Si el Gobierno quiere acabar con la supervivencia de la delincuencia, principalmente de la delincuencia marginal, debe acabar con el negocio en negro desmantelando aquellos comercios que operan en la clandestinidad, compran y venden sin facturas legales y se han conver­tido en los clientes por excelencia de los due­ños de lo ajeno.

El mercado de celulares en negro acapara el territorio nacional y es uno de los princi­pales aliados de los delincuentes. El hábito de comprar “ofertas” se ha arraigado tanto que pasa desapercibido el requerimiento de un documento que avale la legalidad de las transacciones.

Nuestro país está minado de minitiendas, quioscos hasta galerías importantes con ofertas de todo tipo de tecnología, celulares, electrodomésticos y últimamente incluyén­dose también las compraventas de los cables secuestrados a los usuarios de electricidad. Atacar estos comercios clandestinos e ilegales es clave para desarticular a los marginales.

Ya es una situación que lastimosamente se ha normalizado el hecho de ver que para saciar alguna adicción o generar un poco de dinero para salidas, fiestas, farras los mal­hechores despojan de sus pertenencias a gente trabajadora. Todo vale al momento de hurtar y esto afecta principalmente a la ciu­dadanía más desprotegida que, en medio de su difícil realidad, otra vez son perjudicados en lo poco que tienen.

El robo de celulares, cables, pequeños elec­trodomésticos son los objetos de robo más prácticos para los marginales. A un poco más de nivel son hurtados también frecuente­mente bicicletas, motocicletas y vehículos.

Todos estos bienes mencionados, secues­trados a sus respectivos dueños se venden y se exhiben con absoluta impunidad en los comercios hasta por internet, las redes socia­les que se han vuelto verdaderas tiendas para ventas en negro. Estos nichos de negocios, productos de substraídos, deben ser persegui­dos por las autoridades y los organismos de seguridad.

Hay que cortar el esquema de negocio en negro que se surte de los ladrones. No es posi­ble que sigan contaminando el mercado con objetos robados.

Las autoridades y quienes pertenecen a las filas de la Policía como a otros organis­mos de seguridad tienen conocimiento de la ruta que sigue el negocio delincuencial. Existen sitios en algunos casos muy reco­nocidos por las ofertas de origen ilegal que disponen.

Solo tomando en cuenta uno de los objetos de mayor preferencia de los delincuentes como es el caso del celular se pueden estimar cifras para nada despreciables.

Informes periodísticos habían revelado hace unos meses que el robo y la posterior comer­cialización de teléfonos celulares mueven más de G. 4.500 millones. Los denomina­dos “motochorros” y “tortoleros” terminan financiando a grupos que responden al cri­men organizado, según versiones de la Poli­cía Nacional.

Unos 6 mil celulares al año se roban en Para­guay, según registros de la Policía Nacional. En estos días también fue noticia el atraco a un depósito de almacenamiento de celulares y los ladrones se alzaron con 3.000 unidades cuyo costo ronda los USD 1,5 millones.

La gente tiene que ser consciente de esta realidad y dejar de comprar celulares que se venden como “usados”, sin papel alguno, producto de algún hecho delictivo que le ha costado la vida en algunas circunstancias a las víctimas.

Hay que obstaculizar el negocio de los desal­mados marginales, algunos llamados “moto­chorros”, etc. Esto significa trabajar en con­cienciar a la población a no seguir siendo cómplices de sus robos comprando de sitios informales y por el otro lado se requiere que la estructura del Estado actúe para desarmar la logística del crimen, sacando de mercado a los que operan en negro dentro del mercado.

Los comercios que se surten de los crimina­les, la gente que compra y las autoridades, organismos de seguridad sin acciones con­cretas, son igual de culpables que los mismos marginales.

La Policía está en una fase de reorganización operativa en el combate de la inseguridad, resultado de los actos delictivos; corresponde que las demás instituciones cooperen con medidas que ataquen el comercio en negro proveniente del despojo y el robo.