En el año 2013 el entonces presidente de la República Horacio Cartes promulgó la Ley de Alianza Público-Privada (APP), una legislación moderna y apreciada en otros países por el cual se obtienen recursos para la construcción y mantenimiento de diferentes obras públicas como caminos, carreteras, aeropuertos, puentes y otros.
La Ley 5102 “De promoción de la Inversión de la Obra Pública”, más conocida como Alianza Público Privada facilita la participación del sector privado a realizar diferentes obras que el Estado no puede llevar a cabo por falta de recursos, otorgando para ello la explotación de servicios y bienes por el tiempo y en las condiciones definidas en el respectivo contrato.
Así por ejemplo, la duplicación de la ruta PY 02 no hubiera sido hecha si no fuera por esta modalidad, ruta que a la fecha es elogiada por propios y extraños. Lo mismo se hará en el gobierno actual del presidente Santiago Peña para el mejoramiento y ampliación de la ruta PY 01 próximamente a ponerse en ejecución, así como de otras obras.
La APP es una herramienta para el desarrollo de la infraestructura en general, necesarias para la movilización de la gente como de los productos, todo lo cual impacta sobre la calidad de vida como sobre el crecimiento de la economía nacional.
La APP –y para evitar malos entendidos atribuidos a quienes buscan ponerle palos a la rueda a toda iniciativa que favorece a la población– no es una privatización ni una concesión. Es dar oportunidad al sector privado para dotar al Estado mediante instrumentos financieros utilizados en los mercados nacionales e internacionales como el fideicomiso.
Esto es garantía de transparencia y responsabilidad por parte del sector público pues los flujos de dinero que percibe quedan bajo su responsabilidad.
Todavía más, con la modalidad de la APP se puede reemplazar a la empresa privada sin acudir a trámites engorrosos y burocráticos y no puede ser renovada a favor del mismo participante privado.
Además, dadas las características de este modo de financiación y construcción de obras , la ejecución de las mismas deben ser eficientes, rentables y jurídicamente viables, lo que es una forma correcta de salvaguardar el interés general, cuestión esta última que también echa por tierra los “sesudos argumentos” de los agoreros del pasado que a menudo se pasan diciendo que el sector privado solo busca el lucro en detrimento de los intereses de la población.
Precisamente, en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el año entrante se tuvo en cuenta el cuidado del dinero de los contribuyentes para no tener que seguir cargándoles con más impuestos y otros modos de financiación.
Es del mismo monto ejecutado en el presente año 2024, esto es, unos 7 billones 287 mil millones de guaraníes, el mismo para el año que viene en razón a que correctamente el gobierno actual propicia la modalidad de APP.
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El Gobierno quiere reformar el Código Laboral para proteger a los trabajadores
Apenas se conoció el anuncio gubernamental de que desea modificar el Código del Trabajo surgieron opiniones de la más diversa índole. Como ocurre casi siempre, muchas de las afirmaciones se hicieron sin mayor conocimiento de las declaraciones que dieron lugar a la noticia. Y, por consiguiente, sin tener en cuenta las palabras textuales del presidente Santiago Peña. Lo que dio lugar a expresiones de rechazo y a duras condenas. Pero también hubo expresiones de aceptación considerando la necesidad de mejorar las normas laborales vigentes.
Una de las versiones que rápidamente ganó la calle es que la reforma de la ley se quiere hacer para eliminar la estabilidad laboral establecida para los trabajadores que cumplen diez años en un puesto de trabajo. Que es un tema muy delicado, ya que la estabilidad aludida no cuenta con la aceptación de gran parte de las patronales, aunque sí de los obreros. Muchos cargaron la tinta diciendo que se quiere eliminar esa disposición que se considera un histórico logro de la gente del trabajo, aunque ninguna versión oficial lo haya señalado. Así, en menos de una semana ya flota una gran controversia sobre la comunicación del Gobierno. Muchos insisten sin motivo en que reformar la ley será algo negativo y perjudicial al trabajador, cosa que no se debe apoyar ni aceptar, de acuerdo a la opinión de algunos sectores.
Durante la celebración del Día de la Industria con los empresarios nacionales, el presidente Santiago Peña realizó declaraciones que ayudarán a entender bien el tema.
“El propósito es claro: es mejorar las condiciones laborales, es apoyar al trabajador, es mejorar el salario de los trabajadores, es fortalecer los derechos que tienen nuestros trabajadores”, afirmó categóricamente el primer mandatario al referirse a la reforma de la ley.
“En la cabeza de quién puede entrar que un cambio puede ir en perjuicio de los trabajadores, si es justamente a los trabajadores a los que queremos apoyar, son a los trabajadores a los que queremos generar condiciones para que su salario pueda mejorar”, enfatizó frente a sus interlocutores, los hombres de empresa de la industria nacional que representan a una parte importante de la patronal.
