Las noticias que nos llegan desde Venezuela por las vías tradicionales de comunicación y las redes sociales no son tranquilizadoras. Antes bien, dibujan un panorama sombrío, presagiando una espiral de violencia que podría aumentar en las últimas horas. El actual mandatario, Nicolás Maduro Moros, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se ha declarado ganador de los comicios presidenciales del pasado domingo 28 de julio –hace exactamente una semana– mediante el informe proporcionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin el respaldo de las actas que fundamentan los porcentajes que dieron a conocer.
De más está decir que los miembros de ese órgano de juzgamiento de los votos emitidos por el pueblo soberano responden incondicionalmente al sucesor –designado a dedo– de Hugo Rafael Chávez Frías. Aun así, la oposición del país caribeño se animó a competir y cuyo rostro visible es María Corina Machado, aunque el candidato fue el señor Edmundo González Urrutia ante la inhabilitación de la primera por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de una argucia de dudosa legalidad instalada desde la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela. A pesar de que demostró, en instancias de impugnación de la sanción, la inconsistencia de las acusaciones.
Muchos desprevenidos que no conocían esa situación, creían que ella era la candidata de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Esa confusión se acrecentó cuando se convirtió en la abanderada de la campaña de González Urrutia lo que, prácticamente, opacó la figura del real aspirante a la presidencia de Venezuela. Su presencia en las masivas concentraciones hasta en los rincones más alejados de dicho país causaban un verdadero revuelo, por su alta carga de emotividad, pues la multitud la aclamaba con gritos y consignas de que triunfar era posible. Tenía (y tiene), además, un discurso convincente, sólido y, sobre todo, valiente, lo que aumentó su popularidad a escalas que sorprendió al Gobierno y a sus brazos políticos y militares. Es la vieja trilogía que dejó profundas huellas de tragedia durante la dictadura de Alfredo Stroessner en nuestro país: Gobierno-Partido-Fuerzas Armadas.
Desde hace años que la administración de Nicolás Maduro no descansaba en la expresión de la gente y solo podía ser sostenido por el poder de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuya partidización e ideologización fueron creciendo cada vez más, olvidando, por ejemplo, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) –y una élite especial llamada Milicia Nacional Bolivariana (MNB)–, su razón de ser, cual es preservar su cuerpo de injerencias extrañas y su misión original, que es garantizar la seguridad ciudadana.
Paradójicamente, es la encargada de reprimir a los miles y miles de manifestantes que salieron a las calles a defender lo que ellos consideran el triunfo de su causa en las urnas, al tiempo de rechazar la pretendida victoria del PSUV, alegando fraude. Hubo muertos, desaparecidos y cientos de personas detenidas, cuyas cifran irán en aumento atendiendo a las declaraciones del propio Maduro, quien anunció que está construyendo dos cárceles de máxima seguridad para quienes fueron identificados en las marchas de protesta mediante videos difundidos a través de las redes sociales.
La comunidad internacional, por amplia mayoría, ha repudiado las maniobras del actual gobierno para continuar en el poder, insistiendo en que el verdadero vencedor fue González Urrutia –incluso, varios gobiernos ya lo han reconocido como el legítimo presidente electo de Venezuela–; en tanto que los aliados ideológicos de Maduro se han pronunciado al revés, o sea, a su favor. Mientras, la gente sigue muriendo asesinada en las calles. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), más temprano que tarde, deberán responder ante la justicia y ante la historia por haber adelantado unos resultados, repetimos, que no estaban respaldados por documentos oficiales.
Son tan responsables como las fuerzas armadas que han matado a los manifestantes en las calles. Las acusaciones de Maduro, a estas alturas, ya suenan a delirio: que la oposición “repartió dinero, armas y drogas para armar estos disturbios”, menospreciando la capacidad de discernimiento y de reacción de su propio pueblo. Incluso, convoca a conferencias de prensa para afirmar que se están preparando atentados. De paso no cesa de tratar de “agentes del imperio” (de los Estados Unidos de América) a todos aquellos que cuestionan la validez de la información proporcionada por el CNE. Un discurso que, por las imágenes difundidas a través de las diversas plataformas que nos ofrece la tecnología, ya carece de validez alguna.
La posición del Paraguay de que se verifiquen, se controlen (con la participación de los opositores) y se respeten las actas es la correcta, porque es el camino para evitar mayor derramamiento de sangre en dicho país. El Gobierno ha endurecido sus posiciones con prepotencia, provocación e irracionalidad, mientras las marchas ciudadanas, también, están cada vez más enardecidas. Las noticias que llegan desde Venezuela no son optimistas. Maduro debería abrirse al diálogo para garantizar que vuelva la paz mediante el respeto a la voluntad popular. Y documentalmente demostrable.