Una serie de denuncias por casos de mala utilización de recursos des­tinados a la compra y provisión de la merienda como del almuerzo escolar, principalmente los provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desa­rrollo (Fonacide) y de los royalties saltaron durante el periodo académico 2023, reciente­mente culminado. Esta agravante situación es de todos los años, las falencias, denuncias de corrupción, mañosas licitaciones, falta de transparencia fueron noticia siempre en los medios de comunicación, mientras la Con­traloría General de la República (CGR) diag­nostica periódicamente administraciones alarmantes de los fondos.

Indefectiblemente los manejos viciosos en el uso de los recursos para merienda y almuerzo escolar deben tener medidas preventivas, principalmente interpuestas por un mayor control y correctivas de acabar con la impu­nidad por la mala ejecución de los gastos.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) debe encontrar la forma de liderar un proceso de control y monitoreo de la ejecución de los gastos en coordinación con la CGR de manera a combatir los negociados que comúnmente se cocinan detrás de compras vía licitacio­nes u otras modalidades. El año próximo no podemos seguir aplazados en esta materia, como Estado debemos reivindicar este dere­cho muy valioso en el proceso de formación de nuestros niños y niñas.

Con las últimas revelaciones de la Contralo­ría han saltado falta de transparencia y ren­dición de cuentas. Los reiterativos problemas de mala calidad de alimentos que afectó a muchísimas instituciones educativas, el sis­tema incluso permite blanquear la disminu­ción del tiempo de entrega, detectándose que en varias escuelas los chicos recibieron 30 días de comida de los 180 días de clases que comprende el calendario.

Los sonados casos de sobrefacturaciones, adjudicaciones en condiciones amañadas son prácticas contaminantes de una cober­tura estatal que no termina de desligarse de la corrupción. Esto de entrada implica una ausencia de control adecuado, en tiempo y forma que sea en simultáneo a las respectivas ejecuciones de gastos, de manera a no seguir lamentando los saldos negativos que la Con­traloría dictamina.

Muchas autoridades municipales y depar­tamentales son reacios al cumplimiento de la rendición de cuentas y someten al castigo a sus respectivas comunidades que son las que dejan de acceder a los fondos a causa de estas faltas de no brindar los datos del uso de dinero recibido. El peso de la ley debiera recaer sobre las espaldas de estos malos representantes, las entidades administrati­vas y de control debieran meter mano en el bolsillo de quienes incumplen los reglamen­tos, no de los beneficiarios que no manejan las chequeras de las instituciones.

Muchos intendentes y muchos gobernadores creen que las instituciones que administran son de su propiedad y evaden procedimientos de control con total impunidad. En este con­texto nos enteramos que 56 municipalidades no comunicaron sus respectivos llamados a la Dirección Nacional de Contrataciones Públi­cas (DNCP) a los efectos de las adjudicaciones para el almuerzo escolar en los periodos 2021 y 2022. Autoridades que se desentiendan de las normas de administración pública deben asumir cuentas con sus bolsillos, así como ocurre con las multas impuestas para quie­nes no cumplan con la provisión de informa­ción vía Ley de Transparencia.

Desde la Cámara de Diputados, meses atrás impulsaron la iniciativa de requerimiento a intendentes de la república de informes deta­llados del uso de recursos provenientes del Fonacide. Pidieron datos pormenorizados de la cantidad adjudicada, número de beneficia­rios, etc.; sin embargo, muchos de estos jefes comunales tienen cuentas pendientes por mala administración y varios tienen padri­nazgo de los propios parlamentarios, lo que sugiere más que nunca la necesidad de una firme intervención de la Justicia.

El año lectivo culminado hace un par de semanas deja muchos sinsabores en el ser­vicio educativo. Problemas de infraestruc­tura de siempre, dificultades académicas y docentes acogotados por miles de situacio­nes, la corrupción en la compra y distribución de merienda y almuerzos escolar, etc. que, si no se trata con antelación en estos meses de receso escolar, seguiremos castigando a un estudiantado que necesita y merece mejores condiciones.

Las instituciones vinculadas al sistema edu­cativo y los organismos de control deben opti­mizar tiempo para ajustar los mecanismos necesarios de control y mejora del acceso a la merienda y el almuerzo en las escuelas.