El destape de un caso de nepotismo fuertemente estructurado dentro de una ONG que se financia con millonarios fondos públicos, mediante un esquema de convenios con organismos del Estado, mientras promueve ruidosos proyectos anticorrupción, que de alguna manera despierta la esperanza de la ciudadanía que cree en esas iniciativas, resulta una hipocresía que hace muchísimo más daño que los casos de corrupción que denuncian.

Lastimosamente, muchas de las personas que creyeron y activaron en los grupos como aliados a la ONG Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) quedaron desencantadas por el negocio redondo que hacen quienes encabezan la organización, como el caso del presidente del CIRD y su coordinador anticorrupción. Esto es gravísimo y una lesión altamente peligrosa para la democracia porque resta credibilidad a las luchas de las organizaciones civiles.

Peor aún, los intereses de algunas cabezas de la ONG fueron descubiertos en esquemas lucrativos, además de prestarse políticamente al equipo del expresidente, lo que sienta un negro precedente y muestra el frívolo modus operandi.

Estas organizaciones tienen una fuerza importante que, acciones equivocadas, poco transparentes y dudosas pueden conducir a la opinión pública hacia un norte totalmente distorsionado.

Resulta aberrante y una ofensa muy grande para quienes militan en organizaciones civiles buscando el bien común que toda una familia se llene los bolsillos con proyectos estatales de manera privilegiada y directa. La repartija de honorarios que hizo el CIRD entre el clan Carrizosa-Alcaraz no puede quedar impune, los organismos de control deben investigar y dictaminar.

Hemos visto masiva contratación de operadores políticos del equipo del expresidente Abdo, mientras estos hacían proselitismo por el oficialismo. Una verdadera desilusión para el fin que tienen estos proyectos laborales de reactivación económica como el poscovid, promocionados como estrategia para la crisis económica, pero que detrás financiaba el clientelismo político.

Las iniciativas con estas características son sumamente dañinas, porque esconden las mismas prácticas que denuncian. Más grave aún que ante el escándalo desatado no hubo al menos un poco de autocrítica y pedidos de disculpas a los contribuyentes a quienes estos oenegeístas les viven mediante las ya gastadas consultorías.

El caso del CIRD debe motivar a un maduro análisis del rol de las oenegés y al control de las que se benefician con recursos estatales.

La Contraloría General de la República inició una revisión a las rendiciones de cuentas presentadas por el CIRD. Desde la institución ya adelantaron que quienes reciben dinero del Estado se rigen por la ley de nepotismo, que afecta al funcionariado público. De confirmarse el nepotismo, la Fiscalía deberá realizar un minucioso trabajo para que se apliquen los castigos legales a las personas que abusaron del dinero de los contribuyentes.

Indefectiblemente hay que hacer profundas auditorías y establecer normas de transparencia para que las oenegés compartan la información de todo lo que reciben del Estado, en qué usan los fondos y quiénes son beneficiarios. No es descabellado tampoco pensar en una declaración jurada de bienes de todas las personas que de alguna manera están relacionadas económicamente con el sector público, incluyendo las organizaciones civiles.

Las revelaciones sobre una de las oenegés más emblemáticas llaman a la reflexión sobre la sustentabilidad de las transferencias de recursos del Estado en las iniciativas sociales. Oenegés con dudoso manejo y que actúan contrariamente a lo que pregonan no pueden seguir ufanándose como líderes anticorrupción ni defensoras de la democracia y el bien común.