El presidente de la República, Santiago Peña, lideró los primeros pasos de una enorme iniciativa para saldar una cuenta pendiente de exclusión y pobreza de siempre, bajó los lineamientos ante su Consejo de Ministros, pero lo más trascendental es que llamó al consenso entre los diferentes actores de grupos sociales afectados. Este es el camino ineludiblemente; sin embargo, el recorrido será duro, extenso y el Gobierno tiene la responsabilidad como la obligación de no dar tregua y, menos aún, claudicar.
Como no se ha visto antes, el presidente, afanoso en sus objetivos, allanó el camino con una gran convocatoria que dio lugar al encuentro nacional denominado Ñahendu Paraguáipe, el cual consiguió la presencia de representantes de organizaciones campesinas, sociales, indígenas, entre otros sectores, con el fin de avanzar en la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra de la Pobreza.
El Gobierno comenzó con el pie derecho, con el llamado a los relegados de siempre para que estos mismos sean los protagonistas del gran cambio que se espera desde hace décadas en el Paraguay. Este empuje no puede fallar, sería catastrófico y un frustrante retroceso si no se avanzan con las estrategias en el plan contra la pobreza que es de interés nacional, considerando que afecta a todos una mejor calidad de vida de los habitantes de este país.
De manera particular, campesinos e indígenas son convocados en la conformación de mesas técnicas de trabajo como parte de un plan de consenso, generalmente estos sectores no tienen cabida en estos procesos, sino más bien cuando explota una crisis, por lo que resulta muy auspiciosa la iniciativa del Ejecutivo. Por estas razones, el proyecto no puede fracasar y las diferentes autoridades deben poner todo el esfuerzo necesario para articular acciones en la meta de erradicar o al menos debilitar el flagelo de la pobreza.
La hoja de ruta inserta las inquietudes, observaciones y opiniones de los sectores mencionados con relación al futuro plan a trazarse y las expectativas que estos tienen en el Gobierno durante los próximos 5 años. Cabe recordar en este contexto que las estadísticas estiman 350.000 familias que viven en una situación de pobreza extrema en el país, es decir, que el consenso debe ser bastante criterioso sobre la realidad para que el proceso sea estratégico.
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) es el principal recluta de la misión, según anunció el Gobierno que prevé el lanzamiento oficial del plan el próximo 15 de noviembre. Esto también significa un enorme desafío para esta institución tan clave, pero acostumbrada al asistencialismo sin mayores soluciones a profundidad y generalmente atada a intereses políticos.
El MDS tiene que aprovechar estos tiempos de intercambio y aterrizar con un proyecto sustentable que brinde herramientas a la gente en situación de vulnerabilidad para que se sostengan por sí solas y no en condición de eternos subsidiados.
Hay que rectificar la mentalidad de la población apuntando a mayor autonomía y el fortalecimiento en sus capacidades para que las relaciones con instituciones sean básicamente formativas y no de dependencia.
El Gobierno dio una importante apertura de análisis de datos y realidades que se debe continuar con celeridad hasta hallar los métodos y las tácticas que se consideren relevantes para impulsar soluciones.
El espacio y el protagonismo que se le dé a los diferentes actores irá eliminando otros males en el camino como son la corrupción y los malos manejos de los recursos. Los afectados son conscientes que en la medida que avancen con honestidad y no den cabida a los vicios políticos de siempre serán los principales beneficiados.
De ahí que no se puede dar tregua en un plan tan sensible, uno de los más importantes quizás y que reivindica el slogan de la campaña del electo presidente que había prometido un Gobierno en el que vamos a estar mejor.