En medio del caos financiero heredado del gobierno anterior, así como prolongados conflictos no resueltos con algunos países vecinos, más las cuantiosas deudas de los ministerios del Poder Ejecutivo y la Entidad Binacional Yacyretá, prácticamente sin fondos, el presidente de la República, Santiago Peña, está demostrando porte de estadista para direccionar el país hacia su destino de grandeza, como él mismo suele repetir.
Ha mantenido la calma –siempre difícil para la clase política– frente a los destemplados ataques de los medios de comunicación que siempre le fueron hostiles, tanto en las internas del Partido Colorado como en las elecciones generales del pasado 30 de abril. A un mes y medio de su mandato ya envió mensajes claros de que tiene una hoja de ruta bien delineada y que de ese trayecto no piensa desviarse, tal como la gente puede observar. El lenguaje que más fuerte se expresa es el de los gestos y de los actos. Más allá de las palabras necesarias, cuando son oportunas, la gestión también se decodifica desde la firmeza de las decisiones. Y el jefe de Estado no ha titubeado en defender los intereses del pueblo paraguayo y reclamar respeto a su investidura, sin importar la potencia extranjera de la cual provengan los agravios.
Puede decirse, incluso, que en este último caso se ganó aliados circunstanciales dentro de la oposición. Es que cuando las causas son justas el patriotismo se torna imprescindible. Además, algunas actitudes en contrario de semanas atrás merecieron la repulsa ciudadana, motivo por el cual, suponemos, ciertos parlamentarios pensaron con mayor serenidad antes de opinar.El presidente Peña expuso carácter y determinación sobre el ilegal cobro de peajes a las embarcaciones paraguayas en la hidrovía Paraná-Paraguay y la deuda que tiene la Argentina por la cesión de energía de Yacyretá. Para la renegociación del Anexo C de Itaipú Binacional armó un equipo de excelentes profesionales, integrados en el Consejo de Administración de la empresa hidroeléctrica en condominio con Brasil.
Tampoco dejó pasar por alto el supuesto informe filtrado por el Gobierno de los Estados Unidos –suponemos que, a través de su embajada en Paraguay, si fuera auténtico tal documento– en lo que hace alusión a su persona y al presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado). “A mí me pareció una agresión personal, como presidente de la República, una persona que ha sido electa por mandato popular”, declaró, con la siguiente salvedad: “En caso de que sea cierto”, añadiendo que “realmente creo que es una falta de respeto para un país que claramente ha manifestado estar en sintonía con los grandes desafíos a nivel global en la lucha contra la corrupción, la igualdad y el desarrollo”. La línea demarcatoria que diferencia a esta administración de la anterior es muy clara. Totalmente contraria a la posición pusilánime y entreguista del exmandatario Mario Abdo Benítez a situaciones similares que se dieron en el pasado, porque servían a sus mezquinos objetivos electorales. Subrayando nuevamente que hasta el momento nadie pudo confirmar la veracidad del material que hicieron llegar de manera anónima a un diario local.
Aunque es evidente el doble juego de algunas cadenas mediáticas: por un lado, exonerar a Mario Abdo Benítez de los hechos de corrupción que se perpetraron durante su periodo presidencial y, por el otro, hostigar sistemáticamente al actual presidente de la República hasta por los nombramientos de funcionarios, que es una facultad constitucional. El señor Santiago Peña ha lanzado indicios inconfundibles de que gobernará con visión de estadista y, consecuentemente, con políticas de Estado, esto es, aquellas que van a perdurar en el tiempo, por encima de la temporalidad de los gobiernos y la transitoriedad de los hombres. Hasta hoy, más allá de algunas insinuaciones o fracasadas intenciones, cada Gobierno llegaba con su propia receta bajo el brazo, desechando todo lo actuado por administraciones anteriores. Sin embargo, cuando los proyectos, planes y programas demuestran su sostenibilidad y capacidad para beneficiar a la ciudadanía con inclusión y eficacia, los próximos mandatarios no podrán apartarse de ese trayecto, por lo menos si se aplica la razón y se mide el alcance de esas políticas que son irrefutablemente útiles al pueblo en general.
No le interesó al presidente Santiago Peña que algunos de sus correligionarios en el Congreso de la Nación hayan promovido la desafectación de un bien inmueble perteneciente al Estado paraguayo, específicamente a las Fuerzas Armadas de la Nación, “a título oneroso”, para informar a la sociedad que vetará totalmente la ley recientemente sancionada. Entre los beneficiarios aparecen dirigentes de los partidos de oposición. La opinión pública saludó efusivamente la voluntad del mandatario de ponerse al servicio de la nación. Y no, como solía ocurrir en anteriores ocasiones, poner a la nación a su servicio. Una reconocida frase de un histórico dirigente del Partido Nacional Republicano, ya fallecido, siempre útil para graficar los actos de gobierno y calificar sus fines y sus metas. Lo dicho antes, en apenas un mes y medio de mandato, Peña ha reafirmado –con carácter y temple de estadista– sus convicciones democráticas y su vocación republicana. Mal que les pese a algunos.