Para que la alimentación escolar diseñada por el Gobierno se cumpla en las instituciones educativas, apenas comenzado el año lectivo, el proyecto de ley correspondiente tendría que tratarse rápidamente en las cámaras legislativas antes del inicio del periodo ordinario, el 1 de marzo, en sesiones extraordinarias. De ese modo la revolucionaria idea de alimentar a 1.300.000 alumnos se podrá ir concretando con mayor rapidez para favorecer a los niños del país. Cualquier tardanza perjudi­cará a miles de chicos que necesitan ser mejor alimentados para garanti­zar su rendimiento escolar. Las clases comenzarán en las instituciones esta­tales el 23 de febrero.

Para poner en marcha con rapidez el programa “Hambre cero” proclamado por el presidente de la República nada mejor que practicar la burocracia cero en todas las instancias, tanto en el Congreso, en el Ministerio de Edu­cación y Ciencias, como en las gober­naciones e intendencias municipales de todo el país. Todo el tiempo que se aguarde seguirá vigente el sistema actual que solo permite alimentar al 15 % de los niños de las instituciones educativas de la nación, hecho que constituye una situación vergonzosa que no tiene que continuar.

Para que se tenga una idea exacta del sistema actual que se quiere acabar, hay que señalar que de los 180 días hábiles en que se desarrollan las cla­ses, el Fonacide solo cubre 40 días para la alimentación. Las 140 jorna­das restantes los alimentos brillan por su ausencia y los niños ven frus­tradas sus ganas de comer de manera adecuada. Esos días sin comida son una situación vergonzosa que no se puede seguir permitiendo. No hay que admitir ningún pretexto político, burocrático ni de ninguna laya que siga hambreando a los niños del país.

Esto lo deben comprender los funcio­narios involucrados en el tema, como los gobernadores de los departamen­tos del país y los intendentes munici­pales de todos los municipios, muchos de los cuales han manifestado públi­camente su oposición al proyecto. Y no lo han hecho por el noble senti­miento de apoyar a los niños, sino por el egoísmo de que ya no tendrán la plata que recibían y que muchos administraban de una manera impro­pia. “Prácticamente del 25 % va a llegar al 70 % de cobertura”, mani­festó el gobernador de Itapúa, Javier Pereira.

Por su lado, el intendente de Caa­cupé, Diego Riveros, manifestó su satisfacción por la medida del Gobierno: “‘Hambre cero’ es un pro­yecto que nos pone muy contentos y es lo que nosotros esperábamos hace rato como intendentes”. Y agregó: “Qué paraguayo no va a estar de acuerdo con que en las instituciones educativas se pueda entregar la ali­mentación escolar los 180 días calen­dario”, afirmó.

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, explicó que para la ela­boración del proyecto se estudiaron normas que regulan la alimentación escolar de varios países y, junto con gobernadores e intendentes, analiza­ron la experiencia exitosa de Brasil y Portugal, que se buscará aplicar aquí. Para ello se creará el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y se eliminará el Fonacide.

El plan estatal de llegar a todos los estudiantes con la alimentación que corresponde tiene que tener el apoyo ferviente de toda la ciudadanía, y en especial de los políticos y funciona­rios, que están para servir al país y a quienes se les paga para ello. Una actividad tan noble como darles de comer adecuadamente a los más chi­cos y débiles de nuestra sociedad no merece el reparo de nadie, bajo nin­gún pretexto, como lamentablemente está ocurriendo en algunos casos.

El proyecto del Ejecutivo tiene que recibir la colaboración activa de las clases políticas que asumieron la res­ponsabilidad de conducir el país. Y eso debe suceder para que nunca más un niño asista a la escuela con el estó­mago vacío y el alma dolorida.