El próximo lunes 27 de noviembre termina la suspensión del cobro del peaje en el río Paraná que impuso ilegalmente la Argentina. Y a partir de ese día el vecino país volverá a cobrar el impuesto a las naves que pasen por ese tramo con todo lo que ello implica en perjuicios económicos y molestias a las empresas que exportan desde Paraguay o traen mercaderías del exterior. El breve respiro que se tuvo debe servir para intensificar las acciones a fin de excluir esa traba que va contra las normas internacionales de libre navegación.
El 27 de setiembre pasado se había conseguido un acuerdo con el Gobierno argentino por el que se suspendía el cobro del peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná y las retenciones de las embarcaciones que pasaran por el sitio por un plazo de 60 días. Se había anunciado que en esos dos meses se evaluaría la legalidad de la tasa mencionada por parte del comité compuesto por miembros de varios gobiernos, que en sus inspecciones ha encontrado deficiencias en los trabajos realizados por el vecino país. Eso aparte de la ilegalidad medular de la traba fluvial.
Fuentes de los armadores fluviales de nuestro país refirieron que en la inspección técnica que se realizó recientemente en el tramo del Paraná afectado por el impuesto hay gran cantidad de falencias en los trabajos que los argentinos dicen haber realizado en la zona. La revisión que estuvo a cargo de los representantes de los países miembros de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) sirvió para constatar y documentar las deficiencias. Una de las personas que integró la delegación que realizó las inspecciones, el titular del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Raúl Valdez, manifestó: “Estamos con una perspectiva concluyente que desarma la intención de Argentina de justificar el peaje por servicios que ellos dicen realizaron, porque en el recorrido del tramo de la hidrovía se pudo verificar eso in situ. Encontramos muchas deficiencias en el sistema de navegación que no se trasladan en beneficios como quisieron argumentar”.
El empresario relató que en el recorrido nocturno por la hidrovía encontraron deficiencias muy importantes, como que todo el sistema de señalizaciones, como boyas y torres que deben servir de guía a las embarcaciones no estaban en condiciones adecuadas.
Hay que destacar firmemente que, al margen de lo que haya realizado o no en el Paraná, la Argentina no tiene derecho a poner ningún impuesto ni traba. La conclusión final del CIH no es más que una constatación que será muy útil para conocer lo realizado, pero que no incide en las garantías que rigen para la libre navegación del río. El derecho establecido por las normas internacionales para que no haya trabas en la navegación del río está por encima de cualquier otro detalle. El cumplimiento de las leyes no se discute.
El Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná es muy claro en sus disposiciones para la libre navegación. En su artículo 5 dice: “Sin previo acuerdo de los países signatarios no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basado únicamente en el hecho de la navegación”. Lo que quiere decir que Argentina ni ningún otro país firmante de esta norma puede poner peaje como ha puesto, sin acuerdo previo de las naciones involucradas.
En el mismo documento se consigna que: “Los países signatarios se reconocen recíprocamente la libertad de navegación en toda la hidrovía de las embarcaciones de sus respectivas banderas, así como la navegación de embarcaciones de terceras banderas” (Art. 4). Si se reconoce la libertad de navegación en toda la hidrovía, no se puede impedir la circulación de las naves por no haber pagado peaje ni ningún canon ilegal. Para el cumplimiento de esta norma no interesa si la Argentina haya hecho obras o no, porque el acuerdo es bastante claro y contundente en ese punto.
La postura del Gobierno nacional es muy precisa sobre el peaje en la hidrovía: no corresponde y, por consiguiente, hay que eliminarlo. Por eso debe insistir con sus acciones legales, como el arbitraje, hasta la solución definitiva del caso.