Considerando que la razón crítica opera sobre realidades concretas –en su definición más sencilla–, por analogía podemos colegir que existen situaciones que, por la contundencia de sus asertos demostrables, no pueden ser refutadas, salvo que se opte por reemplazar las categorías científicas por la mera opinión, con lo que, al mismo tiempo, se evidenciaría la mala fe del portador de tales prejuicios. Felizmente, este no fue el caso. Absolutamente todos los profesionales y técnicos del área económico-financiera, además de los periodistas que analizan las variables e indicadores del sector y los propios medios de comunicación que son declarados detractores de la administración del presidente Santiago Peña, repetimos, absolutamente todos, han coincidido en que estamos ante un hecho histórico, sin precedentes: que Paraguay haya obtenido el “grado de inversión” certificado por la calificadora internacional Moody’s.
Cierto es que “el proceso se inició hace más de dos décadas”, como apuntan algunos colegas, y que es “el producto del logro económico de varios gobiernos”, como argumentan otros; pero la verdad incuestionable es que la ceremonia de graduación fue durante este gobierno y que dicho diploma considera la continuidad de lo que se hizo bien en el pasado, así como la capacidad transformadora del actual mandatario y su equipo técnico en menos de un año de gestión. Y esta conquista, que tiene marca país, adquiere, incluso, mayor relevancia atendiendo a la sostenida campaña emprendida por quienes se han empeñado y empecinado en desacreditar a la actual conducción del Estado a nivel nacional e internacional, pretendiendo afear y echar tinta sobre aquellos programas que evidenciaban claridad, trasparencia y objetivos centrados en el bienestar colectivo.
Se ha insistido hasta el hartazgo –nunca mejor utilizada esta frase bastante común– que vivíamos en un régimen de diarquía, con un Poder Ejecutivo manejado por dos cabezas que, a criterio de los vituperadores del mandatario, obstaculizaba la gobernabilidad. A partir de esas suposiciones infamantes, no pasa un día sin que se trate de desprestigiar al presidente Peña por la vía de la ridiculización. Pero este logro, resaltado en letras mayúsculas –incluyendo a los enemigos del Gobierno (la reiteración es necesaria)–, representa, al mismo tiempo, el fracaso de ese innoble cometido.
Pero, ¿qué es lo que estamos celebrando como nación? Hagamos un ejercicio a la inversa. ¿Qué es lo que impide que un país alcance el grado de inversión? Y para evitar subjetividades, citaremos la opinión del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), Adolfo Fábrega, (reproducida por la agencia EFE el 1 de abril de este año): “Factores como el aumento sostenido de la deuda pública, la percepción de corrupción y la falta de avances en la trasparencia y el Estado de derecho han contribuido a erosionar la confianza de los inversionistas” y, por ende, deterioró la calificación.
Es pertinente, por tanto, colegir que nosotros estamos haciendo al revés, pero para bien. Otras páginas, también internacionales, para garantizar la distancia de cualquier interés local, señalan que “el grado de inversión tiene que ver con una calificación de pagarés, bonos y letras y va en torno a la deuda gubernamental, la distribución de la renta y la libertad de prensa. Las distintas agencias calificadoras dan una calificación que obtienen después de hacer un promedio entre los tres elementos mencionados”. Aparte de Moody’s, las otras agencias son la Standard & Poor’s y Fitch Rating. Estas dos últimas todavía no se expidieron sobre el caso paraguayo.
Nuestro país alcanzó el grado de inversión por primera vez en su historia. Es una muestra de nuestra solidez financiera y capacidad para cumplir con los compromisos financieros. Es lo contrario al denominado “grado especulativo”, esto es: un alto riesgo de cumplir con el pago de los compromisos financieros. Para el exministro de Hacienda César Barreto fueron gravitantes “los números de las finanzas públicas del primer semestre (enero a junio de 2024), porque el ritmo de reducción del déficit fiscal es más rápido de lo previsto en el plan de contingencia, dando alta seguridad de que volveremos al tope del déficit de la Ley de Responsabilidad Fiscal (1,5 %) antes de lo previsto”. Para otro extitular de la misma cartera del Estado, Manuel Ferreira, en una segunda etapa, “el costo de financiamiento local se volverá más barato”, beneficiando, entre otros sectores, al programa de la vivienda propia.
La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) resaltaron que con esta calificación “Paraguay se ubica en el mapa (mundial)”, puesto que el mejoramiento de las tasas de financiamiento abrirá las puertas a nuevas empresas y a miles de manos de obra. Clarín, de Buenos Aires, subrayó que “Paraguay alcanzó el grado de inversión y su riesgo país es 10 veces más bajo que el de la Argentina”. No se diga más.
Si bien la política y la economía están indisolublemente ligadas, en el momento del análisis crítico hay que despojarse de las cegueras ideológicas. No hace mucho, el 18 de marzo de este año, la organización no gubernamental Dende publicó que para alcanzar el grado de inversión se precisarán “cambios trascendentes”, “reformas imprescindibles, y para eso necesitaremos de la política…de la buena política y no de la que lamentablemente tenemos”. Nos genera una enorme felicidad esta gigantesca equivocación de cálculo. Más que nada porque salió ganando el Paraguay.