Para que las modificaciones de esa norma puedan tener la contribución de todos los sectores, invitó a sumarse al debate surgido a los representantes de las centrales obreras. “Activamente tienen que sentarse en la mesa, tienen que ayudarnos a reflexionar sobre el problema porque son los principales que sufren este problema”, manifestó, al tiempo que pedía a los empresarios que tomen parte de la discusión.
Resaltó que el propósito es mejorar las condiciones laborales, por lo que pidió utilizar las mesas tripartitas compuestas por el Gobierno, los obreros y los patrones, para analizar las modificaciones que hay que hacer.
Para descartar cualquier idea de que el Gobierno quiere cercenar el derecho de las personas que trabajan, sentenció: “Jamás voy a proponer una ley que vaya en perjuicio de los trabajadores”.
La propuesta del Gobierno nacional de mejorar las leyes de los trabajadores es de gran importancia teniendo en cuenta que con el paso del tiempo y el avance de la tecnología van surgiendo nuevas necesidades y situaciones no previstas, que hay que encarar de manera adecuada. Es muy saludable y necesario actualizar las normas laborales.
Pero no hay que olvidar que, así como es importante la creación de nuevas leyes, es fundamental hacer que se las cumplan adecuadamente. De nada vale tener buenas normas que son dejadas de lado por los intereses de algunos sectores y la inacción de algunos organismos públicos que no obligan a su cumplimiento. Es un capítulo de la realidad que no se puede soslayar, porque el Código del Trabajo así como otras muchas normas no tienen el cumplimiento requerido, en gran medida por la inoperancia de algunas entidades estatales, que no actúan con propiedad para que se apliquen las disposiciones legales. Poner en práctica las leyes y hacer que se las cumplan efectivamente es tan importante como diseñar nuevas normas en los códigos y reglas jurídicas.
El Gobierno, que señaló de manera contundente tener el propósito de mejorar la situación del trabajador, hará los controles para que se cumplan los mencionados preceptos. Solo así podrá alcanzar con plenitud la idea que se propone
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Con menos gastos, el Gobierno tendrá más plata para inversiones y ayudas sociales
Como ocurre todos los años, el análisis del presupuesto de ingresos y gastos del Estado requiere la mayor atención de los especialistas y de los ciudadanos contribuyentes. Porque no se trata solo de las cifras de lo que se va a gastar, sino si se está percibiendo más dinero que antes para hacer frente a mayores erogaciones. Si se podrá hacer frente a los requerimientos financieros con el dinero que se tiene en caja o si habrá que prestar plata para hacer frente a esos gastos, como se ha estado haciendo en tiempos pasados. Porque el déficit fiscal elevado es un castigo y una señal de mal manejo de los números, cosa que ocurre cuando se gasta mucho más de lo que se recauda. Por eso es que en la Ley de Responsabilidad Fiscal se ha fijado como máximo un déficit fiscal del 1,5 % del PIB, ya que no es recomendable, en tiempos normales, tener agujeros muy grandes en el presupuesto.
Uno de los aspectos llamativos del actual manejo de las finanzas públicas es que anteriormente el Gobierno utilizaba el 70 % de las recaudaciones impositivas para pagar los gastos rígidos, salarios de los estatales y afines. Este gobierno lo ha reducido al 52 %. Anteriormente, de cada 100 guaraníes que percibía el Estado, 70 guaraníes los usaba en gastos rígidos. En la actualidad, de cada 100 guaraníes que recauda se utilizan solo 52 guaraníes para pagar los sueldos de los funcionarios y demás, lo que significa que 48 guaraníes quedan para utilizarlos en inversiones y otros gastos.
Nunca antes se han usado porcentajes menores para los gastos fijos, lo que significa que el 52 % que se está utilizando ahora es históricamente el más bajo nivel de plata pública para salarios y similares. Esto quiere decir que se está administrando mejor el dinero que paga el contribuyente. Y que se está recaudando mejor que antes, dos aspectos muy importantes de la realidad, que hay que señalar como parte de los logros de la administración actual.
Como se usarán menores porcentajes del presupuesto estatal en los salarios y otros gastos fijos, habrá más dinero para destinar a los sectores vulnerables de la sociedad paraguaya. Por eso en el 2025 uno de los principales propósitos del Gobierno será dar prioridad a gastos de salud, educación, seguridad, infraestructura y transferencias para los grupos sociales más necesitados. Por consiguiente, se puede afirmar que mediante la mayor recaudación que se está teniendo y la menor utilización del dinero público para gastos fijos habrá más fondos para atender las necesidades de los sectores de la sociedad paraguaya que están precisando mayor ayuda estatal.
