Insólito, pero quienes ejercieron fuertes y sistemáticas presiones por la transparencia del uso del dinero del Estado y ejecuciones presupuestarias relacionadas a su funcionamiento son los que radicalmente se oponen a la transparencia del financiamiento de organismos que, si bien no son gubernamentales, reciben fondos que tienen como beneficiarios a la ciudadanía como al sector público.

Las reacciones de grandes baluartes de la justicia, de la transparencia llaman poderosamente la atención. Después de posturas muy mediatizadas de que la transparencia es la herramienta más importante que dispone la ciudadanía en el control de los bienes públicos y contra la corrupción y los intereses de la República, los discursos dieron un giro de 180 grados cuando la lupa comenzó a enfocarse hacia los recursos que se manejan en diferentes organizaciones no gubernamentales que afectan y tienen como beneficiario al Estado.

¿La férrea lucha por la transparencia era una mera estrategia para hurgar datos y tirotear desde estos sectores que ahora sacan sus garras contra la bandera que tanto defendían?

El debate en torno a la transparencia de fondos de las organizaciones no gubernamentales que muchas se jactan de privadas, pero se sustentan con proyectos públicos y operan en torno al Estado, incendió el ambiente en estas últimas semanas. Ya desde la aprobación en el Senado de un proyecto de ley de transparencia hace unos meses, ciertos sectores, principalmente la oposición, vienen manifestando un inexplicable tormento por la iniciativa de difusión de financiamiento de las conocidas como oenegés.

Formadores de opinión, políticos que siempre se llenaron la boca defendiendo la transparencia y que coincidentemente están ligados a varias de estas corporaciones están en una histeria sin precedentes ante un proyecto de ley que solo busca brindar garantías a la ciudadanía.

Sin embargo, lo que pareciera ser una confrontación entre dos grupos de opiniones no se reduce solo a contraposición de partes, puesto que hay muchas organizaciones no gubernamentales que han dado el primer paso para transparentar sus actividades y sus fondos. Esto es un inicio a una mayor credibilidad y eficiencia entre todos los actores, es decir, donantes, beneficiarios, ejecutores de recursos, etc.

No se trata de ninguna lista negra y “garrote” a nadie.

La transparencia debe ser una política en todas las tareas y más en cooperaciones, programas y proyectos que tienen como contraparte al Estado. Es así que estos objetivos de claridad en el manejo de recursos exigen a los diferentes administradores de la cosa pública honrar este compromiso de proveer información sobre todo cuanto gestionan y a todos los requerimientos que se ajusten a los parámetros legales.

El derecho a la información es un principio humano y constitucional, todas las personas tenemos que acceder a datos y con más razón vinculados a intereses del Estado.

Dejar de politizar organizaciones que tienen una vital importancia en el desarrollo comunitario es una responsabilidad de todos los actores de la sociedad. Los que quieran simpatizar a la colectividad por aspiraciones proselitistas deben formar sus respectivos partidos, sus bases y presentarse como políticos, no como representantes de la sociedad civil.

Amerita honrar siempre todo el apoyo que recibimos desde afuera como las inversiones locales que apunten al desarrollo de nuestra población, eso implica consolidar confianza y la transparencia es clave.

Cuántos hechos de corrupción fueron atacados gracias a la herramienta de la transparencia, algunos a tiempo y otros descubiertos después de perpetrarse, pero ayudó a aplicar la justicia.

Paraguay es un país muy querido, muy interesante para la región y el mundo, los proyectos emblemáticos en nuestro proceso de mejora no deben ser motivo de conflicto ni de especulaciones para infundir desconfianza.

Tenemos que madurar como sociedad y entender que existen pautas de convivencia que requieren de una responsabilidad colectiva en este contexto, la transparencia es una de ellas.