El Poder Ejecutivo envió al Con­greso Nacional un proyecto de ley por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. La norma propone que mediante la colocación de bonos y la mejor utilización de los créditos previstos en la ley de presupuesto actual se puedan cubrir las deudas que dejó el gobierno ante­rior y hacer más eficiente la administración financiera del Estado. La idea es reordenar las finanzas públicas y priorizar el pago de la deuda acumulada con el sector de la cons­trucción y la industria farmacéutica, prin­cipalmente.

La propuesta gubernamental que regirá para lo que resta del año es novedosa, en el sentido de que busca modificar algunas pautas para dar cumplimiento a las obliga­ciones financieras pendientes con sectores prioritarios como salud, educación y segu­ridad, además de buscar activar las obras públicas y la provisión de medicamentos.

Según explicó el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovi­nos, “la idea es tener la autorización para conseguir estos recursos que pueden ser por cualquiera de las diferentes formas de financiamiento, colocación de bonos o acceso a multilaterales, acciones que sean favorables para la República”.

El nuevo gobierno estima que la deuda impaga que dejó la administración anterior y con la que se quiere cumplir con la nueva ley es del equivalente a 600 millones de dólares de los Estados Unidos.

El proyecto del Ejecutivo propone las medidas extraordinarias para este año para adecuar los números a los requeri­mientos actuales, sobre todo teniendo en cuenta que la coyuntura fiscal al término del primer semestre no evolucionó de la manera esperada en las estimaciones ini­ciales. Esto porque los ingresos tributarios tienen un crecimiento débil de solamente el 3,4 % acumulado al mes de julio, en tanto que los niveles de inversión se mantienen, mientras que los gastos han aumentado, sobre todo en salud y educación, lo que está reduciendo el espacio de maniobra fiscal.

Según el Ejecutivo, los gastos públicos tie­nen un fuerte efecto frente a la situación de menores ingresos obtenidos en lo que va del año, lo que genera importantes presiones al fisco para cumplir con los compromisos financieros. Solo el salario básico profe­sional de los docentes asciende a alrede­dor de 80 millones de dólares, además del aumento del salario mínimo, que, según el Ejecutivo, impacta en los gastos rígidos, como los sueldos de las fuerzas públicas, los montos para las jubilaciones y pensiones y el programa de adultos mayores, que son programas de gran sensibilidad social.

A raíz de la política monetaria más restric­tiva del banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal, las tasas de interés han aumentado, lo que ha generado un fuerte descalce en las previsiones del presupuesto estatal vigente para pagar la deuda pública. Esto hace necesario conseguir más dinero para los mencionados compromisos.

El Gobierno quiere modificar la ley de pre­supuesto estatal vigente, a fin de que pueda reprogramar los recursos que esa ley dis­pone para dar cumplimiento a los pagos previstos y poder sumarles los compromi­sos adicionales que se están incluyendo.

Para que todo ello ocurra el proyecto prevé que se le autorice al Poder Ejecutivo la con­tratación de préstamos por valor de 600 millones de dólares. Con esos ingresos extraordinarios podrá cubrir en el plazo establecido las deudas contraídas por el Estado durante la gestión del gobierno anterior, que no previó dinero para ese efecto. De ese modo podrá encarar su admi­nistración sin la carga de esa deuda impaga.

La tarea del Congreso Nacional es ahora escuchar las explicaciones del Poder Eje­cutivo y dar el visto bueno a la ley para que el país pueda pagar sus deudas que vie­nen de tiempo atrás. Sin analizar ni ver la importancia decisiva del documento, algu­nos sectores cargados de mala onda hablan de “polémico proyecto”, como si la nación paraguaya no tuviera necesidad de cubrir sus compromisos financieros incluso recu­rriendo a nuevos empréstitos.

El Paraguay está viviendo en estos momen­tos otra etapa con el nuevo gobierno, que quiere saldar las deudas astronómicas que dejó la anterior administración para mejo­rar la situación del país. Porque las benefi­ciadas serán las empresas constructoras, que tienen miles de obreros que desean tra­bajar, y las industrias, que necesitan capital para producir y mover la economía.