El Gobierno tiene previsto aumentar sus recaudaciones fiscales para el año entrante y llegar a 41 billones de guaraníes. La DNIT tendrá que percibir 24 billones de guaraníes en impuestos internos y 17 billones en tasas aduaneras. Ese total representará un aumento del 8,7 % sobre los 37,7 billones de guaraníes que se estima recaudará en el 2024.
A pesar de que se percibirá más y se atenderán las necesidades de mayor número de personas, el presidente Santiago Peña reconoció que será imposible hacer frente a todas las demandas, dado que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Manifestó que la idea es llegar al 100 % de la población adulta vulnerable con las pensiones para atender los costos de alimentación, salud y otras necesidades de protección social. “El objetivo es tratar de ir cumpliendo con cada una de estas deudas que tenemos, enormes deudas en el campo social”, manifestó el mandatario, quien recordó que el programa Hambre Cero en las Escuelas ha tenido un excelente comienzo con la atención de 450.000 niños de 90 escuelas.
Al comenzar este segundo año de gestión se puede observar que el Gobierno está trabajando fuertemente para enfrentar los problemas de sectores sociales pobres con más recursos económicos y énfasis en la atención. Por eso en el presupuesto estatal para el año entrante se están previendo más fondos para solventar la ayuda social como nunca antes se había hecho en las propuestas de gobiernos anteriores. Es porque las autoridades actuales creen que para que la población más vulnerable esté mejor se requieren mayores inversiones sociales.
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El Gobierno elevará 14 % sus gastos para mejorar salud, educación y seguridad
A partir de hoy el Congreso Nacional comenzará a estudiar durante los próximos tres meses y medio todo lo que el Estado paraguayo deberá gastar durante el 2025 para proseguir la marcha del país hacia los objetivos que tiene por delante. Para ello, el viernes último recibió el proyecto de ley de presupuesto en que el Gobierno prevé erogar un 14 % más que lo que se tiene previsto durante el presente año para hacer frente a las necesidades más acuciantes y asegurar los logros que tiene previsto alcanzar.
Por su importancia fundamental, el estudio del mencionado proyecto de ley es la tarea más importante que los legisladores tienen entre manos. Porque dar andamiento financiero a todo lo que se quiere desarrollar en el año entrante constituye la materialización del programa de trabajo del Gobierno y el combustible vital para el funcionamiento del portentoso aparato del Estado paraguayo.
En el proyecto de presupuesto se contemplan incrementos en las inversiones para sectores prioritarios de la nación, como la salud, la educación y la seguridad. Esto además del aumento de dinero para dar mayor cobertura a los programas de transferencias destinados a los grupos sociales más pobres.
Como ha señalado el presidente Santiago Peña, el proyecto de presupuesto se ha diseñado con el propósito de poner mucho énfasis en cubrir demandas sociales de larga data, al igual que aumentar las inversiones en seguridad y salud.
Resaltó que se atenderán los requerimientos del salario mínimo docente cuya puesta en marcha se inició en el 2016 cuando era ministro de Hacienda y que quedó trunco a raíz del golpe ocasionado por la pandemia del covid-19. Recordó que también se elevarán las inversiones en defensa y seguridad. En su momento había adelantado que en los próximos cuatro años de su administración prevé realizar inversiones por el equivalente de 500 millones de dólares.
A pesar del incremento anunciado, los números previstos en el plan de gastos están dentro de las disposiciones de los niveles de convergencia fiscal que prevén un máximo del 1,9 % del PIB en el déficit fiscal. De ese modo se estará cerca de alcanzar el máximo de -1,5 % previsto en la ley pertinente y que se había sobrepasado a causa de la pandemia.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que se prevé alcanzar ese aumento debido a las buenas recaudaciones obtenidas durante el presente año. Las recaudaciones de 2025 alcanzarían un 7,5 % más de lo que se estima percibir este año.
Lo importante en el proyecto para el año entrante es que se priorizarán sectores que no siempre han tenido el financiamiento necesario. Así, Educación llevará en el 2025 el equivalente a 309 millones de dólares más que lo asignado para este año, un aumento histórico jamás alcanzado en administraciones anteriores. Por su parte, Salud tendrá el año entrante un incremento de 103 millones de dólares para cubrir el equipamiento de los nuevos hospitales y la contratación de 1.200 profesionales que prestarán servicios en sus dependencias. Esto aparte del aumento de 25 millones de dólares que se prevé para el Instituto Nacional del Cáncer.
Los programas de protección social también tendrán un alto incremento presupuestario, como el plan de adultos mayores que propone 46 millones de dólares para alcanzar la universalización de la ayuda monetaria a los ancianos de acuerdo con las nuevas disposiciones de protección financiera.
