En un hecho que puede conside­rarse de gran valor ciudadano por su trascendencia en la cali­dad de vida de muchas perso­nas, el Gobierno lanzó programas sanita­rios que abarcan el bienestar mental en general y el tratamiento de las adiccio­nes. Con ellos se espera iniciar de manera orgánica la ayuda del Estado en un tema muy delicado que afecta a la sociedad paraguaya, cuya incidencia va creciendo por diversos factores y que anterior­mente no tenía la atención que corres­ponde debido a su importancia. En ese sentido se trata de un hecho de relevan­cia en un asunto de mucho cuidado, que merece la atención especial de los orga­nismos estatales.

En un acto presidido por las autorida­des sanitarias se lanzó la aprobación de la Política y el Plan Nacional de Salud Mental 2024-2030, además del Manual Organizacional de la Red de Salud Men­tal y Adicciones. Con estos documentos el Estado pretende avivar y transformar el abordaje de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las personas que sufren las diferentes formas de trastornos mentales. Hasta la actualidad en nuestro país no se contaba con documentos oficia­les actualizados que unifiquen y den sufi­ciente rigor al tratamiento de las personas que sufren las mencionadas afecciones. Situación que tendrá un cambio impor­tante con las nuevas disposiciones.

Con los tres elementos: la política gene­ral, el plan nacional de salud mental y el manual organizacional respectivo, se espera poder abordar adecuadamente los problemas que afectan a la gente del país en la mencionada especialidad. La minis­tra de Salud Pública, María Teresa Barán, quien presidió el acto del lanzamiento, destacó la trascendencia de los menciona­dos documentos explicando que son “una herramienta clave para construir un sis­tema de salud mental sólido, accesible y cercano a las comunidades”.

La secretaria de Estado admitió que toda­vía queda mucho por avanzar y que con este plan se podrá brindar una atención más integral. “Falta muchísimo por hacer, pero si no se comienza a construir este sistema de salud mental que todos los paraguayos nos merecemos, no se podrá avanzar”, reconoció. En medio de las explicaciones que brindó, dijo que, con los tres documentos apuntados, de ahora en más se contará con una herramienta para continuar en la tarea de mejorar la salud. Apuntó que uno de los propósitos del Ministerio de Salud es brindar la atención a la gente dentro de las redes de los servi­cios que ofrece.

Hay que resaltar las disposiciones adop­tadas por Salud Pública para buscar la atención a estos problemas muy delica­dos que afectan a muchas familias y que condicionan a cada vez mayor número de personas. La sociedad paraguaya requiere de un buen cuidado de la salud mental y sus conexiones de parte del Gobierno nacional, porque es un requeri­miento que se hace cada vez más fuerte. En ese sentido es un gran acierto de la administración sanitaria, que requiere el apoyo de la ciudadanía.

La salud mental nunca ha sido la priori­dad de los gobiernos anteriores y en esta ocasión, la administración actual está tomando cartas en el tema para cubrir esa falencia. No hay que olvidar que el cuidado y la promoción de la salud están entre las obligaciones fundamentales del Estado. El artículo 68 de la Constitución Nacional establece que: “El Estado prote­gerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad”, y que por ello “Toda per­sona está obligada a someterse a las medi­das sanitarias que establezca la ley, den­tro del respeto a la dignidad humana”.

Lo realizado por el Ministerio de Salud está dentro de lo que pide la Carta Magna cuando dice que el Estado debe articular programas de bienestar social con estra­tegias basadas en la educación sanitaria y en la participación de la comunidad.

Por ello en la tarea emprendida por la secretaría de Estado se requiere la activa participación de la ciudadanía, pues su colaboración hará que fructifique el tra­bajo encarado oficialmente. Como el cui­dado y la preservación de la salud afec­tan directamente a los individuos, todos están obligados a procurar ese propósito partiendo de la protección adecuada de su persona particular para extenderse hacia los otros miembros de la sociedad. Solo así se puede llegar al alcance social que se requiere.