Los intendentes municipa­les tienen que poner todo el empeño para cumplir la nor­mativa que prohíbe la pro­liferación de máquinas tragamone­das en comercios, veredas, espacios públicos y demás sitios prohibidos, y que constituye en el otro flagelo de las adicciones que expone a la ciudadanía, principalmente a los más vulnerables como los menores de edad.

Por la falta de reglamentación, mucho tiempo muchas ciudades y espacios públicos se tornaron can­cha libre para la avalancha de máqui­nas tragamonedas que han cautivado en el vicio de las apuestas a muchos adultos; en el caso de los adolescen­tes y niños caen en la adición cono­cida como ludopatía. Sin embargo, en diciembre pasado, el presidente de la República firmó el decreto 938/2023 por el cual se reglamenta la Ley 6903/2022, “que establece medidas de protección a los menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas”, es decir, estos apara­tos ya no deben estar a la vista de los menores.

Estos juegos deben funcionar en lugares habilitados por las munici­palidades, sitios adaptados a normas de seguridad con la prohibición del ingreso a menores.

Desde la Comisión Nacional de Jue­gos de Azar (Conajzar) vienen insis­tiendo en el cumplimiento de la nor­mativa que prohíbe la exposición de estas máquinas en espacios públi­cos y al alcance de los niños avisando de los controles e intervenciones en proceso. Incluso dieron un tope para procedimientos con medidas drásti­cas hasta el 8 de febrero pasado.

Los plazos fenecieron y los intenden­tes como los funcionarios respon­sables de cada municipalidad que se deben a la ciudadanía tienen que aca­tar la normativa sin contemplación de quienes infringen las disposicio­nes. Si no son capaces de proteger a sus comunidades de este vicio de las apuestas, deben ser sancionados y dar un paso al costado.

Es sabido el tremendo daño psicoló­gico, social y económico del flagelo de las adicciones producto de la expan­sión indiscriminada y uso descon­trolado de estas máquinas. Expertos señalan los cambios en los hábitos que generan la manipulación desme­dida de estos aparatos en la vida de las personas siendo tremendamente dañinos en menores por la pérdida de la noción del tiempo, interferen­cia en la conducta y se considera que es una de las principales causas de la deserción escolar por las dificultades en el aprendizaje y la violencia que propicia.

En lo económico, estudios estiman multimillonarias cifras que se mue­ven en negro detrás de este negocio que es considerado clandestino, pero que se explota a todas luces. Lastimo­samente la reglamentación llegó tras años de copamiento de estas máqui­nas de las avenidas y lugares públicos de manera invasiva, sin protección a la población vulnerable; sin embargo, no es argumento para seguir poster­gando el cumplimiento de las leyes.

Las ciudades, a través de sus admi­nistraciones municipales, necesi­tan un ordenamiento en este aspecto de los juegos de azar. No se puede inducir a los más desprotegidos a las adicciones mediante estas máquinas que prácticamente hipnotizan a los usuarios.

Las instituciones pertinentes deben actuar de oficio. La Conajzar asume una enorme misión y tiene que avan­zar en una coordinación estratégica de procedimientos que involucren a las diferentes entidades, princi­palmente con el Ministerio Público, para caer con todo el peso de la ley a los transgresores.

La demora en el cumplimiento de las normas que prohíben la exposición de los aparatos en sitios no habilita­dos arriesga mayor especulación en el negocio en negro y que funciona­rios desleales sigan haciendo la vista gorda a estas máquinas que inundan ciudades.

La adicción por las apuestas es indu­dablemente otro de los flagelos cau­sante de muchos males que afectan a la sociedad y que de manera impos­tergable se debe atacar, para ello existen los recursos legales perti­nentes.