Si hay una verdad de hierro que se confirma con los datos de filtraciones que obran en la acusación fiscal de uno de los operativos antinarco más emblemáticos de los últimos tiempos como es A Ultranza Py, es que el gobierno de Mario Abdo Benítez carga con el gran peso de ser el principal responsable del auge del crimen organizado en el Paraguay.
El hecho de haber desmantelado puestos claves de control que facilitaron la narcoexportación a sabiendas de que los puertos privados estaban siendo utilizados como puntos de salida de cargas contaminadas y sostener a leales con estrechos vínculos con capos de organizaciones delictivas son imperdonables por el perfil de corredor logístico y hasta de laboratorio de estupefacientes que le han generado al país.
La investigación fiscal que despliega con lujo los detalles de cómo operaba el grupo de Sebastián Marset y el sindicado líder del negocio del narcotráfico en nuestro país Miguel “Tío Rico” Insfrán dejan al descubierto un esquema prácticamente de protección por parte de las mismas instituciones encargadas de combatir al crimen organizado.
Las investigaciones revelan una verdadera anarquía gubernamental en el periodo anterior, a los que se suman mina de informantes al servicio de los cabecillas narcos mediante filtraciones de pesquisas y procedimientos sensibles. Esto era de esperarse considerando que las mismas autoridades propiciaron medidas que favorecieron a las estructuras de los delincuentes y hasta se codeaban con sus líderes.
La decisión inmediata tras la asunción del gobierno de Abdo de liberar los puestos de control en los puertos no es un hecho aislado al fortalecimiento que tuvo el negocio en negro. Fue el inicio de la próspera narcoexportación principalmente de cocaína que fueron desmoronando la imagen del Paraguay ante el mundo con periódicas incautaciones en puertos extranjeros.
Era evidente que los delincuentes iban a aprovechar la oportunidad, hubieran sido tontos si no perfeccionaban el negocio. Así también eran lógicas que las señales del gobierno anterior de desarticular las fiscalizaciones eran una ocasión para que los funcionarios desleales operen con mayor facilidad.
Es así como la anarquía permitió que desde la propia Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se sirviera datos a los buscados narcotraficantes que, a juzgar por las transcripciones de las conversaciones telefónicas, ostentaban la sumisión de esta institución, principalmente. Lo más grave es que con la difusión de estos hechos se confirmaron que las cabezas de estos ministerios manejaban la información de que había infieles que operativizaban filtraciones, pero se impuso el silencio cómplice.
Todo indica que traicionaron la lucha contra el crimen organizado; de hecho, la conducta de los exministros de la Senad como Zully Rolón y Arnaldo Giuzzio dejaban mucho que desear. Ambos ex altos funcionarios de confianza del gobierno de Abdo firmaban convenios con miembros del grupo que cayó con A Ultranza Py en el primer caso y en el segundo fue descubierto con favores recibidos del narco buscado por el Brasil Marcus Vinicius Espíndola, a quien casi lo mete de proveedor en sus tiempos de ministro del Interior.
Mientras todo esto sucedía y la llegada de una pandemia que direccionaba las atenciones a las situaciones de emergencia sanitaria, el 2020 fue un periodo clave para que corran sobre rieles un negocio que para el 2022 movía unos USD 25.000 millones, según el informe que había socializado hasta a escala internacional por el hoy ministro del interior Enrique Riera.
El Ministerio Público dejó al descubierto el guiño al narcotráfico durante el gobierno Abdo y es por ello que la Justicia debe profundizar el análisis para que los responsables asuman las consecuencias de sus actos.
Se han generado grandes escándalos que sacudieron el honor, la estabilidad, la credibilidad del país. Quienes estando en el poder aplicaron disposiciones contrarias a la lucha contra el crimen organizado deben ser castigados.
El hecho de que ya no estén en cargos del Estado no significa que deban quedar impunes. Todos cuanto han colaborado que la consolidación del negocio de las drogas ya sea por complicidad, desidia o ineptitud deben rendir cuentas y asumir responsabilidades.
La herencia del gobierno Abdo de instituciones permeadas por el negocio ilícito es una carga demasiado pesada que son ellos los que deben afrontar la justicia por sus actos.