El contrabando es un delito que nunca pasa de moda, y como noticia siempre está entre las informaciones más resaltantes, porque cada tanto hay un nuevo capítulo en la vida del país. A raíz de los estrictos controles que se están desarrollando con las nuevas autoridades del gobierno que asumió el 15 de agosto, sectores que esta­ban muy cómodos con el sistema cómplice anterior que les dejaba hacer negocios ilí­citos sin inconvenientes salieron a protes­tar, criticando al Gobierno y cerrando ilí­citamente algunas rutas. No se pusieron a aplaudir que se quieran cumplir las leyes, sino a gritar porque quieren continuar con el reino de la ilegalidad. Como actúan los delincuentes cuando se les obliga a cumplir con las disposiciones legales.

En esta ocasión los protagonistas princi­pales fueron los comerciantes de la loca­lidad de Nanawa, que viven de la venta de mercaderías provenientes de la Argen­tina sin observar las disposiciones lega­les. Se enojaron por los controles que rea­liza el Gobierno a los que van a adquirir artículos ingresados de contrabando, sin la emisión de facturas ni el cumplimiento de las obligaciones legales. A raíz de ello, a pesar de los bajísimos precios, muy pocos compradores quisieron concurrir al lugar porque tenían que presentar los pape­les de rigor. Y mermó considerablemente el comercio en esa localidad y cercanías, para malestar de los fronterizos.

Entonces salieron a protestar cerrando la ruta Transchaco en las cercanías del puente Remanso, impidiendo el tránsito que tiene que ser libre para todos, difi­cultando el trabajo de otras personas que necesitan movilizarse para trabajar. Para los que delinquen acatar la ley es lo menos importante.

Los comerciantes sospechosos de estar vinculados al contrabando han protes­tado por el régimen de pacotilla, que es la norma que rige para ingresar mercade­rías de los vecinos países, con un límite equivalente a 300 dólares por persona (G. 2.130.000 al cambio de 7.100 por dólar), pagando el importe de algunos tributos.

A raíz de las protestas de los cómplices del contrabando de Nanawa, salieron a apoyar al Gobierno las entidades empre­sariales de las más diversas extraccio­nes. Más de 50 gremios que agrupan a las industrias y servicios expresaron su apoyo a las medidas gubernamentales contra las prácticas que riñen contra la ley. Es que no resulta admisible que los comercios que se dedican a la venta de productos ingresados ilegalmente conti­núen con esa irregularidad sin observar las normas. La aplicación de la ley no se puede negociar ni ser objeto de especula­ciones de ninguna laya, bajo ningún tipo de circunstancias. Si el gobierno anterior lo permitió es porque no le interesaba que se observen las imposiciones legales que corresponden.

Por eso la sociedad paraguaya tiene que apoyar por todos los medios la formaliza­ción que el Estado está planteando como solución para el problema de Nanawa, que ocurre en muchos otros lugares del país. Exigir que, por las buenas o por las malas, se aplique la ley es una responsabi­lidad del Gobierno y un compromiso de la ciudadanía.

Entre las propuestas que se manejan está instalar una oficina de la Subdirec­ción de Aduanas en Nanawa, para faci­litar la realización de los trámites de despachos a los comerciantes de la zona. La observancia de las normas implica el pago del IVA y de los aranceles aduane­ros por cada producto importado. Luego, al vender sus productos a los comprado­res locales, deben expedirles las facturas correspondientes, como están obligados a hacer todos los negocios del país. Eso es lo que implica la formalización, salir de la ilegalidad y actuar de acuerdo con las leyes.

Los comerciantes de Nanawa, y de toda la nación, deben negociar de manera pací­fica y entrar en el circuito legal, fuera del contrabando y cualquier tipo de manejo delictual. Haciendo lo que estipulan las leyes, van a seguir vendiendo muy bien porque tienen precios competitivos, y estarán mejor, porque no seguirán al margen de las disposiciones legales. Pero no se pueden oponer a las autoridades legítimas y a la observancia de las obliga­ciones legales que tienen, aunque algu­nos añoren al gobierno que se fue que les permitía actuar sin problemas en la ile­galidad, como señalaron algunos. Eso ya forma parte del pasado, que está cada vez más lejos.