De que la administración de Mario Abdo Benítez fue una de las más corruptas de la transición democrática no cabe duda alguna. Es nuestra prédica desde hace tiempo. Y tal afirmación no es arbitraria ni supone posicionamientos políticos, sino que se sustenta en documentaciones con caracteres de irrefutables que corroboran los grandes hechos de latrocinios durante el ejercicio 2018-2023, periodo en que estuvo al frente del Poder Ejecutivo el hijo del exsecretario privado de una de las dictaduras más atroces que tuvimos a lo largo de nuestro itinerario político, la del general Alfredo Stroessner.

Días atrás el presidente de la República, Santiago Peña, declaró en ese mismo sentido, aunque él fue un poco más lejos y lo definió –con el condicionamiento de “probable”– como “el más corrupto en la historia del Paraguay”. De nuestra parte, la razón de ubicarlo –siempre dentro de la clasificación de rapacidad y saqueo– en la época posterior a la caída del déspota es porque en el pasado hubo presidentes de la República que ejercieron el poder de manera caótica y abusiva, sin posibilidad alguna de que se pudieran poner en práctica los controles estipulados por la ley. Y en ese cuadro se mezclaron protagonistas de diferentes partidos políticos.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, la reacción del jefe de Estado tiene que ver con los últimos discursos de Abdo Benítez, cuestionando la identificación ideológica de Peña con el partido al cual está afiliado, la Asociación Nacional Republicana. Durante la ceremonia de inauguración de viviendas sociales en la ciudad de Benjamín Aceval, el presidente respondió: “Debería tener un poco más de amor propio (refiriéndose al exmandatario) y, por lo menos, quedarse callado antes de hablar luego de haber sido, probablemente, el gobierno más corrupto en la historia del Paraguay”. Por una situación similar ya había pasado el entonces candidato a la presidencia de la República, Horacio Cartes.

Y, precisamente, en un documento publicado en junio de 2011 advertía que “militancia no es sinónimo de antigüedad. Uno puede conseguir antigüedad sentándose en su casa, mirando pasar los años, sin pulsar el sentimiento de los correligionarios y correligionarias ni conocer sus necesidades y deseos más fervientes. La militancia, en cambio, es servicio activo, igual que el coloradismo mismo”. En ese mismo tenor asumió su defensa Peña: “El coloradismo no se mide por la antigüedad, sino por la conducta”. Esta aseveración debería ampliarse a la política misma, pues muchos, durante años, se sirvieron del Estado, sin haber aportado absolutamente nada para la dignificación de nuestro pueblo ni el bienestar de los sectores más humildes de la sociedad paraguaya.

Esta discusión sobre quién es más o menos colorado cae dentro del ámbito personal y partidario. Lo que a nosotros nos interesa es lo atingente a la corrupción. Santiago Peña acaba de meter el dedo en esa herida que desde hace meses venimos haciendo supurar. Y lo hacemos con la responsabilidad de quienes, primero, verifican la información y, luego, actúan con la certeza de que las investigaciones se compadecen de los hechos cuestionados. Las desprolijidades administrativas, o sea, en términos sencillos, el descarado robo a las arcas del Estado, son tan evidentes que no existe resquicio por el cual Mario Abdo Benítez y varios de sus hombres más influyentes puedan escabullirse.

A un año y semanas de haber asumido el cargo, el actual presidente de la República ha sido muy cauto sobre este asunto. Sin embargo, ahora tiró sobre el tapete lo que la sociedad entera ha estado esperando con notable expectativa: que no queden impunes los crímenes del reciente pasado. Ni del presente, si los hubiere. Queda, pues, en el campo del mandatario apurar a sus ministros, a los directores de entes y a la propia Auditoría General del Poder Ejecutivo para que vayan cerrando el círculo de las investigaciones y que las pruebas pertinentes sean elevadas a consideración de la Fiscalía General del Estado, pero con estándares solventes de irrebatibilidad jurídica, fundados en la absoluta certeza probatoria y sin margen de duda razonable, para que la Justicia pueda actuar con todo el peso de la ley.

Este anuncio, repetimos, que toda la ciudadanía estaba aguardando para recuperar la confianza en sus autoridades y para que las autoridades proyecten credibilidad a la ciudadanía, tiene que tener necesariamente su continuidad práctica con la denuncia correspondiente ante las instancias jurisdiccionales, para enviar un mensaje claro y firme a toda la sociedad de que no habrá contemplaciones con la corrupción ni con su brazo multiplicador de delitos: la impunidad. Estamos convencidos de que Santiago Peña habrá de actuar en consecuencia, honrando su compromiso con la gente, el país y la historia.