El Gobierno tiene la gran responsabilidad de des­prender al Paraguay del mote de país narcoex­portador que se adjudicó en los últimos cinco años, por las tone­ladas de decomiso de cocaína en el extranjero, producto del aban­dono absoluto de los controles en los puertos, principalmente en los privados, desde donde fue­ron saliendo la mayor cantidad de carga contaminada.

Se comenzó a dar un primer paso con la reactivación de controles en los puertos privados.

El actual ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó la deci­sión de intensificar las verifica­ciones mediante los escáneres y canes en los puertos privados, que mediante resolución fue levan­tada por el extitular de esta cartera Arnaldo Giuzzio. Esta decisión de liberar los puestos de control trajo detrás serie de decomisos en puer­tos del exterior de cocaína enviada desde Paraguay.

Se puede destacar que uno de los primeros golpes importantes al ilí­cito dentro de los primeros 50 días de gestión es la incautación de unas 640 bolsas de arroz que contenían 3.300 kilos de cocaína, valuados en 140 millones de dólares, en un puerto privado de Villeta. Las auto­ridades señalan que este resultado deriva de un cambio en las filas poli­ciales que se determinó al inicio de este gobierno.

El ministro Riera insistió en el refuerzo de los controles en los sitios de salida de las mercaderías de exportación, que ojalá y sea rea­lidad, pero fundamentalmente que resulte efectiva, considerando los índices de decomiso de droga “made in Paraguay” que nos avergüenzan ante el mundo.

Estadísticas publicadas hace unos meses revelaron que en los últimos 5 años se han incautado alrededor de 50.000 kilos de cocaína en puer­tos del extranjero, principalmente de Europa, que salieron de nuestro país, lo que ubicó al Paraguay como narcoexportador. Este oscuro antecedente, vale reiterar, se con­creta después de la prohibición de hacer monitoreo de estupefacientes en los puertos de embarques para­guayos dispuesta en mayo de 2020 por Giuzzio.

Fue así que el exministro Giuzzio acabó con la Dirección de Inteligen­cia Aérea Fluvial y Terrestre (Diaft) compuesta por unos 30 agentes especializados encargados de reali­zar tareas investigativas de inteli­gencia y operativas de fiscalización, el ilícito se fortaleció y se expandió.

Sin embargo, no hay que olvidarse que la licencia para la temera­ria decisión que ocasionó un daño terrible a la imagen país se respalda en ese poder que le dio el expresi­dente Mario Abdo Benítez.

El mismo día que había asumido el cargo, el exmandatario firmó el decreto número 40, el decreto número 9234 del año 2018, y así dio vía libre a Giuzzio para que este terminara facilitando el envío de cocaína al exterior con el desman­telamiento de los puestos de control en los puertos, principales vías de salida de carga contaminada.

El Gobierno debe dar una lucha frontal al negocio del narcotráfico y sacarnos de esa negra posición de centro logístico para las exporta­ciones del polvo blanco. Sin recupe­rar la imagen país, el estatus serio y seguro será imposible para atraer inversiones que apuesten en Para­guay, de ahí que es primordial el combate a este ilícito, marcar la diferencia de lo que la administra­ción estatal anterior dejó.

El daño al comercio exterior, la ridiculización de las instituciones, el fomento de la deslealtad de fun­cionarios públicos con resolucio­nes que prácticamente avalaron el ilícito, sin contar la desconfianza de la población hacia el Estado son herencias demasiado nefastas que deben ser erradicadas mediante el liderazgo de un Gobierno que asuma el compromiso de acabar con el flagelo. Recuperar la buena imagen del país es fundamental para cumplir con el objetivo de estar mejor.