El Gobierno ha tomado una importantísima decisión para que la ciudadanía se sienta más segura y pueda recuperar la tranquilidad en las zonas atacadas por las bandas del crimen organizado. Desde el fin de semana último un contingente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se instaló en el departamento de Canindeyú para enfrentar a los bandidos que convirtie­ron esa zona en un virtual campo de bata­lla entre bandoleros del narcotráfico. Las fuerzas especiales brindarán protección a los habitantes de la zona que últimamente viven en zozobra por la sucesión de hechos criminales que ponen en peligro sus vidas y la seguridad de mucha gente.

Con la militarización de esos puntos azo­tados por la inseguridad creciente, donde el crimen organizado ha tenido un fuerte crecimiento, el Gobierno espera dar res­puesta a los requerimientos de la gente.

La experiencia de la gran eficacia de la FTC para contrarrestar a los malhechores hace que se tengan muchas esperanzas de que con la intervención de los uniformados pueda mejorar la situación en la zona fron­teriza con el Brasil. Aunque hubo voces que cuestionaron la decisión del Gobierno, porque afirman que esa no es tarea de los militares sino de la policía, los hechos demuestran que los resultados positivos obtenidos por el cuerpo militar hablan por sí solos.

De acuerdo con el diagnóstico realizado por gente especializada, los controles pre­carios que se ejercen en la zona, además de la corrupción de algunos grupos que actúan como cómplices de los trafican­tes de la frontera han facilitado la ruta del crimen organizado en esa región. Eso ha hecho que el departamento de Canindeyú, con Salto del Guairá a la cabeza, consti­tuya la zona más delicada donde operan los exponentes del crimen organizado.

Uno de los fiscales que conoce la zona explicó que los pobladores de esa región viven en zozobra por el aumento de los hechos criminales de la guerra entre los grupos de delincuentes. Eso porque las confrontaciones por el control del mer­cado de las drogas podrían ocasionar el asesinato de personas inocentes.

De acuerdo con los planes de las autorida­des, los militares y policías que componen la FTC operarán en el departamento de Canindeyú utilizando las informaciones de otras entidades públicas especializa­das. Coordinarán sus tareas con otras ins­tituciones que se dedican a la defensa y la seguridad del país, además de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía.

El Gobierno considera que en el mencio­nado departamento existen muchos ries­gos de seguridad que hacen necesaria la intervención de las fuerzas especializa­das. Hasta ahora en ese departamento no había fuerzas militares que estuvieran enfrentando con posibilidades de éxito a los exponentes del crimen organizado y los narcotraficantes que operan en la zona.

Eso ha hecho que el presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, haya decidido la intervención de los militares en la zona. “¡Trabajamos por la seguridad de todo el país! El Gobierno del Paraguay ha enviado un importante contingente de efectivos militares, equipos tácticos y vehículos blindados a la nueva Subárea de Pacifi­cación del Departamento de Canindeyú. Dicho procedimiento está siendo acom­pañado por el comandante de las Fuer­zas Militares, comandantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, ICE, 3a DC, CODI y las FTC”, fue el anuncio que realizó en su cuenta comunicacional.

Como ha señalado el ministro del Interior, la colaboración entre las fuerzas públicas es fundamental para poder enfrentar cual­quier tipo de amenaza a la seguridad del país. Y lo más llamativo es que en la expe­riencia reciente de tarea conjunta se han tenido excelentes resultados para comba­tir el crimen y la inseguridad.

Con base en los logros obtenidos hasta ahora se puede asegurar que la extensión de la intervención de la FTC a otros depar­tamentos será también muy útil para ir combatiendo con más posibilidades de éxito a la criminalidad creciente en los más diversos puntos del país. Zonas que anteriormente eran reconocidas por su seguridad actualmente están siendo esce­narios de hechos violentos que requieren una intervención estatal más eficiente con fuerzas de seguridad de mayor capacidad y rigor.

El paso que dio el Gobierno en Canindeyú ayudará a mejorar la seguridad, porque es un ultimátum necesario para los grupos criminales. Una experiencia que hay que extender luego a otras regiones.