Es inconcebible que en todo el proceso demo­crático que se inició hace 35 años la defi­ciente infraestructura escolar continúe siendo un asunto sin resolver. Al menos en un porcentaje óptimo, para que los problemas rezaga­dos o imprevistos tengan una respuesta rápida. Natu­ralmente, existen otras urgencias del mismo nivel que son impostergables para el Estado y que guardan rela­ción con una mejor calidad de vida para la ciudada­nía: especialmente, salud y vivienda. Sobre esos ejes fundamentales (a los que debemos añadir inversiones para mejorar y ampliar los servicios de energía eléc­trica y agua potable) habría que priorizar los recursos públicos y hasta redireccionarlos de otras institucio­nes, si necesario fuere.

Pero estamos hablando de un programa que implica indefectiblemente planificación y estrategia, un diseño previo que apunte a un trabajo ordenado, con calidad en los resultados (fiscalización seria y honesta) y un presupuesto racionalmente utilizado. Las empresas que entran a competir para la construc­ción y reparación de aulas deberán estar conscien­tes de que un trabajo mal hecho no será recibido, con las correspondientes puniciones que contemplen los contratos. En concreto, a cinco meses de gobierno no se puede adjudicar toda la carga de responsabi­lidades al presidente Santiago Peña como plantean arteramente algunos medios de comunicación que continúan sin asumir su complicidad con la corrupta administración de Mario Abdo Benítez. Aun así, aun­que orientado su perfil crítico perversamente hacia un solo sector, las publicaciones son válidas para dimensionar los obstáculos que frenan una educa­ción equitativa y de excelencia.

Los problemas no surgen por generación espontánea. Existen antecedentes remotos y otros recientes. La periodización del relato nos permitirá ubicarnos en su exacto contexto para entender esta complicada situa­ción. Como dijimos al principio, nunca debimos lle­gar a esta situación. Quizás el problema mayor fue la improvisación al frente del Ministerio de Educación y Culto, primero; de Cultura, después, y de Ciencias, actualmente. Muchos se obsesionaron con ese sillón con intenciones exclusivamente políticas, sin capa­cidad técnica, casi todos mirando hacia el Palacio de López. Por tanto, esta secretaría de Estado fue, recu­rrentemente, fuente de propaganda y no el centro de las reflexiones y soluciones duraderas enfocadas en la educación. Salvo durante la administración de dos o tres técnicos con vocación de políticas de Estado, entre quienes sumamos al actual, este ministerio se olvidó de sus objetivos y fines misionales. Por eso es importante llegar hasta la raíz de este fenómeno per­nicioso para entender a cabalidad las dificultades del presente en materia de infraestructura en escuelas y colegios del sector público.

En los últimos cinco años, estas carencias edilicias se dispararon exponencialmente. De acuerdo con las evidencias expresadas a través de algunos medios de comunicación, en ese periodo se pagaron por obras que ni siquiera habían empezado y por otras que jamás concluyeron. Todo tenía su explicación: eran empresarios amigos del poder, quienes habían encontrado la conexión perfecta para incrementar sus patrimonios en complicidad con las autorida­des de turno, a quienes nos les importó ni la edu­cación ni la salud (durante la pandemia murieron 20.000 personas por culpa de la desidia del ante­rior gobierno). Se dedicaron a un feroz latrocinio sin considerar ni importar el dolor de nuestro pueblo. Tarde o temprano estos crímenes tendrán su cas­tigo. Por de pronto, por temor al repudio ciudadano, apenas salen de sus casas para algún acontecimiento familiar o de su círculo político. Viven encerados en sus lujosas mansiones, lo que podríamos llamar una “cárcel dorada”.

En ese quinquenio, vale la pena repetirlo, quienes usufructuaban el poder se ufanaron de su “récord” en construcción de rutas –que nadie, hasta hoy, pudo verificar–, considerando, en sus estrechas mentes, que la palabra infraestructura se limitaba únicamente a ese rubro. Las cadenas mediáticas, patológicamente opositoras al actual gobierno, jamás se encargaron de investigar –mucho menos de difundir– que la única beneficiada con este negocio fue la empresa de Mario Abdo Benítez, proveedora monopólica del asfalto que utilizaba la “patria contratista” para llevar adelante caminos de todo tiempo; algunos, ya lo demostramos, de dudosa calidad. Mientras, escuelas, colegios y hos­pitales se caían a pedazos. Los pupitres estaban en un estado calamitoso y los útiles escolares llegaban a mitad de año en varios puntos del país.

Con estos antecedentes hay que explicar la caó­tica situación en la que hoy se encuentra la educa­ción. Santiago Peña ha heredado los escombros del gobierno anterior. Por de pronto, los útiles esco­lares empezaron a distribuirse ya desde enero. Se está planteando un manejo diferente de los recur­sos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) que, desde su implementación en 1995 hasta el 2013, tuvo más bien un enfoque asistencialista. Sin embargo, desde el 2014 (gobierno de Horacio Car­tes) hacia adelante, de acuerdo con las explicaciones de los expertos, tiene categoría de derecho social, con disposiciones legales claras y firmes, a fin de garanti­zar la alimentación adecuada y la promoción de hábi­tos saludables en las aulas.

Los números y fotografías que están exponiendo algunas cadenas mediáticas, especialmente la diri­gida por Natalia Zuccolillo, llevan explícitas al ger­men de la deshonestidad, pues tratan de presentarlos como si fueran productos de cinco meses de gobierno y no el catastrófico legado de cinco años de desgo­bierno, corrupción e improvisaciones. Eso sí, levan­tar ese muerto es responsabilidad de Santiago Peña. Hay que hablar desde las anchas márgenes de la ver­dad y no desde las orillas del fanatismo mediocre y el sectarismo servil.