Si hay un sector que incumbe a los intereses de la gente que a diario se moviliza en el área metropolitana es el del ser­vicio del transporte público y más cuando ningún gobierno a la fecha se animó a realizar cambios sus­tanciales como ahora lo propone el gobierno del presidente Santiago Peña.

Lo que se tiene en este momento está mal y resulta denigrante para los pasajeros. El servicio no favorece a los usuarios, lo que repercute entre otros casos en la productividad del trabajador que no puede al menos descansar durante el recorrido que hace desde su casa a su lugar de tra­bajo y viceversa. Gran parte de los buses están en malas condiciones sin el cuidado mecánico respectivo que resalte en calidad y comodidad para la gente.

Esto no puede continuar y menos aún cuando lo padecen 2 millones de per­sonas a diario.

Se necesita cambiar este modelo de servicio en el transporte público por­que ha fracasado y seguirá fraca­sando, dado que es de necios espe­rar resultados diferentes si se sigue haciendo lo mismo con algunos supuestamente cambios que no son más que parches, pero que en el fondo perpetúan los mismos problemas.

El gobierno del presidente Santiago Peña está abocado a cambiar esto. Para ello tiene un anteproyecto de ley de reforma del transporte público a impulsarse desde el Minis­terio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC).

El anteproyecto de ley del Ejecutivo, entre otros planteamientos, pro­pone un cambio de fondo desde el punto de vista económico, principal causante del deterioro que se padece a la fecha, así como también plantea dejar el modelo de licitación por iti­nerario que provoca una innecesaria y cada vez más incómoda movilidad en el tránsito en general que no solo afecta a los pasajeros de buses sino también para el que utiliza su vehí­culo particular.

Es de destacarse que la iniciativa del Ejecutivo se centra en la adquisición de una flota de 1.000 buses nuevos que, manteniéndose en propiedad del Estado, serán operados por las empresas bajo cargo de manteni­miento y control de calidad. De ese modo, se propone que una misma empresa licite un sector de ingreso a la ciudad mediante sistemas tronca­les y trasbordo.

Igualmente, en el anteproyecto del Ejecutivo se plantea un cambio de fondo en la modalidad del sistema de pago por el cual las empresas ya no dependerán del dinero recau­dado por el pasaje, sino mediante la creación de un fideicomiso que sos­tendrá los recursos del transporte público. El pago a las empresas que­dará así supeditado a los kilómetros reales de recorrido y cantidad de pasajeros.

Una reforma como la que propone el Ejecutivo merece su debido y serio tratamiento. No se puede seguir con el modelo actual, que a lo único que ha llevado es al despilfarro de los recursos de los contribuyentes, a la corrupción y a socavar la calidad de vida de millones de pasajeros que a diario utilizan el servicio del trans­porte público.