez, no solo tuvo un perjuicio serio para el transporte urbano del área metropolitana de Asunción, sino que terminó exponiendo al país a una demanda multimillonaria. Los artífices de este enorme daño fueron Mario Abdo Benítez y su ministro de Obras Arnoldo Wiens, quienes en lugar de gestionar y optimizar el proyecto, de llevarlo adelante –dada la importancia del servicio– optaron por una cancelación abrupta, motivados por un revanchismo político inaudito.
La consecuencia inmediata fue una demanda de la constructora portuguesa Mota Engil, encargada del proyecto, que reclamó –como era lógico– ante tribunales internacionales una compensación millonaria por la suspensión. La demanda prosperó y el Estado paraguayo fue condenado en un laudo arbitral a pagar alrededor de 19 millones de dólares, considerando los intereses. Esto es una carga financiera significativa para el país, derivada de una gestión cuestionable de los fondos y proyectos de infraestructura.
La intervención de la Procuraduría General de la República del Gobierno actual, encabezada por Marco Aurelio González, ha sido crucial para frenar esta enorme sangría de fondos. Gracias a su recurso, un tribunal de cuentas revirtió el fallo inicial, reduciendo restrictivamente la condena y permitiendo al Estado paraguayo ahorrar unos 16 millones de dólares. Este logro representa un importante respiro para el país y refleja el esfuerzo por proteger los recursos públicos.
La decisión de suspender el metrobús y no explorar opciones viables para continuar con el proyecto mostró una evidente falta de visión y de que la motivación se basaba en el revanchismo y en discontinuar políticas y programas que habían comenzado en el mandato anterior. La urgencia de dar soluciones para ofrecer un transporte para Asunción y área metropolitana fue reemplazada por la maliciosa decisión de cancelar la obra, en un proceso que hoy a todas luces fue una irresponsabilidad.
La Procuraduría General no solo salvaguardó el interés económico del país, sino que expuso las consecuencias de decisiones mal fundamentadas en proyectos de alto impacto. Este caso ilustra cómo la gestión de Abdo no solo privó a la ciudadanía de un sistema de transporte digno, sino que también puso en riesgo los fondos públicos, que finalmente serían dirigidos al pago de la sanción impuesta por el laudo arbitral. Pago que, afortunadamente y por acción de la actual administración de gobierno se evitará una grave sangría.
La derivación del caso metrobús refuerza la necesidad de que los proyectos de infraestructura no se vean como puntos de fricción política, sino como verdaderos compromisos con el desarrollo, donde la necesidad de satisfacer las grandes demandas ciudadanas, sean satisfechas y no relegadas por el simple hecho de haber sido propuestos por un gobierno contrario.
El resultado dado por la Justicia, que consideró que el laudo arbitral ni siquiera consideró las leyes paraguayas, también pone en evidencia la importancia de valorar en su real dimensión y el impacto que pueden tener la decisión de cancelar o suspender obras, sobre todo cuando estas involucran a empresas internacionales y comprometen el patrimonio del país.
Con la procuraduría alcanzado un logro de carácter histórica, y evitar que el Paraguay pague más de 16 millones de dólares, queda claro que es posible resguardar los intereses nacionales, aunque se trate de corregir errores de gobiernos anteriores que pusieron en riesgo estos mismos intereses por represalias políticas.