Una de las bombas noticiosas de la jornada del lunes fue la imputación realizada por dos fiscales contra el expresidente Mario Abdo Benítez y 8 excolaboradores estrechos de su gobierno. Se los acusa de haber filtrado informes de inteligencia para uso político y otros delitos que fueron investigados y ahora deben se probados en el juicio. Como la dura acusación es contra el exmandatario y su entorno cercano, el hecho no fue bien recibido por algunos sectores que prefieren defenderlo, como ciertos medios de comunicación que mostraron su hilacha abdista.
Los hechos existieron y fueron denunciados en su momento con las evidencias del caso. Por lo que no se los puede desconocer como tampoco achicar la gravedad de lo acontecido. Es necesario que los organismos judiciales pertinentes realicen la investigación correspondiente y establezcan las responsabilidades y los castigos que conllevan tales delitos señalados por los fiscales.
De acuerdo con el escrito de la acusación, “durante parte de su periodo de gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 al 2022) habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”.
Sin entrar a calificarlos, estos hechos podrían ser entendibles como parte de una lucha partidaria. Pero lo grave de esta situación es que, para este propósito, con fines políticos, se habrían revelado secretos que no corresponde dar a publicidad por parte de los altos funcionarios acusados.
“La filtración realizada habría perseguido el objetivo de desacreditar políticamente al expresidente de la República Horacio Cartes”, destaca el texto de la imputación. Y agrega que cada uno de los hechos mencionados en el escrito representan elementos de sospecha suficiente sobre la existencia de lo denunciado y la participación de las personas indicadas. Los fiscales realizaron la acusación e imputaron al expresidente Mario Abdo Benítez, a Carlos Arregui, extitular de Seprelad; a Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior; a Carmen Pereira, exviceministra de Seprelad; a René Fernández Bobadilla, que fue ministro de la Seprelad. También están imputados el diputado Mauricio Espínola, Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
De acuerdo con lo referido por la acusación, las instituciones estatales que dependen de la Presidencia de la República filtraron informaciones secretas a los medios de comunicación para ensuciar el nombre de los enemigos políticos de Abdo. Desde la Senad, Senac y el Ministerio del Interior se pasaban informaciones a la prensa de manera organizada con el propósito de afectar al expresidente Horacio Cartes y sus empresas, según la opinión de su abogado Pedro Ovelar. Este señaló que las denuncias realizadas contra Abdo y sus excolaboradores se basan en hechos reales, como denuncias falsas, simulación de hechos punibles y persecución, que infringen las disposiciones del Código Penal.
El ruido ocasionado por las acusaciones fiscales produjo también una fuerte detonación en el campo político, por las implicancias que tienen en los sectores partidarios involucrados y las consecuencias penales que podrían sobrevenir. Pero al margen de las repercusiones que puedan tener en los diversos campos de la vida nacional, lo importante es que si los delitos se cometieron, corresponde investigarlos de manera adecuada y los responsables tienen que recibir el justo castigo como consecuencia de los hechos que han causado.
No es bueno que en el país continúe la impunidad de los delincuentes, aunque sean grandes personalidades del campo político o social, por el bien de la sociedad paraguaya y la seriedad de las instituciones. Debido a ello, desde el punto de vista de la lógica más elemental, es muy difícil de entender la actitud de algunos medios de comunicación que decididamente salen a defender a los acusados. Parecen no importarles la gravedad de los actos denunciados ni el hecho de asumir la defensa de posibles delincuentes.
Es muy plausible la actitud asumida por los fiscales con base en las denuncias presentadas en su momento contra los imputados. Lo habitual en cualquier sociedad normal es que cuando se cometen infracciones a las leyes, los responsables sean investigados, acusados y, si corresponde, castigados de acuerdo con las normas penales.