Otro de los aumentos importantes es la asignación de 111 millones de dólares más para el Ministerio de Justicia, que se destinarán principalmente al sistema penitenciario.
El Poder Judicial, por su lado, recibirá un adicional de 52 millones de dólares para la ejecución de programas varios, como la creación del Registro Unificado Nacional.
En materia de seguridad nacional, se han previsto los fondos requeridos para incorporar el año entrante a 5.000 nuevos efectivos policiales, además de fondos para el mantenimiento de vehículos y aparatos especiales.
Este es el primer presupuesto estatal elaborado en su totalidad por la administración del presidente Santiago Peña con los énfasis especiales en los sectores más necesitados. Se espera que el Congreso estudie el proyecto de ley con el propósito de mejorar la situación general y de ayudar al bienestar de la mayoría.
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En su primer año, el Gobierno obtuvo logros económicos significativos
Entre las conquistas más importantes alcanzadas por el Gobierno en su primer año de gestión están la consolidación de políticas macroeconómicas firmes y el fortalecimiento de las instituciones. Mediante los esfuerzos realizados para alcanzar esos objetivos se puede decir que el Paraguay en la actualidad está más sólido y con perspectivas de mejorar su situación. Más aún ahora que ha tenido el premio de la excelencia que significa haber alcanzado el grado de inversión, tan preciado en el mercado económico internacional. Teniendo en cuenta este aspecto de la realidad se puede afirmar que el país ha alcanzado más de lo que se había propuesto inicialmente, lo cual es una conquista muy importante de cara a los avances que hay que continuar.
Uno de los pasos decisivos para mejorar la administración del país y que se nota en la gestión realizada desde agosto de 2023 es la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que unificó la tarea del ingreso tributario y la administración de las finanzas públicas en una sola institución.
Con la creación y funcionamientos del MEF se logró poner en funcionamiento un plan de gobierno para optimizar al gasto público y obtener el mejoramiento en la gestión financiera del Estado. Esto se pudo notar en las políticas macroeconómicas y las reformas estructurales que permitieron un fortalecimiento de la institución.
Con la nueva secretaría del Ejecutivo se logró unificar el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). Mediante ello se está llevando a cabo la realización del diseño, la aplicación y la coordinación de las políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, a través de la administración de los recursos. Anteriormente, con las instituciones que funcionaban como organismos diferentes, la conducción económica tenía una fuerte descoordinación que se traducía en la ineficiencia que caracterizaba al sector público. Con el nuevo ministerio se está logrando consolidar la institucionalidad económica en general, y en particular se está mejorando la actividad fiscal. Eso se nota, entre otras cosas, en el gran aumento de las recaudaciones impositivas.
Con la Ley 7158 que crea el Ministerio de Economía y Finanzas, se está formulando y definiendo la política económica haciéndole el seguimiento con los demás organismos y entidades del Estado. Con la definición de la política fiscal se busca preservar la sostenibilidad de las políticas públicas y la salud financiera del Estado.
Otra de las tareas importantes realizadas por el MEF en el primer año de funcionamiento es la regulación del proceso presupuestario del gasto público, además de manejar la política de endeudamiento interno y externo del sector público.
Mantener y restablecer en su mejor nivel la estabilidad macroeconómica del país fue otra de las tareas significativas de la administración actual. Para ello el nuevo ministerio diseñó una política de convergencia fiscal creíble y transparente a pesar las deudas y elementos negativos dejados por la administración anterior.
La creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), unificando la tarea de varios organismos que anteriormente actuaban de manera separada y sin mayor coordinación, es otro de los aciertos que se pueden señalar.
A pesar de las reacciones negativas que surgieron en algunos sectores, el logro más visible y aplaudido es que la DNIT fue capaz de un incremento sustantivo en sus recaudaciones, argumento muy elocuente para demostrar su efectividad como institución recaudadora. De enero a junio de este año los ingresos acumulados alcanzaron a 19,3 billones de guaraníes, lo que representa un alza del 23,8 % comparado con lo que se había percibido en el primer semestre de 2023. El crecimiento de las recaudaciones es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que no se crearon ni aumentaron nuevos impuestos, lo que demuestra la eficiencia del nuevo organismo. Los mayores controles y eficiencia en la tarea fueron decisivos para el alza de las percepciones impositivas. Como ejemplo se puede señalar que se incautaron productos de contrabando por 17 millones de dólares en once meses y se incorporaron más de 70.000 nuevos contribuyentes mediante la formalización.
La obtención de algunos logros importantes durante el primer año de gobierno no es obra de la casualidad. Es el fruto del esfuerzo inteligente realizado por las nuevas autoridades.