La serie de incautaciones, una tras otra, de productos de contrabando que hemos visto en los últimos meses no debe parar en ninguna circunstancia. El Gobierno tiene que continuar la tarea de frenar el ingreso ilegal y fortalecer sus puestos de control hasta lograr que el negocio en negro deje de boicotear las arcas del Estado con la evasión de impuestos.
No hay que olvidar la dejadez en los controles fronterizos en el gobierno anterior que casi asfixia a la industria paraguaya que pedía auxilio por el desplome económico que sufría a causa del contrabando y, peor aún, la entrada y salida de productos ilegales que nos fue convirtiendo en los últimos años un país que hacía de corredor logístico de la droga. Paraguay lastimosamente se ganó el mote de narcoexportador por liberar puestos de control.
El tema contrabando fue mucho más que perjudicial en el último periodo gubernamental y los efectos fueron muchos más impactantes por el escenario que se vivía por la pandemia del covid-19. De ninguna manera puede ser un justificativo la crisis sanitaria y económica; sin embargo, fue una excusa genial para los mandamases de turno para hacer la vista gorda al ingreso en negro que implica una competencia desleal en la que los precios parecieran ser generosos con el bolsillo de la ciudadanía mientras perfora las cajas impositivas.
Cientos de cajas de verduras de contrabando, miles de unidades de vapeadores sin registro sanitario, miles de litros de combustible ilegal, toneladas de carne de importación en negro, teléfonos celulares y demás equipos de tecnología e informáticos de contrabando fueron decomisados en los últimos meses mediante fuertes operativos de control en puntos clave.
Desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) compartieron estadísticas de que disminuyó en un alto porcentaje la entrada ilegal de combustible que tenía cautivo el 50 % de la demanda de los 200 millones de litros que se venden en el Paraguay. El titular del organismo de control mencionó al tiempo de lamentar que el arduo trabajo anticontrabando comience a generar molestias a sectores de poder político que venían manteniéndose cómodamente con el esquema del ilícito que funcionaba en nuestro país.
Oportunamente y como debe ser, el sector productivo se puso de pie en el respaldo a la lucha anticontrabando del Gobierno y esta iniciativa ayudó para continuar con el combate al ilícito. Esta coordinación y acuses de recibo en los esfuerzos de aplicar las leyes y proteger la economía son las estrategias que necesita el país, mirar todos juntos hacia lo que nos beneficia.
Por ello es importante que sistemáticamente se demuestre esta fuerza entre el sector privado y el sector público. Que dé ese mensaje claro a la ilegalidad a todas aquellas actuaciones que corrompen las instituciones en perjuicio del Estado.
El Gobierno seguirá requiriendo de mucha solidez en esta lucha si la voluntad gira en torno a la recuperación de la economía, de lo contrario, seguiremos lamentando la falta de trabajo y liquidez en las cajas de los entes de recaudación oficial.
El poder político de muchos sinvergüenzas, corporaciones, entre ellas algunas mediáticas, son sindicados en el esquema en rubros y que es un secreto a voces. Todos estos intereses mezquinos de sabotaje al crecimiento país forman parte del contexto en que le toca pelear al Gobierno, por tanto, deberá ser implacable en sus intervenciones.
Estos controles afuera, en las fronteras, deben también ir acompañados de monitoreos internos de las diferentes instituciones de control. No es una fantasía que existen funcionarios desleales y esta depuración es otro aspecto impostergable, de lo contrario, seguiremos durmiendo con el enemigo.
Lo contundente es que cuales fueran las tácticas operativas en el combate al antiguo flagelo del contrabando, estas no deben claudicar. El Gobierno tiene la obligación de continuar mejorando resultados contra el ilícito, usar la ley para castigar a los infractores por encima de las presiones que surgieren.