Recientemente el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), que es un docu­mento legal que permitirá la eliminación de los obstáculos que crean las superposi­ciones de roles para registrar las propie­dades. Con la mencionada norma se quiere la unificación de las diversas secciones burocráticas actuales para proporcionar más seguridad jurídica y continuar con la modernización del Estado.

Debido a la superposición de títulos de las mismas propiedades hoy día, jurídi­camente, se tienen más tierras de las que existen en la realidad.

Uno de los problemas más importantes que presenta ahora el registro es la exis­tencia de tres ventanas burocráticas para el ciudadano: una en el Poder Judicial, a través del Registro Público; otra bajo el Ministerio de Obras Públicas, con la Direc­ción de Geodesia; y otra bajo el Ministerio de Economía, con la Dirección de Catastro.

La ley plantea la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geode­sia. Esto hará posible que la titulación de inmuebles se realice ante una sola institu­ción y a la vez reducirá el tiempo de expedi­ción de los documentos.

Esta disposición legal permitirá conocer la cantidad de titulaciones superpuestas que tienen los terrenos, y dejará en manos del Poder Judicial la resolución de los con­flictos que traen aparejados y que hasta ahora se gestionan en varios organismos públicos.

Con esta nueva institución se podrá noti­ficar a las partes en conflictos de tierra, en que aparecen varias personas como propietarias de un solo inmueble, para que planteen las acciones judiciales que correspondan y se anulen los títulos de propiedad que estén demás.

De acuerdo con uno de los proyectistas, la superposición de títulos es muy grande, pero no se la tiene bien determinada en los organismos estatales. Esto se da porque no existe un estudio de cuántas son las tierras superpuestas en que una misma propiedad está a nombre de dos o más personas. Con la ley en estudio esto ya no podrá suceder mediante el catastro y la referencia geodé­sica de los inmuebles. Otra de las ventajas que se espera de la ley propuesta es que los trámites de titulación, que actualmente duran varios meses y hasta años, se reduz­can a 45 días.

El propósito del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, ya que ambos redactaron y proponen al Congreso la nueva ley, es poner fin a uno de los principales obstácu­los que se tiene en materia de la titulación de inmuebles. A falta de normas y de pro­cedimientos adecuados, hoy en día existe una gran desprolijidad en el manejo de los títulos de propiedad, pues mucha gente que es propietaria de tierras se encuentra con que más de una persona aparece como dueña legal de un mismo inmueble. Esta situación se ha dado y sigue ocurriendo debido al desorden jurídico y administra­tivo existente en materia de titulación de tierras, ya que no existen procedimientos unificados ni normas que garanticen un buen trabajo en la materia. Lo que ha con­vertido al tema en un verdadero caos que va creciendo en la medida en que se expi­den mayor cantidad de títulos de propie­dad por la aparición de nuevos dueños con el aumento de la comercialización de tie­rras en toda la geografía del país.

La aprobación de esta ley de unificación de los papeles de las propiedades es una necesidad urgente si se tiene en cuenta el aumento de los problemas de superposi­ción de títulos que aqueja a los propieta­rios en todas las regiones del país. Aparte de la desprolijidad tradicional de ciertos organismos burocráticos, existen denun­cias de numerosos casos de acciones ilega­les de algunos aprovechadores que quie­ren lucrar con la venta de inmuebles que ya tienen dueños. Que dejan las dificulta­des para los propietarios que cayeron en su engaño.

Hay que señalar como muy positivo que dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, hayan trabajado de manera con­junta para elaborar el proyecto de ley para solucionar los problemas que sufren muchos propietarios de inmuebles. No es muy corriente que eso ocurra, por lo que hay que aplaudirles por esa acción y espe­rar que sigan operando siempre de manera conjunta para encarar las soluciones y dar mayor seguridad jurídica.