Uno de los grandes problemas que aquejan a muchos países del mundo es una enferme­dad relativamente reciente en términos cronológicos pero que afecta seriamente a la sociedad. No siempre se la enfrenta en las instituciones médicas ni en las entidades similares con la sabiduría, tecnología y dedicación necesarias. Debido al daño que va ocasionando en las perso­nas, sobre todo por el comportamiento social, es una cuestión que en las naciones más adelantadas científica y económica­mente ya tienen políticas especiales que están probando con dispares resultados. La dolencia, si se la puede llamar así, es la adicción de las personas a distintas clases de drogas, que ocasiona, en casi todos los casos, graves dificultades de la conducta, porque a menudo se manifiesta en actitu­des hostiles que riñen con el buen compor­tamiento y que incluso ocasionan graves perjuicios de orden criminal.

El Paraguay no está ajeno a esa lamentable pandemia, lo que se ve en las calles, en el com­portamiento público y en la intimidad de las familias donde ese flagelo ocasiona, además de trastornos emocionales, graves dificulta­des en la convivencia privada y pública.

Las estadísticas que se manejan están indicando un fuerte aumento de esa enfer­medad social que causa el dolor de miles de familias que no saben cómo enfrentarla con efectividad, porque afecta a sus seres queridos y se tiene el pudor social de no querer que nadie lo sepa. Lo peor es que no se trata solo de una enfermedad física, sino que es un trastorno emocional que influye en la conducta de las personas y logra oca­sionar hechos violentos que riñen con las leyes. Por ello deben actuar también las autoridades policiales y judiciales en el orden penal, con todo lo que ello implica para la tranquilidad de la ciudadanía.

El Gobierno nacional está decidido a afrontar esta dolencia de la sociedad actual con la intención de castigar a los culpa­bles de los delitos penales, los instigadores y proveedores de drogas. Independiente­mente, está trabajando con nuevas políti­cas en la tarea de tratar la curación de las personas afectadas por el problema de la adicción a los estupefacientes.

El lunes último el presidente Santiago Peña se reunió con los representantes de todas las instituciones involucradas en la lucha contra las adicciones para coordi­nar la tarea y disminuir sus consecuencias sociales negativas, médicas y policiales. En la convocatoria asistieron los operado­res de las 22 instituciones del Plan Sumar. En la ocasión se dieron instrucciones para trabajar en la aplicación de nuevas estrate­gias para la prevención, el tratamiento y el combate al tráfico de drogas.

Una de las novedades fue el programa de habilitación del Centro Residencial de Deshabituación y Rehabilitación de Adic­ción (Ditres), que está ubicado en la loca­lidad de Piribebuy, Cordillera. Se analizó la posibilidad de contratar más siquiatras dentro del sistema sanitario para tratar a los pacientes con adicciones. También se vio la necesidad de que tanto la comunidad como las familias tomen conciencia de la situación y se involucren en las tareas de prevención del mal.

Uno de los logros importantes alcanza­dos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es que últimamente, por primera vez en la historia de la institu­ción, se ha brindado tratamiento ambula­torio a personas en situación de adicción en el sistema sanitario público del país. El hecho ha ocasionado satisfacción por­que finalmente en el sistema de salud que depende del Estado se puede tratar desde sus domicilios a las personas con el men­cionado problema adictivo. La ministra de la cartera sanitaria, María Teresa Barán, explicó el esfuerzo que se está realizando en la materia.

“Hemos formado a más de 360 médicos, y de tener cero atenciones en el ámbito de la adicción hoy tenemos más de 200 personas atendidas”, resaltó, dando detalles del pro­grama de capacitación dirigido a profesio­nales de otras especialidades para los pro­tocolos de acción en casos de adicción que no requieren de internación.

Teniendo en cuenta la magnitud que va adquiriendo el tema, todo lo que el Gobierno haga para prevenir el mal, tratar a los adictos y perseguir a los traficantes debe contar con la colaboración ciudadana. Porque es una enfermedad que progresa y está haciendo cada vez más daño a un gran sector de nuestra sociedad.