El presidente Santiago Peña se refirió días atrás acerca de la necesidad de hacer una reforma en relación con la estabilidad laboral absoluta adquirida por el trabajador con diez años en un mismo puesto de trabajo.

A efectos de comprender con el debido rigor lo expresado por el primer man­datario y no dejarse llevar por el popu­lismo propio de los aprovechadores de siempre que nada proponen ni hacen por sus prójimos, resulta procedente dejar en claro que no se desea elimi­nar la estabilidad laboral pues la misma está consagrada en la Constitución Nacional.

Se trata de modificar la llamada estabi­lidad absoluta adquirida a los diez años delegada en la ley del trabajo.

La inamovilidad significa que el traba­jador no puede ser despedido sin justa causa y aun existiendo causales que lo ameriten deben ser probadas en juicio. A la fecha, antes de lograrse la estabili­dad cuya barrera es a los nueve años y medio, se inicia una controversia donde se negocian las indemnizaciones por despido causando un daño precisa­mente al trabajador e incluso al mismo empleador.

Esta lamentable situación se debe a la estabilidad absoluta que adquirida ter­mina por dirimirse en los tribunales, lo que implica una tensión innecesaria para las partes involucradas. A todos los negocios y empresas y en particu­lar a las pequeñas y medianas empre­sas (pymes) que concentran más del 70 por ciento de la fuerza laboral del país, la estabilidad absoluta les afecta en su competitividad y hasta les llega a des­plazar del mercado originándose así más desempleo en el sector formal para acrecentar la informalidad.

De lo que se trata es tomar en cuenta la realidad para evitar el despido de más trabajadores antes de cumplir los 9 años y medio. Al respecto y de acuerdo al Ministerio del Trabajo, solo un 14 por ciento del total de cotizantes al Insti­tuto de Previsión Social (IPS) llega a la estabilidad absoluta, mientras que el 86 por ciento es despedido antes de alcan­zarla.

Esto no puede continuar como está. Quedarse con los brazos cruzados mirando hacia otro lado como si no existieran los hechos sería de una grave irresponsabilidad del Gobierno, por un lado, y una injusticia para empleado­res y trabajadores, por otro lado, que en vez de cooperar de manera armoniosa entre sí se encuentran ante este escena­rio un poco antes de los 10 años cuando se adquiere la estabilidad absoluta.

Insistimos en que la realidad es una sola al comprobarse con datos estadís­ticos que de cada 10 trabajadores prác­ticamente 9 son desvinculados de sus lugares de trabajo antes de alcanzar el periodo que activa la normativa de la estabilidad absoluta.

Este y no otro es el motivo que ha impulsado al presidente Santiago Peña a expresar su deseo de cambiar esta situación, invitando a la ciudadanía y a los sectores directamente involucra­dos, empleadores y trabajadores, a ini­ciar un diálogo en la búsqueda de una solución a un problema que tanto daño hace no solo al mercado laboral sino también a la economía en general.