En el quinquenio que el neoes­tronismo –representado en Mario Abdo Benítez– gobernó el Paraguay, uno de los más acuciantes problemas ha sido el tráfico de estupefacientes. Bajo su premisa de “dejar hacer, dejar pasar”, el gobierno anterior convirtió al país en un centro mundial de acopio y distribu­ción de cocaína, llegando la droga mal­dita hasta los más importantes puertos de Europa, con productos embarca­dos desde las bodegas paraguayas. La política antidrogas, claramente miope, llevó al Paraguay a ocupar los lugares más encumbrados en la lista de países que lideran el crimen organizado, con naciones sin estructuras ni institucio­nes democráticas sólidas como Myan­mar o Venezuela.

En materia de política interior la ausen­cia de programas sólidos y de resulta­dos también ha llevado a que el flagelo de las drogas al menudeo durante la administración Abdo también fuese un padecimiento. Tal ha sido el fracaso que gran parte de la ola de inseguridad que se registra en las zonas urbanas –tanto en Asunción como en el departa­mento Central– tienen al microtráfico como un verdadero azote ciudadano y un auténtico problema de salud pública, con más de 90 mil jóvenes adictos a algún tipo de estupefaciente.

El combate al microtráfico ha sido una preocupación constante en la agenda de seguridad de diversos países, y desde el 15 de agosto pasado lo ha sido también para el gobierno de Santiago Peña. De la promesa en campaña, la preocupación se ha traducido en un programa (plan Sumar) que busca no solo enfrentar el problema social o de salud, sino tam­bién la gran amenaza que representa en materia de inseguridad.

El gobierno actual desplegó medidas específicas para enfrentar este pro­blema, pero con un abordaje diferen­ciado al implementar diferentes frentes de lucha. Estos frentes están diseñados para asestar golpes contundentes a las grandes organizaciones involucradas en el tráfico de drogas, pero también suponen una esperanza de recupera­ción y de reinserción para adictos.

El enfoque principal de este plan se basa en una lucha frontal a las organiza­ciones delictivas que lideran el micro­tráfico. Así, por ejemplo, el pasado 18 de diciembre, el Gobierno no solo volvió a tomar control del penal de Tacumbú al desmantelar el clan Rotela, que era amo y señor del principal reclusorio del país y desde allí dirigía sus principales operaciones delictivas, que incluía una amplia red de distribución de drogas en la capital del país y en las principales ciudades de Central, sino que la opera­ción Veneratio también tuvo un bene­ficio añadido. Ayudó a reducir en un 50 % el índice de hechos delictivos en los Bañados, que meses anteriores era un verdadero dolor de cabeza para las autoridades, según expresó la semana pasada el propio ministro de Justicia, Ángel Barchini.

Alcanzar estos objetivos pudo lograrse con la contribución entre las fuerzas de seguridad (militares y policías), agen­cias de inteligencia (el Consejo Nacio­nal de Defensa), y otras institucio­nes que están involucradas de manera directa. Se incrementó la persecución de los líderes y las organizaciones cri­minales y se implementaron medidas para debilitar sus estructuras finan­cieras.

Es por eso que es esencial destacar que las acciones del Gobierno, tanto en los macro como en los micro problemas, puedan tener avances. Por ejemplo, el fin de semana, el ambicioso plan Sumar también arrojó los primeros resulta­dos con un primer golpe al microtráfico en el departamento Central, mediante la incautación por la Secretaría Nacio­nal Antidrogas (Senad) de unas 150 mil dosis de crack en la zona de Limpio. Las mismas tenían como destinatario final a los más de 90 mil jóvenes que son adictas.

La estrategia que encara el gobierno de Santiago Peña se concentra en abor­dar y enfrentar de manera directa a las grandes y a las pequeñas organizacio­nes delictivas; para ello, se vale de una mezcla de medidas, algunas de ellas de carácter represivo, otras con la coo­peración internacional y de acciones preventivas. Todo ello, con el conven­cimiento de que estas acciones podrán devolver credibilidad en las institucio­nes, seguridad para la gente y una solu­ción sanitaria para miles de jóvenes que hoy son víctimas de las drogas.