Pocas cosas pueden ser más dañinas para los ciudada­nos y para un país que las provenientes de un Estado cuyos funcionarios públicos actúan más allá de sus deberes expresa­mente establecidos en el orden jurí­dico constitucional.

El Estado, y esto debemos tomar en cuenta en un país como el nues­tro que sufrió por mucho tiempo el autoritarismo, es una institución política y jurídica cuyo objetivo es garantizar el orden fundado en la ley. El principio de legalidad del cual estamos refiriéndonos es un valor fundamental en la sociedades que desean progresar.

Los funcionarios públicos desde el lugar que les toca ejercer sus funcio­nes deben ceñir sus conductas a la ley fundamental y demás normas y en ningún modo deben actuar movi­dos por sus intereses particulares aunque ello implique tener enfrente a alguien que desprecien o tengan un ocasional adversario en la polí­tica.

Ninguna de las dos razones mencio­nadas justifican el actuar del funcio­nario y menos cuando ese funciona­rio público ocupa el más alto cargo en la administración del Estado como lo es el presidente de la Repú­blica.

Actuar para perseguir al ocasional adversario en la política y además exigir a sus subalternos que cum­plan con lo que se les solicite no solo es un acto ilegal que requiere ejem­plar sanción, sino también es pro­fundamente inmoral.

Es por este motivo que nace el estado de derecho para limitar el poder del gobierno de turno. Esto significa que si los funciona­rios desde el presidente hasta el de menor rango –cuyos salarios son pagados por los contribuyentes– actúan más allá de lo que establece el orden jurídico pues entones se da surgimiento al poder arbitrario, similar a lo que se tiene en los regí­menes autoritarios.

Si deseamos un país estable en tér­minos políticos y en progreso eco­nómicamente hablando, las leyes no pueden ser transgredidas por nadie y menos por los funcionarios que ocupan altos cargos y que por el poder de sus investiduras se creen con el derecho de disponer de la suerte de otros ciudadanos.

En una República rige el principio de legalidad constitucional, siendo absolutamente contrario a los capri­chos o intereses personales del fun­cionario de turno.

Sin embargo, lo que parecía haberse logrado en nuestro país con el avance de las libertades políticas luego de tantos años de dictadura, ocurrió que desde el Palacio de los López uno de los hijos dilectos del oprobioso régimen autoritario, y nos referimos al señor Mario Abdo Bení­tez, se dedicó a hacer uso y abuso del poder para perseguir a sus adversa­rios que le disputaban el poder.

El entonces primer mandatario Abdo Benítez se ensañó personal­mente contra dos personas, el expre­sidente de la República Horacio Car­tes (líder del movimiento político interno dentro del Partido Colorado y contrario al del señor Abdo) y con el entonces precandidato presiden­cial Santiago Peña.

Abdo Benítez y sus ocho leales en categoría de bufones (a la fecha todos ellos individualizados y denunciados ante la Fiscalía) fueron todavía más lejos. Elaboraron y fil­traron informaciones de inteligen­cia manipulando datos al punto de falsearlos para dañar la libertad y la propiedad del señor Cartes así como de sus empresas.

Y lo hicieron desde el más alto poder del Estado paraguayo, situación que solo ocurría desde las lóbregas épocas de la oprobiosa dictadura estronista, de cuya simiente surge el señor Abdo Benítez que no dudó en imitar lo peor del antiguo régimen: Disponer del Estado como aparato de persecución política y económica para beneficio propio.