Como ocurre todos los años, el análisis del presupuesto de ingresos y gastos del Estado requiere la mayor atención de los especialistas y de los ciudadanos contribuyentes. Porque no se trata solo de las cifras de lo que se va a gastar, sino si se está percibiendo más dinero que antes para hacer frente a mayores ero­gaciones. Si se podrá hacer frente a los requerimientos financieros con el dinero que se tiene en caja o si habrá que pres­tar plata para hacer frente a esos gastos, como se ha estado haciendo en tiempos pasados. Porque el déficit fiscal elevado es un castigo y una señal de mal manejo de los números, cosa que ocurre cuando se gasta mucho más de lo que se recauda. Por eso es que en la Ley de Responsabili­dad Fiscal se ha fijado como máximo un déficit fiscal del 1,5 % del PIB, ya que no es recomendable, en tiempos normales, tener agujeros muy grandes en el presu­puesto.

Uno de los aspectos llamativos del actual manejo de las finanzas públicas es que anteriormente el Gobierno utilizaba el 70 % de las recaudaciones impositivas para pagar los gastos rígidos, salarios de los estatales y afines. Este gobierno lo ha reducido al 52 %. Anteriormente, de cada 100 guaraníes que percibía el Estado, 70 guaraníes los usaba en gastos rígidos. En la actualidad, de cada 100 guaraníes que recauda se utilizan solo 52 guaraníes para pagar los sueldos de los funciona­rios y demás, lo que significa que 48 gua­raníes quedan para utilizarlos en inver­siones y otros gastos.

Nunca antes se han usado porcenta­jes menores para los gastos fijos, lo que significa que el 52 % que se está utili­zando ahora es históricamente el más bajo nivel de plata pública para salarios y similares. Esto quiere decir que se está administrando mejor el dinero que paga el contribuyente. Y que se está recau­dando mejor que antes, dos aspectos muy importantes de la realidad, que hay que señalar como parte de los logros de la administración actual.

Como se usarán menores porcentajes del presupuesto estatal en los salarios y otros gastos fijos, habrá más dinero para desti­nar a los sectores vulnerables de la socie­dad paraguaya. Por eso en el 2025 uno de los principales propósitos del Gobierno será dar prioridad a gastos de salud, educación, seguridad, infraestructura y transferencias para los grupos socia­les más necesitados. Por consiguiente, se puede afirmar que mediante la mayor recaudación que se está teniendo y la menor utilización del dinero público para gastos fijos habrá más fondos para aten­der las necesidades de los sectores de la sociedad paraguaya que están preci­sando mayor ayuda estatal.

El Gobierno tiene previsto aumentar sus recaudaciones fiscales para el año entrante y llegar a 41 billones de gua­raníes. La DNIT tendrá que percibir 24 billones de guaraníes en impuestos internos y 17 billones en tasas aduaneras. Ese total representará un aumento del 8,7 % sobre los 37,7 billones de guaraníes que se estima recaudará en el 2024.

A pesar de que se percibirá más y se atenderán las necesidades de mayor número de personas, el presidente San­tiago Peña reconoció que será imposi­ble hacer frente a todas las demandas, dado que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Manifestó que la idea es llegar al 100 % de la pobla­ción adulta vulnerable con las pensiones para atender los costos de alimentación, salud y otras necesidades de protección social. “El objetivo es tratar de ir cum­pliendo con cada una de estas deudas que tenemos, enormes deudas en el campo social”, manifestó el mandatario, quien recordó que el programa Hambre Cero en las Escuelas ha tenido un excelente comienzo con la atención de 450.000 niños de 90 escuelas.

Al comenzar este segundo año de gestión se puede observar que el Gobierno está trabajando fuertemente para enfren­tar los problemas de sectores sociales pobres con más recursos económicos y énfasis en la atención. Por eso en el pre­supuesto estatal para el año entrante se están previendo más fondos para solven­tar la ayuda social como nunca antes se había hecho en las propuestas de gobier­nos anteriores. Es porque las autoridades actuales creen que para que la población más vulnerable esté mejor se requieren mayores inversiones sociales.