Si hubo una estructura que sirvió al crimen organizado, esa fue la del gobierno de Mario Abdo Benítez. No hace falta entrar en discusiones, incluso ya estamos hartos de conocimiento que fue durante su gestión que se consolidó el negocio narco que prosperó desde la pandemia.

Abdo Benítez eligió al más perverso de los profesionales como hombre de confianza en el sensible puesto de combate al narcotráfico. Ese es Arnaldo Giuzzio, el mismo que, siendo fiscal anticorrupción no agarró una mosca, al contrario, sus persecuciones penales terminaban en la nada, como el sonado caso del finado González Daher que, dicho por la prensa amiga del mismo, “de la noche a la mañana” se blanqueó.

De inmediato, al sentarse en el sillón presidencial Abdo Benítez, dio todo el poder a Giuzzio. Capaz este ya tenía las instrucciones de dejar la cancha libre al crimen organizado. Esto no resulta ilógico viendo la resolución que firmó para liberar de controles los puertos por donde salían cargas contaminadas con cocaína, como una de las primeras medidas que tomó el exministro que había perdido su cargo, precisamente, por conexiones narco.

Este fue un paso clave para la expansión del ilícito que degradó al país ante la comunidad internacional por las toneladas de cocaína que caían en puertos del extranjero, principalmente en Europa.

Todo corría sobre rieles, ya no caían cargas de drogas en nuestro país por pesquisas de inteligencia de la Senad, caían afuera. Muy por el contrario, lo plasmado en la acusación del sonado operativo A Ultranza devela que desde el organismo antinarco se filtraban informaciones que protegían los movimientos del crimen organizado.

Entre Giuzzio y su sucesora Zully Rolón en cuya gestión continuó la fiesta de los narcos terminaron desmoralizando la Senad como nunca antes. Expusieron la institución al punto de firmar convenios de combate al narcotráfico, coincidentemente con una persona que hoy está procesado en el caso A Ultranza, esto es de terror y atribuye responsabilidades que no hace falta ser expertos en leyes para aseverar que deben ser sancionadas con todo el peso de las normas.

Giuzzio fue pillado con favores recibidos de uno de los sindicados narcos más buscados por Brasil, Marcus Vinicius Espíndola. Conversaciones nocturnas, frecuentes y hasta visitas entre ambos quedaron registradas en las investigaciones en el vecino país como del Ministerio Público paraguayo. Ese chat, clave en la noche previa al operativo Turfe, en código como si alertando algo, son parte de los indicios demasiados fuertes que hacen sospechar sobe el verdadero rol del exministro.

Una reciente confirmación del actual ministro de la Senad también resulta escandalosa. Y es que realizaron inversiones con oscuros financiamientos. La sede regional de la institución en Salto del Guairá fue inaugurada en el gobierno de Abdo Benítez sin que se supiera de dónde proviene el dinero, no existen rastros presupuestarios que avalen el origen de los recursos millonarios. En la Senad especulan que hasta fueron los mismos líderes del crimen organizado con gran influencia en la zona los que realizaron una obra de caridad, burlándose del ente y de todo el país.

Si el Paraguay es considerado un corredor logístico de la droga y hasta centro de industrialización y acopio eso es gracias a las medidas cómplices de desmantelamiento de puestos de controles, las filtraciones de datos a los investigados y las raras vinculaciones que involucran a las mismas exautoridades.

La Fiscalía debe ser implacable para que la justicia castigue a quienes arriesgaron nuestra seguridad y sometieron las instituciones de seguridad a las influencias narco. Existen agentes distorsionadores de la realidad que intentan desviar la atención para salvar a los impresentables que se pasaron codeándose con lideres de organizaciones criminales, pero el Ministerio Público con el excelente trabajo de investigación debe actuar con firmeza.

El daño que ocasionaron a la Senad y a la República es demasiado grande. Desmoralizaron y sometieron instituciones claves que hoy deben ser rescatadas. Esto no puede quedar impune.