Hace un año atrás, a pocos días de haber asumido la máxima magistratura del país, el pre­sidente Santiago Peña había convocado a los principales exponentes de la función pública, los representan­tes de los tres poderes del Estado, y les pidió que, juntos, coordinen el combate contra la corrupción en todos los orga­nismos del Estado. El mandatario, cono­cedor de la enfermedad de muchas enti­dades estatales, inició la tarea de luchar contra ese mal de manera conjunta para poder llegar a resultados que aseguren el honesto manejo de los hilos del poder. Lastimosamente, la corrupción no es el patrimonio enfermizo de un solo poder o de unas pocas entidades del Gobierno, sino una crónica peste que hace mella en buena parte de la estructura estatal y de la sociedad. Por lo tanto, requiere de ins­trumentos y de políticas efectivas que abarquen el amplio espectro nacional y que den resultados en todos los niveles, con la participación de los más diver­sos sectores que componen la inmensa maquinaria estatal y su representación social.

El titular del Poder Ejecutivo, junto con los presidentes de los otros dos poderes, presentó el lunes último el proyecto de ley que establece el “Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Preven­ción de la Corrupción”. Con el instru­mento jurídico que debe estudiar ahora el Congreso, el Gobierno quiere una herramienta útil para hacer frente a la deshonestidad que existe en los niveles del poder político nacional, y así obtener logros que apunten a la salud y la integri­dad moral del Paraguay.

La idea es unir el esfuerzo de los poderes del Estado al de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para un trabajo conjunto contra el vicio de la deshonestidad.

Para alcanzar ese objetivo, el proyecto en su texto amplía las prerrogativas actua­les que tiene la Contraloría General de la República (CGR) en la tarea de controlar todas las instituciones del Estado. Inves­tida la CGR de la autoridad legal que le da mayor peso jurídico será un órgano extrapoder que intentará unificar los cri­terios relacionados a la transparencia, la prevención y la denuncia de la corrup­ción. Tendrá un consejo que estará inte­grado por representantes de los tres poderes, además de la Contraloría y el Ministerio Público.

El proyecto propone la creación de una entidad que sea el centro de las denun­cias de corrupción en los más diversos organismos estatales que no dependa del Gobierno. Ese ente será independiente y lo manejará la Contraloría. Para expli­car la necesidad de crear un organismo ajeno al Poder Ejecutivo, los especialis­tas señalaron que un defecto de la dis­posición legal vigente es que el órgano receptor de las denuncias de corrupción en las instituciones estatales depende del Gobierno. Esto teniendo en cuenta que la actual Secretaría Anticorrupción (Senac) es una entidad dependiente del Ejecutivo a cuyas dependencias tiene que investigar. “No se puede luchar con­tra la corrupción desde el órgano que es evaluado”, explicó uno de los entendidos, por lo que se le da la responsabilidad a la Contraloría en la nueva ley.

Se estima que con un órgano que está fuera del poder, que no depende jerár­quicamente del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo ni del Judicial, como la Con­traloría, se tiene la entidad más adecuada para investigar las denuncias. “Con eso creemos que se está dando un gran salto adelante en el manejo de esta problemá­tica”, refirió el asesor legal de la Presi­dencia, Roberto Moreno.

Con la nueva disposición se dará un paso trascendental en el combate contra los hechos de corrupción en la administra­ción de la cosa pública y que constituyen una constante lamentable en la histo­ria del país. No se puede esperar que los hechos de corrupción se eliminen total­mente mediante una norma jurídica. Pero sí se podrá lograr una fuerte corrección en la conducta de muchos que no quieren obedecer la ley, que recibirán el castigo que corresponde. Y además se mejorará en el manejo de la cosa pública de acuerdo con las normas legales vigentes.

El castigo efectivo de los hechos puni­bles es un factor pedagógico de gran valor en la sociedad, ya que ayudará a mucha gente a enderezar su conducta para no recibir el látigo del escarmiento legal. Ese será el aporte de la ley anticorrupción.