El Gobierno inició la ejecución de su plan contra el microtráfico y el flagelo de las adicciones, principales causas de la inseguridad en las calles. El programa “Chau chespi”, que tiene como objetivo principal la inmediatez en el tratamiento de este problema en las unidades de Salud Familiar, clínicas periféricas del Instituto de Previsión Social (IPS), es una estrategia muy importante considerando que son las instituciones más cercanas y accesibles para la población, principalmente para el sector más vulnerable que no tiene mayores posibilidades de atención y contención.

El programa que involucra a diversas instituciones, como el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, así como a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), responsable del financiamiento, empezó con la capacitación de 171 funcionarios del área de la salud a fin de brindar atención primaria a personas que sufran problemas mentales o de abuso de sustancias.

En el área de capital y Central fueron capacitados médicos, enfermeros y obstetras, así como psicólogos, psiquiatras, agentes comunitarios y trabajadores sociales, a considerar en este punto es la escasa cantidad de psiquiatras en el país. En este contexto, cabe recordar que existen apenas 150 profesionales del área en Paraguay, aunque se necesitan mínimamente 700 para cubrir la demanda existente, conforme a los criterios establecidos por la OMS.

La tarea de atención inmediata, gratuita y eficiente es fundamental en este proceso de combate a todo tipo de adicciones que emprenda el Gobierno. Las facilidades en el acceso a los tratamientos, contenciones en cada caso, motivarán a quienes cayeron en vicios y creen que todo está perdido.

El proyecto encausado es demasiado sensible, valioso y urgente que las rencillas políticas que pudieran ser motivos de cuestionamiento debieran mantenerse al margen, considerando que las adicciones son temas de salud, de vida.

El avance del proceso incluye en una siguiente etapa trabajos de prevención en las escuelas y demás instituciones educativas, la apertura de más centros de rehabilitación, así como programas de capacitación y reinserción laboral para adictos en proceso de recuperación. Este compromiso es ineludible para todos los sectores de la sociedad que de alguna forma somos víctimas, ya sea por las adicciones que afectan a nuestra familia, entorno o por la inseguridad, atribuida mayoritariamente a los marginales que intentan sobrevivir o saciar el vicio cometiendo delitos.

La tarea operativa, consistente en el desmantelamiento de los puestos de venta, es otro factor importante. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) debe continuar con los procedimientos que viene ejecutando, de ser posible intensificarlos para no dar tregua a los microtraficantes que tuvieron la cancha libre en los últimos años.

El Ministerio de la Niñez y las Consejerías por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Codenis) deben demostrar más liderazgo ante este flagelo que está gestando ofensivas desde el Gobierno.

La ciudadanía debe también ganar protagonismo aportando datos que sean solidarios con la causa, no de represión, sino de denunciar casos que conlleven a la atención integral de los mismos. Los medios de comunicación también tienen una gran responsabilidad en la concienciación sobre la importancia de prevención y combate a las adicciones.

El trabajo es difícil, pero no imposible. “Chau chespi”, como cualquier iniciativa que busque la erradicación del flagelo de las adicciones, debe ser acompañada desde todos los sectores, cargar la tinta de manera negativa o subestimar la misión es un boicot ilógico que nos perjudica a todos.

Es prioritaria una coalición en el Estado que no pierda el foco de la importancia de dar pelea a las adicciones. Desde el Gobierno hay que seguir insistiendo en estrategias y mecanismos no por una promesa electoral, sino por el compromiso con la salud y la vida.