Luego de ser demonizada en su momento por la oposi­ción y por ciertos grupos sindicales la iniciativa del Poder Ejecutivo de crear una super­visión en las cajas de jubilaciones y pensiones, ocurre que ahora aque­llos que tiraban palos a la rueda sin argumento alguno claman con urgencia que la nueva Superinten­dencia intervenga las diversas cajas que se encuentran con serios incon­venientes, como por ejemplo la del Personal Municipal.

En efecto, la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Munici­pal hace más de diez años que viene con problemas de sostenibilidad financiera, siendo apenas la punta del iceberg de un sistema jubila­torio que merece un tratamiento racional en atención a que miles de personas se encuentran directa e indirectamente relacionadas con el cobro de sus haberes.

El desequilibrio existente entre la cantidad de aportantes con la de jubilados así como la mala adminis­tración, las más de las veces dolo­sas, hacen imposible el pago de los jubilados y pensionados que, por cierto, no tienen otra salida que una pronta y efectiva intervención por medio de la ley recientemente apro­bada por el Congreso a iniciativa del Ejecutivo nacional.

Ese fue, entre otros motivos, lo que llevó al presidente Santiago Peña a elevar a consideración del Congreso su proyecto de ley, pues la situación ameritaba una deci­sión coherente con su programa de gobierno, así como el cumplimiento de lo que preceptúa nuestra ley fundamental.

Es de tomarse en cuenta que a la fecha la nueva ley se halla en pro­ceso de consolidación. En efecto, el Consejo de Seguridad Social deberá conformarse próximamente con los representantes de todos los sec­tores por medio de elecciones. Por cierto, una de las iniciativas que en su momento el Ejecutivo nacio­nal expuso en su proyecto de ley consistía en la necesidad de que los miembros del Consejo de Seguri­dad Social se encuentren represen­tados los sectores involucrados de manera a que las decisiones se lle­ven a cabo con la más absoluta legi­timidad y transparencia.

Cuando el proyecto del Ejecutivo fue presentado, los ahora muy pre­surosos en acudir a la ley que tanto trataron de impedir sea tratada y aprobada en nada les interesaba la suerte de las familias involucradas. Como suele ocurrir, se autodeno­minan demócratas, una expresión de boca para afuera que no se com­padece de sus intenciones obstruc­cionistas en vez de opositores.

Es de recordarse que la iniciativa presidencial fue un acontecimiento histórico para los intereses de la ciudadanía honesta y trabajadora, además de una ley que por mucho tiempo fue postergada en nuestro país aún cuando nuestra Consti­tución Nacional en su artículo 95 estableció en el año 1992 sobre la necesidad de contar con un ente de supervisión establecido por la ley.