El concurso de méritos y capacidades que lanzó la Cámara de Diputados para la incorporación de nuevos funcionarios públicos debe ser el inicio de un proceso de jerarquización de los servidores del Estado replicado en sus diferentes estamentos. Este es el camino para seguir, pese a los cuestionamientos e intentos de descrédito de quienes buscan el pelo en la sopa.

Recordemos que aproximadamente a mitad del mes de junio, Diputados había anunciado la preparación de un concurso de aptitudes para la incorporación de 50 funcionarios a su plantel. Esto había descolocado a los medios militantes de la oposición que continúan sembrando cizañas, aunque sin mayor impacto a juzgar por la cantidad de postulantes, principalmente jóvenes que se hicieron eco, ya que la competencia se ajusta a las posibilidades de acceso al empleo de aquellos recién graduados.

Además de que el concurso busca constituirse en el primer empleo, según lo había remarcado el presidente de la Cámara Baja, transmite garantías debido al control cruzado de varias instituciones inmiscuidas tanto en la elaboración de los exámenes como en el control de los cómputos.

La corrección de las pruebas de selección múltiple será con el uso de la tecnología a cargo de un lector óptimo automatizado; no es un elemento menor, considerando que esto resguarda cualquier fraguada en los puntajes concedidos.

Los talentos humanos que se puedan lograr interesar en el concurso que precisamente concluye su proceso en el transcurso del día resultan muy relevantes en el objetivo de dotar de los mejores profesionales y los recursos humanos más capaces a una institución que no podemos desconocer es netamente política en su composición.

En las planillas de búsqueda figuran profesiones como: abogado, ingeniero informático, licenciado en Comunicación, diseñador gráfico, licenciado en Lengua Guaraní, economista, administrador de empresas, ingeniero comercial o contador público, licenciado en Ciencias de la Información, entre los primeros.

Así también buscan a licenciado en Lengua Inglesa, licenciado en Letras, licenciado en Ciencias y Tecnologías de Alimentos, ingeniero electromecánico, entre otros.

Los aspirantes a los cargos mencionados tienen a disposición requisitos claros con normas específicas publicados en el portal institucional y otros medios de comunicación. Procedimientos del concurso, la comisión de selección, plazos, requisitos, tipos de evaluaciones hasta dónde y cómo denunciar irregularidades detectadas. También está la publicación del formulario que deben llenar los participantes de manera que quede constancia del perfil de los mismos.

Esta iniciativa de Diputados, tras años de arrastre de clientelismo en la función pública de la que son responsables todos los partidos políticos sin distinción, puede marcar un antes y después en la profesionalización y jerarquización del servicio estatal. Lógicamente no es una meta fácil, pero si este paso se ejecuta con la seriedad que amerita el proceso de incorporación y se repite en otras instituciones, será trascendental para la competitividad del Estado.

Necesariamente debemos recuperar la formalización en el acceso a cargos públicos. El concurso de méritos y la transparencia en el proceso de contrataciones de personal se han debilitado en los últimos años y se deben volver a fortalecer.

La formalidad del concurso impulsado por Diputados es una dinámica que debe aplicarse en todos los organismos del Estado si queremos mejorar el servicio estatal y la equidad en el acceso al empleo público.

Ningún sector se encuentra en posición de señalar con el dedo sobre privilegios en la función pública. No es exclusividad de los grupos de poder de turno las concesiones de cargos en el Estado, por ello todos están en la obligación de redireccionar prácticas que lleven a incluir la competencia como principio en el acceso a los mismos.